- Programas sociales y de asistencia legal son proveídos por el condado angelino.
- Los Ángeles y California demuestran su liderazgo en la defensa de su comunidad inmigrante ante Washington.
Los Ángeles, Cal.- Programas sociales y de asistencia legal están siendo facilitados por las autoridades del condado angelino para la comunidad inmigrante y sus familias, en tiempos en los que el gobierno federal arrecia su política contra ellos.
Además, los Ángeles es considerada una ciudad santuario, es decir, que protege a sus inmigrantes y es por ello que en las oficinas del condado no está permitido compartir información de inmigrantes con el gobierno federal, amenos que exista una orden de un juez, señaló Rigo Reyes director ejecutivo de la oficina de Inmigración del departamento del consumidor y asuntos para los negocios, al aclarar que no permiten la entrada de agentes de inmigración a hospitales u bibliotecas que sean públicos.
Reyes dijo que los problemas que afectan a la comunidad inmigrante son muchos, tantos como lo que representan en la comunidad y que asciende a 35% de los 10 millones de habitantes en el condado.
“Tres de cada 10 residentes son inmigrantes. El 42 por ciento de todos los empleados son inmigrantes y el 36% del PIB del condado son aportados por los inmigrantes”, comentó el pasado viernes 18 de enero durante una reunión con medios de comunicación organizado por Etnic Media Services.
El funcionario detalló que su departamento recibe 12 mil llamadas relacionadas con problemas de inmigrantes por mes. “Nos llaman por diversos asuntos: inquilinos, robo de identidad, asuntos de inmigración, compra y venta de carros, abuso a las personas de la tercera edad.
“Todos esos problemas afectan a la comunidad inmigrante. Vienen más de 20 mil personas al año a nuestras oficinas. Necesitamos que sepan las personas que existen estos recursos y que son gratuitos y que su estado migratorio no les afecta al recibir la asistencia”, explicó al informar que están recibiendo 400 llamadas por mes solamente relacionadas con asuntos legales de inmigración.
“La comunidad esta más concientizada, dijo al revelar que hoy en día se presentan más denuncias, pero que siguen siendo pocos los casos que se reportan de malas practicas legales por inmigración, ya sea de notarios o de mismos abogados que no son especializados en la rama.
“En un solo caso, había más de 4 mil expedientes”, dijo al recordar a las personas que el reportar esos problemas no les afectan ni su estado migratorio.
“Lo que queremos es que lo hagan lo más rápido posible porque no solo ellos están siendo afectados, sino otras personas, también”, aclaró Reyes.
En tanto la supervisora Hilda Solís comentó que han aprobado 34 mociones para proteger a los inmigrantes entre ellas programas que se han creado como la prevención del fraude de notarios, estafadores y otras malas prácticas que los afectan, al igual que programas de salud y en las cortes de inmigración.
Y a través de una asociación público-privada se ha establecido un fondo de Justicia Legal de $10 millones para proporcionar recursos a los inmigrantes en los tribunales. Solo se han conseguido 7 de ellos.
El condado ha aportado 3 millones al fondo, la ciudad 2 y el resto de fundaciones y donantes.
Solís dijo que es optimista, pero dejó entrever que a corto plazo no percibe una regulación en el tema migratorio, aunque lo que sí dijo es que Los Ángeles y el estado de California han demostrado su liderazgo en la defensa de su comunidad inmigrante ante Washington.
Recientemente el condado angelino se unió a un grupo de médico de Los Ángeles quienes manifestaron su apoyo a los niños y las familias inmigrantes centroamericanos.
Sobre el tema Barbaba Ferrer, directora del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, dijo que su departamento trata de garantizar que todos tengan lo que necesitan para estar sanos.
“En el departamento de salud estamos en acuerdo que tenemos que abrir las puertas, bien organizados y para que la gente sepa que tenemos los servicios”, indicó, al explicar que el condado tienen los servicios de salud que no dependen de fondos federales y que no importa si la gente tienen o no tiene papeles.
“Nosotros tenemos servicios para todos, que no dependen de los papeles y vamos a tener más en el futuro”, aseguró al conminar a la gente a seguir acudiendo a los servicios de salud sin ningún riesgo.
Lo mismo dijo Roxana Molina, directora del Departamento de Servicios Públicos Sociales, quien dijo que nada ha cambiado y que la gente puede seguir solicitando ya sea programas de Medi-Cal o de estampillas de comida en el programa (CalFresh).
Sobre las estampillas dijo que ya entregaron las estampillas de comida del mes de febrero, pero que no está segura que pasará con el cierre de gobierno federal.
Molina dijo que servicios médicos como revisiones dentales, lentes y de alimentos son críticos para los niños y sus familias que viven un tiempo difícil en el sentido migratorio.
Diversas organizaciones sin fines de lucro como El Programa para Víctimas de Tortura (PTV), Caridades Católicas, Al Otro Lado, Avanzando en Justicia para los Asiáticos Americanos (AAAJ) y CARECEN se comprometieron a integrar las iniciativas inmigrantes del condado.
