- Las organizaciones que apoyan a las víctimas trabajan con muchos menos recursos pero siguen alentando a la gente que busquen apoyos para salir de la violencia
Los Ángeles Cal.- Juana Padilla es una sobreviviente de violencia doméstica que acaba de obtener su residencia permanente gracias a la ley VAWA (Violencia contra la Mujer) y a organizaciones que abogan por las víctimas de abuso doméstico y sexual, sin embargo ahora las inmigrantes se enfrentan a mayores escrutinios y procedimientos de solicitudes más estrictos para lograr regularizar su estatus migratorio.
Padilla tardó 5 años para lograr la green card, pero al principio tenía miedo decir que ella fue abusada porque su esposo estuvo en el ejército.
“Llamaba a la policía y ellos decían, ‘todo está bien’, cuando veían su uniforme”, dijo al revelar que no tenía familiares en éste país y que se tuvo que salir para después volver por sus hijos y fue que encontró al Centro de Justicia para Sobrevivientes.
Es una organización en la que el 70% de sus clientes son inmigrantes víctimas de violencia doméstica, agresión sexual y trata de personas que ahora enfrentan miedo a ser detenidos en las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) y, otros tantos, a denunciar a sus agresores, reveló Carmen McDonald, Directora Ejecutiva de dicha organización durante la video conferencia de American Communty Media (ACoM) realizada el pasado 12 de septiembre.
McDonald dice que Los Ángeles alberga una de las comunidades inmigrantes más grandes del país. “Y cuando comenzaron las redadas, el miedo que generaron se extendió mucho más allá de las personas que fueron blanco de las redadas, y se extendió a sobrevivientes silenciados. Lo que crea un impacto a las personas que necesitan ayuda y hace que las comunidades sean inseguras”.
Reveló que están viendo un aumento de miedo en sus clientes y que saben que tras el inicio de las redadas de ICE, las denuncias de discriminación y odio disminuyeron en el condado de Los Ángeles en un tercio, y no porque esos incidentes disminuyeran sino porque la gente tiene miedo a denunciar. “Vemos un patrón similar con las denuncias de violencia doméstica”, afirmó.
Comentó que si bien han respondido las organizaciones lanzado campañas como la llamada “Conoce tus derechos” para educarlos legalmente, la gente sigue teniendo miedo.
Reconoció que el miedo es latente cuando las víctimas ven en sus barrios agentes vestidos de civil con máscaras o cazarrecompensas enviados para recoger amigos o vecinos sin previo aviso.
“Se preguntan: ¿Y si voy a juicio para intentar protegerme del abuso? ¿Seré el siguiente? ¿Me recogerán? Los datos muestran que muchos detenidos no tienen cargos penales presentados, lo que genera temor en todos, incluidos los sobrevivientes”, admitió.
Y dijo que si bien el tribunal de familia u otros juzgados estatales permiten comparecencias remotas, aún encuentran personas que no quieren seguir el debido proceso porque temen que su abusador los delate.
“En los más de 20 años que llevo trabajando con sobrevivientes, ese siempre ha sido un temor. Sabemos que los sobrevivientes enfrentan múltiples barreras y, ahora, el miedo se ha hecho realidad.
Hemos perdido contacto total con uno de nuestros clientes. Nos pidió que canceláramos su orden de alejamiento y que cerráramos su caso en nuestra oficina. Y no podemos localizarla.
Hemos tenido clientes que nos dicen que están faltando a citas médicas importantes. Un cliente no quiso ir a una cita de diálisis cerca de un Home Depot”, reveló tras decir que sus clientes están guardando silencio sobre otros delitos que están sufriendo y que los ponen en peligro.
“Nuestro personal está completamente desbordado por la necesidad y nuestras comunidades están atemorizadas”, dijo. “Nuestros clientes nos llaman más que nunca. Nos dicen que tienen miedo. Quizás hayan visto a ICE en su vecindario y están en pánico”.
Contó que a una persona la detuvieron y que en ese momento quiso decirle a la policía: “Mi abusador me ha agredido sexualmente y tiene armas en casa”, pero tenía miedo de seguir interactuando con la policía.
McDonald señala que el personal del Centro de Justicia para Sobrevivientes esta desalentado porque han trabajado duro por muchos años para educar a los sobrevivientes sobre sus derechos para que no se preocupen de ser detenidas por denunciar los abusos.
Y que el fallo de la Corte Suprema en contra la Orden de Restricción Temporal- que impedía a agentes federales realizar perfilamiento racial y discriminar a los angelinos por el color de su piel, su acento, hablar español o por su lugar de trabajo-, tienen un gran significado a nivel nacional porque hay menos sobrevivientes que desean recibir apoyo u ayuda legal.
Sin embargo dijo que “es importante saber que, incluso si tienen miedo de denunciar hay ayuda legal. Hay organizaciones como la nuestra que ayudan a los sobrevivientes. Cuando se reúnen con su abogado, es una relación confidencial.
Hay líneas directas a las que pueden llamar para obtener ayuda y referencias si se encuentran en cualquier otro lugar del país.
También hay protecciones para los niños. Hay protecciones educativas, hay apoyo para la salud mental y hay organizaciones que realizan planes de preparación familiar en caso de que un padre o tutor sea deportado”, afirmó.
Reveló que el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) quiere tomar en serio las denuncias de violencia doméstica y que ella anima a que los sobrevivientes contacten una organización como la suya sin fines de lucro para ayudarlos en el acompañamiento del proceso en el que también tienen un equipo de abogados de inmigración para trabajar juntos.
Ley VAWA para proteger a las víctimas inmigrantes de violencia
La abogada de inmigración Morgan Weibel, Directora de Defensa de Cliente de Servicios Legales del Centro de Justicia Tahirih, dijo que bajo las leyes de Estados Unidos las sobrevivientes de violencia doméstica tienen protecciones pero que no confían en el sistema por las políticas gubernamentales que involucran a las autoridades locales con las de inmigración.
Considera que el gobierno crea dificultades y las personas piensan que no vale la pena buscar ayuda.
Sin embargo dijo que VAWA -creada 1994- fue una ley que pasó y fue la primera respuesta federal a la violencia doméstica, abuso, agresión o de trata de personas para crear protecciones para las familias que podían pedir estatus migratorio sin avisarle a nadie porque muchas veces las inmigrantes tienen que pedir apoyo de sus abusadores y ellos estaban usando su poder para manipularlas y atraparlas en una relación.
“VAWA hizo que las víctimas solicitaran sus protección sin ayuda de sus abusadores y es una ley del Congreso que para cambiarla la tendría que cambiarla el Congreso”, dijo.
Explicó sin embargo que un aplicante de VAWA puede ser detenida y deportada, lo mismo que pueden ser negadas sus solicitudes al igual que los sobrevivientes que solicitan visados U.
“Las personas entrarían en un proceso de remoción y tienen que presentarse ante un juez”, dijo al aclarar que algunas de las sobrevivientes no quieren tomar esos riesgos.
Lamentó que hay personas que no tienen abogados y que los jueces están inclinados a negar los casos, por lo que estima que la posibilidad de éxito de los casos de un sobreviviente depende del estado dónde él aplica.
Según reportes del Servicio de Ciuddanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS por sus siglas en inglés) el 80% de los casos de VAWA se procesan en 43 meses bajo la solicitud 1-360.
En el caso de los asilos en la frontera la abogada dijo que está prácticamente cerrada y las personas tienen que estar en territorio estadounidense para poder aplicar, por lo que supone un reto más a enfrentar.
“Llamamos al Congreso que cree una ley basada en abuso de género y que la policía provea seguridad pública y no enforzar las leyes de migración”, dijo. “Ninguna de nosotras está segura al menos que todas estén seguras”.
Afirmó que el gobierno no puede deshacer años de protección de las sobrevivientes. “No nos vamos a disminuir”, dijo “las personas pueden protegerse y vamos a centrarnos en las necesidades de las sobrevivientes para eliminar la violencia de género en todas las comunidades”.
La abogada aclaró que una de las preocupaciones es la confidencialidad de la información asegurando que una pieza principal desde 1367 es que la información de los sobrevivientes no se puede compartir.
Para Patima Kmolamit, Directora Ejecutiva del Centro para Familias Asiáticas del Pacífico (AAPI) es importante los refugios para las sobrevivientes y sus hijos, la abogacía y el acompañamiento, pero ahora las organizaciones de apoyo enfrentan este año situaciones difíciles por la financiación que ha sido cancelada para muchos programas.
Sin embargo dijo que tienen recursos en 30 idiomas diferentes a la de la comunidad AAPI, también pueden referir a las personas a una red de organizaciones que trabajan en temas de abuso sexual y violencia doméstica.
La sobreviviente Juana Padilla dice que ahora que tiene su residencia permanente está feliz y que cualquier mujer de cualquier nacionalidad tiene derechos. “Estoy agradecida”, dijo refiriéndose a la organización Centro de Justicia para Sobrevivientes y a su abogado.
Carmen McDonald, Directora Ejecutiva del Centro de Justicia para Sobrevivientes, Morgan Weibel, abogada de inmigración y Directora de Defensa de Cliente de Servicios Legales en el Centro de Justicia Tahirih y Patima Kmolamit, Directora Ejecutiva del Centro para Familias Asiáticas del Pacífico (AAPI). (izq. a der.)
