Por Julian Do/ACoM
Sobre el escritorio del gobernador Newsom se encuentra el proyecto de ley AB 2222, conocido como la Ley de Empleo y Sostenibilidad de la Fuerza Laboral en Redacciones Comunitarias (Community NEWS Act). Esta iniciativa busca situar a California a la vanguardia de los esfuerzos nacionales para preservar la integridad de las redacciones locales.
El gobernador tiene de plazo hasta el 30 de septiembre para promulgar o vetar la legislación.
Presentado por el asambleísta Chris Ward y con la coautoría de la asambleísta Buffy Wicks, el proyecto AB 2222 otorgaría créditos fiscales reembolsables a las redacciones locales por cada periodista que empleen. Dichos créditos ayudarían a garantizar una estabilidad laboral básica, un factor especialmente crítico para los medios de comunicación más pequeños que enfrentan dificultades financieras.
Para California —estado que cuenta con la mayor población inmigrante del país y la mayor concentración de hogares con dominio limitado del inglés (LEP)—, esta ley ayudaría a sostener a los medios étnicos. Estos medios actúan como un puente esencial y prestan servicios cruciales, que van desde la traducción de órdenes de evacuación en emergencias hasta la desarticulación de información errónea o desinformación peligrosa, pasando por la cobertura de las reuniones de las juntas escolares locales.
Según el proyecto de ley, las redacciones arraigadas en la comunidad recibirían créditos de 20.000 dólares por los primeros cinco puestos editoriales a tiempo completo (definidos como al menos 30 horas semanales y una remuneración anualizada de 35.000 dólares o más).
Por cada periodista adicional a tiempo completo se otorgaría un crédito de 15.000 dólares, más un incentivo extra de 15.000 dólares por cada puesto de reportero recién creado; por su parte, cada periodista a tiempo parcial generaría un crédito de 7.500 dólares.
La elegibilidad es amplia e incluye a medios impresos, audiovisuales, digitales, sin fines de lucro e independientes de propiedad familiar.
Una coalición sin precedentes
El proyecto de ley obtuvo un apoyo abrumador en la legislatura estatal: fue aprobado por el Senado con 30 votos a favor y 10 en contra el 30 de agosto, y por la Asamblea con 59 votos a favor y 15 en contra el 31 de agosto.
Este mandato legislativo cuenta con el respaldo de una coalición sin precedentes a nivel estatal y nacional: 134 organizaciones de noticias y asociaciones de prensa han enviado conjuntamente una carta instando al gobernador Newsom a promulgar el AB 2222. Entre ellas figuran 94 medios con sede en California, editoriales regionales y sindicatos laborales, acompañados por 40 asociaciones de medios de alcance nacional.
Responsabilidad fiscal y retorno de la inversión
De aprobarse, los créditos no entrarán en vigor hasta el año fiscal 2027, lo que protegerá las reservas actuales del estado y permitirá una planificación presupuestaria plurianual. El proyecto de ley también exige informes anuales de cumplimiento por parte de la Junta de Impuestos de Franquicias (Franchise Tax Board) a partir de 2029 y establece una fecha de caducidad automática tras cinco años (años fiscales 2027 a 2031).
Además, los créditos se compensan con límites fiscales federales que restringen las deducciones corporativas por remuneraciones a ejecutivos superiores a 1 millón de dólares, frenando así las deducciones fiscales excesivas de las empresas.
Por otra parte, el retorno de la inversión es considerable.
Una investigación revisada por pares publicada en el Journal of Financial Economics reveló que, cuando cierra un periódico local, los costos de endeudamiento mediante bonos municipales aumentan entre 5 y 11 puntos básicos; esto supone un costo adicional estimado de 650.000 dólares en intereses para una emisión típica de bonos destinada a escuelas locales, sistemas de agua e infraestructura.
Sin embargo, el valor del proyecto de ley trasciende los puntos básicos y las calificaciones crediticias de los bonos.
Cuando sobreviven los medios comunitarios y étnicos, las organizaciones comunitarias de primera línea y las agencias estatales mantienen el canal de comunicación de confianza necesario para difundir información esencial, como directrices de salud pública, medidas de protección para trabajadores agrícolas y asistencia en casos de desastre.
Un salvavidas informativo
Durante el incendio Tubbs de 2017, las alertas oficiales en inglés dejaron vacíos críticos que pusieron en peligro inmediato a las personas que no hablaban ese idioma.
La emisora KBBF 89.1 FM —la primera estación de radio pública bilingüe del país— intervino transmitiendo las 24 horas en español y desmintiendo rumores falsos, como que había agentes federales de inmigración en los refugios de evacuación o que un residente indocumentado había provocado el incendio.
Dos años más tarde, el incendio Kincade de 2019 puso a prueba nuevamente ese salvavidas. La emisora amplió sus transmisiones en lenguas indígenas para incluir el mixteco y el triqui, idiomas comunes entre los trabajadores agrícolas de la región.
En ambos casos, KBBF dependió de voluntarios, ya que carecía de los ingresos necesarios para mantener un equipo de periodistas a tiempo completo.
Más al sur, en la frontera de San Diego, Indian Voices dedicó años a informar y colaborar con líderes tribales para concienciar al público sobre la crisis de contaminación por aguas residuales tóxicas en el río Tijuana, un problema que durante mucho tiempo ha afectado a los vecindarios costeros y a las tierras ancestrales de los kumeyaay. En Monterey Park, tras el tiroteo masivo ocurrido durante el Año Nuevo Lunar de 2023 —que se cobró 11 vidas—, periodistas de medios en chino y vietnamita trabajaron durante toda la noche para romper el vacío informativo.
Dado que los residentes mayores que hablaban cantonés y mandarín no recibían información oficial en sus propios idiomas durante las primeras horas críticas, los reporteros locales tradujeron sobre la marcha los comunicados policiales, desmintieron rumores virales y pusieron en contacto a familias afligidas con servicios de asistencia a víctimas y atención de salud mental a los que, de otro modo, nunca habrían accedido.
Mensajeros de confianza
La pandemia de COVID-19 puso de manifiesto un tipo diferente de brecha informativa.
En una encuesta estatal realizada en octubre de 2020, solo el 29 % de los californianos negros afirmó que definitivamente o probablemente se vacunaría contra el COVID-19 una vez que la vacuna estuviera disponible; una cifra muy inferior al 70 % de los asiático-estadounidenses, el 62 % de los residentes blancos y el 54 % de los latinos que expresaron lo mismo.
Esta brecha tenía su origen en generaciones de desconfianza justificada derivada del racismo médico, incluidos los experimentos de Tuskegee, que, según los investigadores, siguen influyendo hoy en día en la reticencia a vacunarse.
Los mensajes genéricos de salud pública no bastaban por sí solos para cerrar esa brecha. Los medios de comunicación independientes dirigidos a la comunidad negra abordaron la historia detrás de esa reticencia en lugar de restarle importancia, y conectaron a los residentes con recursos de vacunación a través de mensajeros en quienes sus propias comunidades realmente confiaban.
El gobernador Newsom ha visitado estos lugares. Ha consolado a familias en duelo, se ha reunido con líderes comunitarios locales y ha hablado con Brandon Tsay, el héroe de 26 años que desarmó al atacante de Monterey Park.
El gobernador comprobó de primera mano que los periodistas comunitarios locales suelen ser los únicos mensajeros de confianza capaces de conectar a las poblaciones vulnerables con recursos estatales vitales.
Una oportunidad histórica
Al reconocer que el periodismo local constituye una infraestructura cívica esencial, Newsom ha demostrado un liderazgo a nivel nacional desde 2024 mediante el lanzamiento del programa público-privado California Civic Media Program y el apoyo a la iniciativa Propel. (ACoM es socio de Propel).
Ambos programas ayudan a asegurar inversiones vitales para mantener el programa de becas UC Berkeley California Local News Fellowship y fortalecer la capacidad de redacciones como la nuestra, así como la del Maynard Institute, California Black Media y Latino Media Collaborative.
Sin embargo, estos fondos de subvención a corto plazo no pueden sostener permanentemente la nómina diaria de una redacción. Sin una estabilidad laboral básica, las redacciones comunitarias no pueden retener a los becarios y reporteros que el estado ha ayudado a formar.
El proyecto de ley AB 2222 ayuda a cerrar esta brecha.
Instamos respetuosamente al gobernador Newsom a apoyar a la mayoría legislativa, a las 134 organizaciones de medios y a los periodistas en activo, y a promulgar el proyecto de ley AB 2222 antes del 30 de septiembre.
“Publicado originalmente por American Community Media (ACoM)”.
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