- Está quitando a inmigrantes el TPS, Parole Humanitario y otros estatus migratorios legales e incluso intentando retirarles la residencia y ciudadanía ya concedida
Los Ángeles, Cal.- Para el codirector del Centro de Derecho y Política Migratoria de la Universidad de California Los Angeles (UCLA), Hiroshi Motomura, la administración Trump está redefiniendo la política migratoria quitándole el estatus legal a aquellas personas que tienen un estado hoy y luego ya no lo tienen en el futuro, si es que el gobierno se los retira.
Explicó que bajo las leyes de Estados Unidos, hay distintos estatus de migración legales, como ciudadanía, residencia (green card) y otros que se consideran de en medio, que no son a largo plazo, pero que vienen junto con permisos de trabajo y que son considerados estatus legales. Entre ellos están los que tienen TPS (Temporal Protected Status), ajuste de estatus y Parole Humanitario, que bajo la actual administración los están quitando.
Entre los afectados, con la política actual de migración, también están los DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia). Se estima que más de 2 millones de personas serían afectadas si se cancelan los estatus legales de comunidades inmigrantes enteras.
Motomura comentó durante la video conferencia de American Community Media (ACoM) el pasado 5 de diciembre que la administración ha anunciado que está reexaminando y quizá quitando el estatus de residencia permanente legal que ya ha sido otorgada e incluso la ciudadanía bajo la orden ejecutiva que han presentado a comienzos del 2025 a menos que las personas tengan tradicionalmente la ciudadanía basada en haber nacido en el país. “Esto requería que un padre sea ciudadano o un padre que sea un residente permanente legal”, explicó.
El experto dijo que la administración ha dicho que esto aplicaría en el futuro. “Pero de hecho una sola orden ejecutiva redefiniría la ciudadanía para toda la vida con respecto a esto si se llega a probar y quitaría la ciudadanía de muchas personas que la tienen hoy mismo”.
Indicó que muchos procesos, que tienen derecho legal, los están frenando, pero sostuvo que se tendría que ver que tan legales son respecto a los que reflejan discriminación religiosa y racial.
Motomura reconoció que bajo estas circunstancias habría peleas en los tribunales, mientras que el gobierno podría alegar temas de seguridad nacional.
Advirtió que los efectos son que la gente ya no aplicaría para ciertas cosas hacia su camino legal e indicó que lo que está haciendo la administración es que cierta gente se sienta que pertenece y otra que no pertenece a este país.
En este sentido dijo que hay gente que incluso tiene miedo a viajar. “Hay personas que pueden califican para hacerse ciudadanos y tienen miedo de aplicar y de alzar la voz, entonces hay muchas cosas que están pasando aquí para que la gente no reciba beneficios, pero la intensión de la administración en esta situación es asustar a la gente o que sienta que no es bienvenida”.
Reconoció que después de la Segunda Guerra Mundial hay muchos estatus legales como el TPS o Parol Humanitario que han sido parte del sistema migratorio por generaciones pero que ahora la administración está intentando decir que de todas maneras son ilegitimas.
Para el experto esto no tiene precedentes, el que una administración esté acechando y buscando a personas que ya tienen un estatus legal.
“Hay una idea. Mi entendimiento es que quiere, la administración, volver a los 1900, enfocándose en inmigrantes europeos. Eso está manejando la administración ahora con la palabra invasión, que está en muchas ordenes ejecutivas, como si el Siglo XX no ha sucedido”, afirmó.
Parole humanitario y TPS bajo acecho
Laura Flores-Perilla de la organización Justice Action Center dijo que el Parole Humanitario es una herramienta que la administración ha utilizado en las últimas 7 década para promover un camino seguro y legal hacia los Estados Unidos de aquellos individuos con habilidad de trabajar respondiendo a la crisis humanitaria que está sucediendo en otros países como los cubanos, haitianos, nicaragüenses, venezolanos y últimamente los ucranianos, con la Administración Biden.
Pero ahora comentó Flores que bajo la segunda administración Trump, el gobierno ha anunciado que va terminar el Parole Humanitario.
Para la experta esto significa que quieren quitarle la legalidad a las personas que tienen un estatus legal para hacerlas más vulnerables y acelerar la deportación.
Para evitar esto, comentó que abogados han entablado el litigio Noha vs el Departamento de Justicia. El caso se refiere a una beneficiaria de Parol Humanitario que hizo todo lo que el gobierno pedía y aplicó para Parole y ahora le están quitando sus derechos.
Flores dice que quitarle los derechos a las personas es algo sin precedentes y que la administración se ha enfocado y quieren quitar la legalidad de manera masiva a personas que no tienen antecedentes y que tienen Parole Humanitario o a las personas que han buscado asilo.
Comentó que las personas están llegando a sus audiencias migratorias a los tribunales y les desestiman sus casos, y entonces llegaba ICE y los detenía para hacer una remoción expedita debido a que no tienen un proceso debido construido o no pueden luchar para defender su caso.
Aclaró que las personas que han tenido Parol Humanitario anteriormente no tienen que ser sujetas a un proceso expedito. Por ahora han ganado un caso temporal en un tribunal para bloquear dicha política y aunque no han visto remociones expeditas ésto sigue siendo un problema, indicó la experta.
La activista Adelys Ferro de la organización Venezuela American Cacus, mencionó que la Corte Suprema accedió a escuchar el caso de derecho de ciudadanía de las personas nacidas dentro de los Estados Unidos. “Lo que estoy escuchando es terror todos los días, personas que se sienten traicionadas y con mucho miedo. Son familias venezolanas y todas las familias inmigrantes”.
Comentó que en caso de los venezolanos inmigrantes ellos aplicaron para TPS, se presentaron a las cortes y consiguieron un permiso de trabajo, con el que pagan impuestos, tienen pequeños negocios y sus hijos están en la escuela o las universidades.
“Y ahora se les está diciendo de la noche a la mañana que 800 mil vidas pueden regresar a cero”, afirmó tras decir que sienten que hay una injusticia porque ellos han vivido una dictadura de persecución y hambre, y ahora se les trata como personas de peligro cuando que ellos vienen huyendo del peligro.
“Las familias sienten que las están usando como piezas políticas”, considera la activista quien indicó que hay una mezcla de miedo y fatiga, pero también de determinación de luchar por sus derechos.
Informó que han entablado una demanda por el TPS liderada por la ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles) en el Sur y Norte de California que se encuentra en litigio en la corte de apelaciones del 9 circuito.
La peor parte de la crisis venezolana considera Flores es que al no tener un consulado o embajada venezolana las personas no tienen documentos. “Es un desastre”, admitió tras comentar, “así que aunque la gente se quiera ir o deportar no tienen pasaporte o algo que los identifique como venezolanos”.
Socavando y subestimando la justicia
Para Jeremiah Johnson Ex-Juez de migración es un reto difícil el que están pasado las personas que están buscando una forma de legalizar su estatus no solo con las detenciones y las deportaciones aceleradas sino también cuando pierden la oportunidad de su “estatus pendiente”, al no presentarse a las cortes.
Johnson habló que desafortunadamente están viendo que la justicia se está socavando y subestimando, cuando hay despido de jueces de inmigración que hacen que cortes como la de San Francisco luzcan vacías.
Y dijo que hay jueces que ejercitan su libertad en la toma de decisiones y otros que se sienten presionados (por la administración), pero que la ley está ahí para que los jueces lleven procedimientos como las audiencias y vean las evidencias que solo se pueden llevar a las cortes.
“Desafortunadamente la detención es lo que se ha convertido en una estrategia”, dijo respecto a la política migratoria. “Estamos viendo desafortunadamente que las personas se están removiendo por sí mismas y desapareciendo dentro del país”, en referencia a que no están acudiendo a las cortes.
Viviendo con miedo
La Soñadora Andrea de 30 años de edad cuenta que ha vivido con miedo prácticamente toda su vida y que ahora simplemente está tratando de sobrevivir.
“ ¡Vivir mi vida!. ¿Pero cómo lo puedo hacer? teniendo esta amenaza permanente y teniendo este sentido de que estamos siendo perseguidos. Ahora bajo esta administración es una seria amenaza más allá de que tengas un estatus legal si eres indocumentado, residente y ahora incluso para los ciudadanos estadounidenses”, reconoció la joven quien llegó a los Estados Unidos a los 5 años de edad.
La joven creció en el área de Washington en Virginia y tienen estudios de postgrado en políticas públicas y ciencias.
Andrea aplicó para DACA cuando se re-instauraron las aplicaciones en el 2021. Desde entonces su petición está detenida.
Para la chica eso le ha creado mucha inestabilidad cuando dice que ve a una ola de personas indocumentadas que van a la Universidad o que están a punto de graduarse y no saben qué hacer porque no pueden trabajar.
“Nos está diciendo la administración que nos deportemos por nuestra cuenta aun país al cual no nos hemos creado por ejemplo, yo”, dijo. “En estos momentos como la mayor parte de los soñadores estoy en este punto, en medio, no estoy aquí ni estoy allá”.
“Estoy intentando saber cuál es mi siguiente paso”, admitió.
Laura Flores-Perilla de la organización Justice Action Center, la activista Adelys Ferro del Caucus Venezolano-Estadounidense y Jeremiah Johnson, exjuez de inmigración en San Francisco y vicepresidente de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración. (izq. a der.)
