jueves, mayo 7, 2026
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Miembros del Congreso regresan a las cortes después de que la administración Trump-Vance negó el acceso a visitas de supervisión en centros de detención migatoria

El Departamento de Seguridad Interior volvió a imponer, en secreto, su política ilícita que prohíbe la entrada a miembros del Congreso a pesar de una orden judicial federal en el caso Neguse et al. v. ICE.

Washington, D.C. — Doce miembros del Congreso han vuelto a una corte federal después de que la administración Trump-Vance volvió a imponer una política que prohíbe visitas de supervisión sin previo aviso por parte de los miembros en centros federales de detención migratoria.

Los miembros interpusieron una moción urgente pidiendo a la Corte de Distrito del Distrito de Columbia que requiera una explicación de la administración detallando como es que esta nueva política no viola la ley federal que garantiza a miembros del Congreso la potestad de llevar a cabo visitas de supervisión en instalaciones de ICE. La orden emitida por la corte en diciembre reafirmó todos los derechos de los miembros bajo la ley federal para llevar a cabo esta supervisión.

La demanda, Neguse et al. v. U.S. Immigration and Customs Enforcement et al., se interpuso en julio del 2025 después que la administración Trump-Vance impuso ilícitamente una política que requería a los miembros del Congreso dar previo aviso antes de llevar a cabo visitas de supervisión en centros de detención migratoria, interfiriendo con la autoridad constitucional de supervisión del Congreso, y evitando que los legisladores examinasen las condiciones y conducta del gobierno en tanto han aumentado los incidentes de violencia contra los detenidos.

El mes pasado, la corte detuvo de forma preliminar la política de DHS, reafirmando los derechos de los miembros a llevar a cabo visitas sin previo aviso. Sin embargo, después de que un oficial de ICE disparó y mató a una ciudadana estadounidense la semana pasada, la Secretaria de Seguridad Interior Kristi Noem firmó un nuevo memorando tras bambalinas, volviendo a imponer el requerimiento de dar un aviso de siete días. La existencia de dicho memorando, mismo que no fue compartido con los demandantes o con la corte, solamente salió a la luz después de que tres miembros de la delegación al Congreso de Minnesota fueron negados acceso a una instalación de ICE en dicho estado, a pesar de cargar una copia de la orden judicial.

Los demandantes incluyen al Presidente del Caucus Hispano del Congreso Rep. Adriano Espaillat; el Líder Demócrata Asistente Rep. Joe Neguse; el Líder Demócrata en el Comité de Seguridad Interior Rep. Bennie G. Thompson; el Líder Demócrata en el Comité Judicial Rep. Jamie Raskin; el Líder Demócrata en el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental Rep. Robert Garcia; el Líder Demócrata en el Subcomité de Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley del Comité de Seguridad Interior Rep. J. Luis Correa; Rep. Jason Crow; Rep. Veronica Escobar; Rep. Dan Goldman; Rep. Jimmy Gomez; Rep. Raul Ruiz; y Rep. Norma Torres.

En un comunicado conjunto, los demandantes sostuvieron: “En diciembre, una corte federal actuó para restaurar la habilidad de los miembros del Congreso para llevar a cabo supervisión legislativa esencial a nombre del pueblo americano. Ahora, en vez de cumplir con la ley, el Departamento de Seguridad Interior está intentando sacarle la vuelta a esta orden volviendo a imponer esta misma política ilícita. Esto es inaceptable. La supervisión es una responsabilidad fundamental de los miembros del Congreso, y un deber constitucional que no tomamos a la ligera. No es algo que el ejecutivo pueda prender y apagar a voluntad propia. Hoy, regresamos a la corte a defender el estado de derecho, proteger la transparencia y asegurarnos que ninguna administración se pueda esconder tras puertas cerradas.”

Puede leer el escrito completo AQUÍ.

Los miembros del Congreso están representados en esta demanda por Democracy Forward Foundation y American Oversight.

“¿Qué esconden? ¿Por qué continúa la administración Trump-Vance implementando políticas para bloquear el acceso a los miembros del Congreso — mismos que representan al pueblo y tienen obligación legal para llevar a cabo actos de supervisión — de las instalaciones de ICE? La respuesta es cada vez más clara: lo que ICE está haciendo es dañino e indefensible, y esta administración no quiere pesos y contrapesos,” dijo Skye Perryman, President and CEO of Democracy Forward. “Una corte federal emitió una orden en diciembre previniendo los esfuerzos de la administración Trump-Vance para evitar que miembros individuales del Congreso llevasen a cabo visitas de supervisión, y sin embargo la Secretaria Noem y DHS parecen buscar sacarle la vuelta a la orden judicial. Esta amenaza al estado de derecho y nuestro sistema de pesos y contrapesos debería preocupar a todo estadounidense. Esperamos con ansias buscar respuestas en la corte sobre lo que ha hecho el gobierno aquí.”

“La administración Trump ahora ha dejado en claro que está dispuesta a ir en contra tanto del Congreso como de las cortes para esconder las condiciones dentro de las instalaciones de detención migratoria, lo cual en términos prácticos permite — si no es que respalda abiertamente — el abuso y descuido existentes,” dijo Chioma Chukwu, Executive Director of American Oversight. “Una corte federal reafirmó que los miembros del Congreso tienen el derecho de llevar a cabo visitas de supervisión sin previo aviso, sin embargo DHS parece haber sigilosamente resucitado la misma política que prohibió la corte. Este tipo de fraude a la ley debilita la transparencia, rendición de cuentas, y el sistema constitucional de pesos y contrapesos. Estamos orgullosos de hacer frente conjunto con miembros del Congreso en su exigencia que la administración explique sus más recientes actos de clandestinidad y obstrucción.”

A federal court affirmed that members of Congress have a clear legal right to conduct unannounced oversight visits, yet DHS appears to have quietly resurrected the very policy the court stopped. That kind of end-run around the law undermines transparency, accountability, and the constitutional system of checks and balances. We are proud to stand with members of Congress as they demand that the administration explain their latest secrecy and obstruction.”

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