Por: Ezequiel Gómez Leyva/Huajuapan de León/Enviado
Oaxaca, Oax.- Este estado es uno de los que más conflictos agrarios presentan en el país, muchos de ellos derivados de la migración, porque quienes tienen necesidad de emigrar muchas veces no contemplan la posesión de sus bienes como parcelas o terrenos y dejan en la indefensión a sus familias, quienes muchas veces se enfrentan al despojo por parte de sus propios familiares, como la señora Maricela Nolasco quien acudió al Tribunal Unitario Agrario (TUA).
El territorio del TUA abarca más de 188 municipios, siendo los más alejados los que se encuentran en la zona de la Costa, hasta Pinotepa Nacional a más de 283 Kms., sin contar lo intrincado de la zona de la mixteca y otras comunidades cercanas.
En este tribunal agrario, se atienden anualmente alrededor de mil 200 conflictos, de los cuales el 80 por ciento se resuelven.
José Martin López Zamora, Magistrado del Tribunal Unitario Agriado del distrito 46, con sede en Huajuapan de León, en entrevista, explica que las puertas están abiertas para los que tengan conflictos agrarios, resaltando que la mayoría de los conflictos son sucesorios, es decir, que se actualizan los datos de los dueños cuando algún familiar fallece y se tiene que repartir lo que dejó como herencia.
Resaltó que es importante que los interesados se acerquen, sobre todo ahora que se cierne sobre nuestros connacionales migrante la amenaza de la deportación. Muchos migrantes cuando regresan tienen que buscar la actualización de sus propiedades, y es que dijo “ la naturaleza agraria desde tiempos de la Revolución Mexicana trae consigo atender la demanda de la tenencia de la tierra y por eso, siempre, será importante y delicado el patrimonio agrario”.
Explicó que las personas que se van a trabajar al extranjero lo hacen por una necesidad económica para sostenerse. “No es que abandonen sus tierras, por lo que estas personas que se van de migrantes deben de tener el apoyo del gobierno mexicano, porque son personas que mandan dólares, que envían divisas a sus familiares que viven aquí, que cuidan la tierras o las hacen producir, y de lo que se trata es que se les de todo el apoyo a los migrante y de que ellos deben de confiar en sus autoridades mexicanas, concretamente, el Consulado, para que reciban toda la información”.
“Exhorto a los migrantes que cuando el Tribunal Agrario los mande a llamar a los juicios atiendan muy bien a los llamados e incluso si no pueden venir por cuestiones de legalidad, manden a un representante o me manden a mí una documentación con el Consulado, es decir, que si quieren que yo lea algo en un juicio que acuda el interesado ante el Consulado, lo declare, el Consulado toma fé de ese documento y me lo manda y así yo me informo de lo que está pasando con este sujeto, pero el mexicano radicado en el extranjero debe de gozar de todas las garantías del debido proceso, que es el de audiencia, el de defensa y ofrecer pruebas para proteger su patrimonio cuando está sujeto a juicio.”, explicó.
Si quien está en el extranjero, por su situación migratoria, no pueden asistir a los juicios, se les recomienda otorgar mandatos a alguien que los represente” -y remarcó: “es muy importante que comparezcan a los juicios, cuando el Tribunal los llame, acudan a esos llamados, porque -estos casos- siempre serán llamados delicados, porque está en juego el patrimonio agrario”.
“Nosotros les damos todo el apoyo, toda la información y aunque ya desapareció el área de Audiencia Campesina, cualquier funcionario de los que aquí nos encontramos les podemos dar la información necesaria, en aras de que los compatriotas que están trabajando en otro país tengan la asesoría legal correspondiente.”
“El estado mexicano, dentro de las garantías del debido proceso, tiene como garantía que todo individuo que necesite un asesor legal, sino tiene los recursos económicos, se le otorgue un abogado de oficio, que hay en todas las áreas, en materia agraria lo conocemos como el Abogado de la Procuraduría Agraria, basados en la fracción 19 del artículo 27 constitucional y en la Ley Agraria en el 134 y 135”.
“En la resolución de los juicios no hay formulas exactas, depende de la complejidad del asunto, la litigisiosidad, de la complejidad del desahogo de pruebas. Un juicio sucesorio si yo lo recibo en una semana, a la otra semana ya puede tener la resolución. Hay casos que se tardan, por complejidades, más de una año, pero sucesorios por lo menos quince días, si son asuntos en el que se llevó a cabo audiencias rápidas, en seis meses”, indicó.
Abundó que en muchos de los casos, cuando el tribunal ya ha decretado una resolución o sentencia, los involucrados -que siempre son particulares-, si esa sentencia no les es favorable a alguna de las partes, las partes inconformes con ese fallo tienen la garantía del debido proceso, de impugnar la sentencia ante un Tribunal Colegiado.
“A nosotros nos toca en Oaxaca, este tribunal colegiado conformado por tres magistrados federales que revisan la sentencia y si consideran que hubo alguna circunstancia anómala o inconstitucional se pronunciaran en contra o pueden confirmar el fallo”.
“Ya se terminaron las sentencias de los emperadores, de los reyes, cuando se sancionaban y decían es caso fallado, ¿se acuerda de el Emperador Romano que con una sola seña del dedo decretaba muerte y ya nadie lo cambiaba?, ahora a través de los años se da la garantía de revisión de los actos procesales de los jueces, y eso es bueno porque un cerebro dicta una resolución, pero tres cerebros dicen: ‘Haber, vamos a ver si tu resolución la dictaste ajustada a hechos’, y eso es garantía de legalidad”.
Finalizó invitando a los paisanos radicados en el extranjero que regularicen sus tierras, que se interesen por quienes se quedaron en sus pueblos cuidando la parcela, y que confíen en las instituciones como el Tribunal Unitario Agrario y sobre todo que se acerquen a las extensiones del gobierno mexicano en el extranjero.
Comento además que sería bueno que los legisladores modificaran los procedimientos “se pierde mucho tiempo en enviar y recibir documentos desde el extranjero, se pierden seis meses, porque el trámite se lleva a cabo a través de las oficinas de Relaciones Exteriores, quienes reciben la documentación y la envían al Consulado. El Consulado resuelve o localiza a las personas y devuelve los documentos a Relaciones Exteriores, quien a su vez lo regresa de nuevo. Y esos seis meses son vitales para la resolución de los juicios, porque la mayoría de quienes lo promueven o están demandados, gastan grandes sumas de dinero en asistir a las audiencias.
