- No solo la información de los inmigrantes está en riesgo sino de todos los ciudadanos estadounidenses, es la advertencia de expertos en el tema de seguridad de los datos, quienes dicen que las herramientas creadas para la vigilancia comienzan con grupos políticamente específicos y luego se expanden silenciosamente hacia todo el mundo.
Los Ángeles, Cal.- Con una ley de privacidad muy limitada que data de 1974,-con el caso Watergate, antes de la existencia del internet y el almacenamiento masivos de datos-, ahora la información personal que tienen las agencias gubernamentales se reutiliza sin o con consentimiento, lo que lo hace que no solo los inmigrantes sino todos los estadounidenses sean más susceptibles a un escrutinio sin precedentes.
Lo anterior fue revelado por Nicole Álvarez, Senior Policy Analyst for Technology Policy at the Center for American Progress durante la video conferencia organizada por American Community Media (ACoM) el pasado viernes 5 de septiembre, al hablar del tema de los costos de la expansión de la vigilancia a los inmigrantes.
Dijo que han visto que la agencia de recaudación de impuestos (IRS por sus siglas en inglés) a compartido datos de los contribuyentes con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para ayudar a identificar y deportar a los inmigrantes que han pagado sus impuestos de buena fe.
“Los sistemas se crearon para que cuando estas personas presentaran su información al IRS, lo hicieran con el entendimiento de que se utilizaría únicamente con fines fiscales, no para redadas de inmigración, y… Ahora esos datos que se recopilaron originalmente para apoyar las finanzas públicas se están utilizando como arma para la aplicación de la ley de inmigración”.
Indicó que aún cuando hay Memorándums de Entendimiento entre las agencias, sigue habiendo muy poca transparencia.
Lamentó que no sea un caso aislado el compartimiento de datos entre IRS y ICE sino que de manera similar los registros de inscripción a Medicaid han sido utilizados, según informes, para identificar a inmigrantes para su deportación.
Reconoció que dichas prácticas del uso de los datos para otros fines se trata de una ruptura de las normas tradicionales de privacidad.
Y dijo que el daño que causan va mucho más allá de la simple violación de la privacidad, porque erosionan la confianza en las instituciones públicas de que los datos solo sean usados para un fin especifico, como el caso del IRS con el ICE.
Álvarez dijo que posiblemente una de las consecuencias sea la pérdida de ingresos millonarios al IRS porque los indocumentados ya no harían su declaración de impuestos.
Un tercio de los inmigrantes indocumentados pagan aproximadamente 90 000 millones dls en impuestos locales, estatales y federales según datos del 2022, informó la experta al decir que entre la población en general los ingresos se reducirían en 40 000 millones dls.
“El gobierno no solo está socavando la confianza pública, sino que también está abriendo la puerta a un uso indebido más amplio que podría acabar afectando a los residentes legales e incluso a los ciudadanos estadounidenses”.
Especificó que incluso puedan verse sometidos a violaciones de privacidad o medidas de inmigración erróneas debido a simples confusiones administrativas y de datos, y que cuando la gente ve que el gobierno reutiliza su información de forma que parece represalias o impredecibles opta por no participar.
Como por ejemplo a no declarar sus impuestos o puede renunciar a la atención médica necesaria para ellos o sus hijos e incluso no solicitar prestaciones a los que tienen derecho.“No se trata decisiones irracionales”, dijo “sino de instintos de supervivencia en un sistema que ya no parece seguro”.
Comentó que cuando las personas ya no participan en los sistemas públicos se vuelven más injustos y menos democráticos. “Socava la prevención al fraude y la participación ciudadana”.
La experta advierte que no hay una reforma cuidadosa del uso de los datos sino un cambio a gran escala hacia la centralización de los datos impulsado por el Departamento de Eficiencia Gubernamental para que puedan acceder a ellos el personal no solo de DOGE sino potencialmente otras agencias.
Explicó que el transcurso se eliminaría las barreras legales y técnicas para el uso de los datos y que ahora todas las agencias podrían tener acceso a ellos ampliando la capacidad del gobierno para la vigilancia de las personas.
“Está claro que sin transparencia, limitaciones o responsabilidad, solo se crearán oportunidades para el uso indebido, tanto intencionado como accidental. Y como el público a menudo no es consciente de que esto está sucediendo, hay pocas oportunidades para rechazar o incluso comprender cómo se están utilizando los datos de uno”, explicó.
Reveló que la infraestructura de datos que se está creando en estos momentos puede ser utilizada contra otros grupos como los periodistas, manifestantes, votantes y estadounidenses de a pie.
Sobre el uso de la Inteligencia Artificial (AI) para fines de vigilancia y otras cosas, comentó que eso ya está en marcha para el uso de la determinación de las solicitudes de Medicaid y que tampoco hay una ley de responsabilidad de la AI a nivel federal. Y a menos que se tomen medidas personales la IA va a ir en cualquier dirección.
Informes sobre deportación y recopilación de ADN
Esmeralda Tse becaria de la Beca Justicia de Georgetown’s Center on Privacy & Technology habló de dos informes de dicha institución: el primero de ellos llamado “Redada estadounidense, deportación basada en datos del siglo XXI” y el segundo titulado “Calificando el genoma”, sobre cómo el gobierno de Estados Unidos está abusando de sus poderes en materia de inmigración para acumular ADN con fines policiales futuros.
La experta comentó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) tienen amplios poderes de vigilancia digital y que un informe de American Dragnet, publicado en el 2022, ha revelado que el ICE utiliza la vigilancia digital para controlar las vidas de la mayoría de las personas en Estados Unidos.
Una de las conclusiones del informe dijo Tse es que ICE se ha aprovechado de la información de las personas que han hecho cuando se inscriben para recibir agua o electricidad de una empresa pública y cuando solicitan permisos de conducir.
Por lo que respecta a cómo el gobierno ha ampliado la vigilancia genética dijo que en el 2024 publicaron Rating The Genome (Calificación del genoma) que detalla la drástica expansión de un programa de DHS para tomar muestras de ADN de miles de personas cada día.
“Hemos descubierto que el gobierno federal ha estado recopilando ADN bajo la suposición de que las personas cometerán delitos en el futuro. Lo que ocurre es que los agentes federales recopilan el ADN en virtud de sus competencias en materia de inmigración. Las muestras de ADN se utilizan para crear perfiles, que se añaden a una base de datos policial federal”, detalló.
Dijo que las fuerzas del orden de todo el país pueden buscar los perfiles en esa base de datos para identificar a personas que han cometido delitos en el pasado.
Tse mencionó, “descubrimos que el gobierno federal ha defendido la recolección de ADN de los inmigrantes, como una forma de predecir quién podría cometer delitos en el futuro”.
Mencionó que la información personal, genética y biométrica está en poder y en manos de un gobierno cada vez más autoritario.
“Y hemos visto que ese gobierno ya utiliza esos poderes para no solo hacer cumplir las leyes de inmigración, sino también para la represión política”, dijo tras comentar que el gobierno federal ha detenido e incluso presentado cargos penales contra funcionarios electos que han intentado controlar los abusos de poder.
Mientras todo esto sucede sostuvo que las empresas tecnológicas privadas se benefician y lo hacen a expensas del público.
En el 2008 y 2021 descubrieron que el gasto anual de la tecnología de vigilancia del ICE se disparó de 71 millones de dls a 400 millones de dls por año, lo que supone un total de 2,800 millones gastados en los últimos 14 años y sigue creciendo.
Este año la DHS pidió más colaboraciones con empresas privadas adjudicándose contratos multimillonarios, sostuvo la experta.
La vigilancia de ICE es más amplia que lo que piensa la gente; es una red de arrastre.
La mayoría de los estadounidenses no se imagina que su información es capturada por las redes de vigilancia de ICE. De hecho, ICE ha utilizado tecnología de reconocimiento facial para examinar las fotografías de las licencias de manejo de alrededor de 1 de cada 3 (32%) de todos los adultos en EE.UU. La agencia tiene acceso a los datos de las licencias de manejo de 3 de cada 4 (74%) adultos y rastrea los movimientos de los coches en ciudades donde viven casi 3 de cada 4 (70%) adultos. Cuando 3 de cada 4 (74%) adultos en EE.UU. conectaron el gas, la electricidad, el teléfono o el servicio de internet en un nuevo domicilio, ICE pudo descubrir de manera automática su nueva dirección. Casi todo eso se ha hecho sin orden judicial y en secreto.
HALLAZGO DEL REPORTE REDES DE ARRASTRE AMERICANAS DE 2022 Y ACTUALIZADO EN MAYO DEL 2025
La abogada sénior de la Electronic Frontier Foundation, Sophia Cope habló de la vigilancia a los inmigrantes a través de las redes sociales mencionando que afecta a cualquiera que quiera entrar legalmente a los Estados Unidos, incluido a los ciudadanos estadounidenses.
Para eso dijo que el Departamento de Estado añadió una pregunta a la solicitud de visado en la que se pide a las personas que indiquen los nombres de usuarios de las redes sociales que habían utilizado durante los últimos 5 años con el objetivo de consultarlos en la red social y luego evaluar si debían conceder el visado.
Sobre el caso dio que hay una demanda pendiente del Knight First Amendment Student de Columbia porque es un desafío a la Primera Enmienda o la libertad de expresión.
“También hemos visto cómo han ampliado su escrutinio a los residentes permanentes legales y a personas con otros estatus”.
El escrutinio dijo que arrancó con los visados de los estudiantes y será una investigación continúa de las personas que se encuentran en los Estados Unidos revisando sus redes sociales.
“Estas personas son miembros de nuestra comunidades, nuestros colegas, amigos y familiares” mencionó al indicar que ciertamente han estado optando por no hablar de ciertas cosas y especialmente de temas políticos y que está afectando a los ciudadanos estadounidenses porque no quieren arriesgarse a que les revoquen el visado a sus seres queridos.
“Y no quieren arriesgarse a ser objeto de vigilancia y que se recopilen y almacenen sus datos”, afirmó Cope.
Nicole Álvarez, Senior Policy Analyst for Technology Policy at the Center for American Progress, Esmeralda Tse becaria de la Beca Justicia de Georgetown’s Center on Privacy & Technology y Sophia Cope, abogada sénior de la Electronic Frontier Foundation. (de izq. a der.)
