- Predicen que 255 mil niños cada año se verían afectados, creando una subclase de 2,7 millones para 2045. Y muchos de ellos serían apátridas.
- La ciudadanía por naturalización también en peligro, señalan expertos en derecho constitucional.
Los Ángeles, Cal.- Con la orden ejecutiva firmada por el presidente Donal Trump para prohibir el derecho de ciudadanía por nacimiento a los hijos de inmigrantes indocumentados en manos de la Corte Suprema, expertos en el tema de migración predicen que de ser aprobada aumentaría el número de personas no autorizadas en este país, contrario a lo que quieren la administración.
Mientras tanto, organizaciones de derechos civiles luchan por que el máximo tribunal del país desestime la orden firmada desde el primer día del segundo mandato del presidente porque entra en conflicto con la Enmienda 14 que establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del Estado en el que residen.” Y desafía más de un siglo de jurisprudencia.
“Esto no se alinea con las metas de la administración” de tener menos gente no autorizada, dijo Julia Gelatt, Directora Asociada del Programa de Política de Inmigración de EE.UU. del Instituto de Política Migratoria durante una video conferencia organizada por American Community Media (ACOM) el pasado viernes 16 de mayo.
La experta predijo que 255 mil niños naciendo cada año se verían afectados, creando una subclase de 2,7 millones para 2045. Y muchos de ellos serían apátridas, es decir no tendrían una patria y no contarían con un acta de lugar de nacimiento que los haga ciudadanos americanos.
Desde el 15 de mayo, el Tribunal Supremo está escuchando los argumentos relativos a la constitucionalidad de la orden ejecutiva que afectaría a los niños nacidos de padres indocumentados, pero también afectaría a los niños nacidos de aquellos en los EE.UU. con visados temporales, como los trabajadores H-1B.
Varias organizaciones de derechos civiles han presentado demandas y amicus curiae contra la orden ejecutiva de Trump en el noveno circuito.
Gelatt quien habló de los impactos demográficos de la orden dice que los niños de los estados vivirían sin acceso a beneficios y sin asistencia para pagar la universidad y sin un plan para hacer una carrera o trabajar legalmente.
“Si Estados Unidos quita la ciudadanía por derecho de nacimiento eliminaría la integración familiar y no les permitía trabajar legal en un momento cuando lleguen a ser productivos, en un momento que los necesitamos porque la población está envejeciendo”.
Por otro lado explicó que niños que nacen en Estados Unidos y que son de padres mexicanos por ejemplo, los padres pueden obtener ciudadanía mexicana para sus hijos pero enfrentan barreras. Pero para otros niños de padres venezolanos no hay un camino para hacer eso. Lo mismo sucedería para un ruso que no se sintiera cómodo al ir a su embajada rusa, por lo que muchos niños se quedarían sin país y pueden permanecer apátridas.
Abundó que para las personas que no tienen estado, es un problema para viajar a países. Aunque reconoce que sí hay personas que son apátridas.
Gelatt detalló el requisito para ser ciudadano bajo a orden ejecutiva diciendo que un bebé nacido en Estados Unidos tendría la ciudadanía al nacer por lo menos si un padre es residente legal o ciudadano. Mientras que una persona con padres indocumentados, y/o con visa no tendrían ese derecho.
Martin Kim, Director de Defensa de la Inmigración de Asian Americans Advancing Justice (AAJC por sus siglas en inglés) dijo que la administración está atacando el derecho por ciudadanía para poner una barrera para que padres indocumentados no lleguen a la ciudadanía estadounidense. “Y hay gente racista que apoya y que no quieren extender la ciudadanía a ciertas comunidades”.
César Ruiz, abogado asociado de la organización LatinoJustice dijo que por eso muchos grupos se han unido para luchar contra ésta orden y están dando una lucha fuerte.
“Es un ataque contra la comunidad inmigrante y latina”, sostuvo al decir que en la campaña del presidente se atacó a la comunidad venezolana y salvadoreña “con la intensión de deshumanizar a las comunidades migrantes”.
Dijo que no hay justificación en la Constitución o ninguna otra ley para explicar el ataque al derecho por nacimiento.
Indicó que atacar los derechos de las personas van mas allá de un acta de nacimiento que incluye el trabajar, viajar y preservar los derechos.
“Por eso consideramos que es importante luchar”, mencionó al decir que en términos de democracia socavaría los derechos para votar de los latinos, la comunidad asiática y afroamericana.
El Profesor Robert S. Chang, Director Ejecutivo de Korematsu Center para la igualdad de la ley de la Facultad de Derecho de la UC Irvine dió una perspectiva histórica de la ciudadanía por nacimiento comentando que no es algo aislado los esfuerzos del presidente de eliminar ese derecho sino que está relacionado con la larga historia de éste país.
Explicó que la misma Constitución no dice nada acerca de la elegibilidad para la ciudadanía. Y en el caso de la naturalización ordena al Congreso crear una ley uniforme para ello.
Dijo que el Congreso utilizó su poder en 1790 para crear una ley de naturalización que permitía a los blancos libres naturalizarse, pero desde el principio restringió a quienes podían ser miembros plenos de esa comunidad.
“Mucha gente puede estar familiarizada con el caso de Dred Scott contra Sanford” en 1857. En el que Roger Taney del Tribunal Supremo dijo que los negros, independientemente de cuantas generaciones pudieran haber sido libres en este país, nunca podrían convertirse en ciudadanos de esta nación. “Lo que precipitó la Guerra Civil”, explicó.
Después de eso comentó que hubo intentos del Congreso a través de la enmienda 13ª ,14ª y 15ª para hacer frente al caso y finalmente la 14ª Enmienda tenía la intensión de deshacer el daño de Dred Scott permitiendo que los negros puedan ser reconocidos como ciudadanos y que tanto personas blancas como de origen y descendencia africana se naturalizaran.
Refirió que 1882 surge la ley de Exclusión China que prohibía a los trabajadores entrar a este país desde China y en la que decía que no podían naturalizarse. Dejando a sus hijos en el limbo, lo que dió como resultado el caso de 1898 de Wong Kim Art contra los Estados Unidos. “Fue entonces que dan la interpretación a la 14ª Enmienda que los que habían nacido en Los Estados Unidos estaban sujetos a su jurisdicción y por lo tanto es un ciudadano de los Estados Unidos” independientemente de la nacionalidad de sus padres.
Dijo que por eso tenemos hasta hoy una ley de 127 años del reconocimiento de la ciudadanía por derecho de nacimiento.
Sin embargo comentó que han existido esfuerzos por limitar quien podía convertirse en ciudadano y por eso en 1992, la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso Ozawa contra los Estados Unidos dijo que una persona japonesa no podía naturalizarse a pesar de que llegó a la corte y dijo, “soy blanco”, presentó su piel a la corte y dijo, “soy más blanco que los inmigrantes europeos que ustedes permiten naturalizarse”.
El Tribunal Supremo de los EE.UU. dijo, “bueno, blanco es igual a caucásico, por lo tanto usted pierde”.
Al año siguiente, explicó que un hombre del sur de Asia se presentó ante el tribunal y dijo: “Soy ario, soy caucásico. Acaba de decir que caucásico es igual a blanco. Debería poder naturalizarme”. El Tribunal Supremo de EE.UU. dijo que no. ‘Blanco es igual a alguien que no se parece a ti’.
“Fue entonces que el Departamento de Justicia de los EE.UU inició procedimientos de desnaturalización contra los 60 a 70 sur asiáticos que habían podido naturalizarse”.
“Ahora esto tiene consecuencias devastadora y es crítico para entender un posible riesgo con respecto a la orden ejecutiva actual”, considera Chang quien dice que la orden afectaría a bebés nacidos desde el 19 de febrero del 2025 y después.
También reconoció que afectarían las votaciones en cada uno de los estados, quienes tienen la responsabilidad de registrar a los votantes, porque ellos pueden decidir quién vota y pedir comprobar que los padres no caigan en la categoría de no ciudadano o residentes.
“Tienen que ver con la historia de este país con los ataques a las personas de color con derehos de nacimiento y quien se puede hacerse ciudadano. Lo que esta en juego es tan grande, que por eso es importante luchar por eso”.
El profesor confiesa que hay esfuerzos de fascismo y que tras la revocación de TPS, muchos otros actos van a seguir.
“Dado el historial del Departamento de Estado, quiere revocar la ciudadanía”, añadió. “La historia nos dice que lo han hecho anteriormente y por eso tenemos temor”, comentó el profesor al referirse al caso de los sur asiáticos que les revocaron su naturalización.
El Profesor Robert S. Chang, Director Ejecutivo, Korematsu Center para la igualdad de la ley de la Facultad de Derecho de la UC Irvine, Martin Kim, Director de Defensa de la Inmigración de Asian Americans Advancing Justice (AAJC por sus siglas en inglés) y Cesar Ruiz, abogado asociado de la organización LatinoJustice. (de izq. a der.)
