Por Briana Méndez-Padilla
Aunque el gobierno federal ya cuenta con diferentes vías para recopilar datos de la población —desde los registros de conductores del DMV hasta los registros electorales y la información de los impuestos—la reciente inversión en tecnología de vigilancia y rastreo ha generado miedo y ansiedad, especialmente en las comunidades de inmigrantes.
Durante una videoconferencia organizada por American Community Media (ACoM) el 10 de septiembre, Lena Graber habló sobre cómo en los últimos dos años se han producido cambios sin precedentes en la forma en que funcionan las leyes y políticas de inmigración, lo que ha vuelto al sistema más cruel y deshumanizante.
“Nuestro sistema de inmigración era un régimen legal profundamente racista y punitivo mucho antes de la era de Donald Trump, pero nada en la historia se puede comparar con lo que ha estado sucediendo en el sistema de inmigración en el último año o dos”, dijo Graber, quien trabaja con el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes.
Kimberly Woo, organizadora comunitaria de la Red de Derechos y Educación de los Inmigrantes (SIREN, por sus siglas en inglés), señaló que empresas como Palantir y Flock utilizan herramientas impulsadas por inteligencia artificial que recopilan datos de fuentes privadas y públicas para actuar como “cazadores de recompensas”.
“Lamentablemente, la vigilancia masiva crea la estructura misma de nuestros sistemas gubernamentales antes de rastrearnos y pone de relieve la vulnerabilidad de las personas, dependiendo de quién tenga el poder de hacer que nuestros datos caigan en manos equivocadas”, afirmó.
de los condados de Santa Clara y San Mateo.
Algunos de los impactos que ha observado en las comunidades con las que trabaja es que, debido a la omnipresencia de tecnologías como el reconocimiento facial, algunos miembros de la comunidad han comenzado a usar cubrebocas para proteger su identidad y han dejado de asistir a reuniones públicas, como eventos sociales y deportivos.
Brian Hofer, director ejecutivo de Secure Justice, mencionó cómo el reconocimiento automático de placas (ALPR, por sus siglas en inglés) se ha convertido en uno de los principales riesgos para los inmigrantes, ya que empresas como Flock utilizan esta tecnología, combinada con el poder de la inteligencia artificial y una cantidad prácticamente ilimitada de datos, para poder identificar y localizar a las personas con gran rapidez.
“Flock es, en realidad, una herramienta de inteligencia artificial. Su patente le permite hacer una enorme cantidad de cosas que van mucho más allá del reconocimiento óptico de caracteres necesario para una matrícula”, dijo Hofer.
El problema central de la vigilancia no es una cámara individual ni un tipo específico de datos, sino más bien la combinación de muchos elementos que pueden identificar un patrón en la vida de alguien, dijo Hofer.
Sin embargo, a pesar de la oposición de la comunidad, Flock se ha ido abriendo camino cada vez más en ciudades de todo el país. Jonathan Paz, un ex empleado del equipo de asuntos gubernamentales de Flock, atribuye esto a la “flockaganda” —la narrativa de que esta tecnología es para una buena causa y que están utilizando el reconocimiento de placas para encontrar personas desaparecidas, recuperar vehículos robados e incluso resolver casos de atropellos con fuga.
La cruda realidad de que estas empresas tecnológicas tienen como función principal vigilar a la población y están eludiendo el escrutinio público y legal fue lo que, en última instancia, lo llevó a dejar la empresa.
“Está bastante claro que se puede resolver un homicidio sin necesidad de contar con un sistema de vigilancia masiva”, afirmó. “Estas empresas están diseñadas para espiar, y lo que les parecía importante era simplemente meterse en el presupuesto de la ciudad, porque una vez que estás en el presupuesto de la ciudad, es muy difícil sacarte de ahí”.
Paz agregó que Flock no cuenta con ninguna garantía de protección para sus datos, como se ha demostrado en estados de todo el país, incluido Illinois y California, donde se comprobó que las agencias de ICE tienen acceso a estos sistemas para utilizarlos en la aplicación de las leyes de inmigración.
“Que ustedes tengan la ilusión de que estas medidas de protección locales, estatales y federales los protegerán es pura ficción. Estas cámaras se instalarán, y una vez que estén instaladas, será muy difícil controlar cómo las utilizan las autoridades locales”, dijo Paz.
Abdi Soltani, director ejecutivo de la ACLU del Norte de California, señaló que, si bien las políticas a nivel federal se han debilitado, la constitución estatal de California aún cuenta con algunas protecciones, por lo que recomienda seguir ese camino. Afirmó que ha habido décadas en las que los estados han liderado el avance de los derechos civiles, y que este es un momento en el que California debe volver a tomar la delantera.
“Hay movimiento. Hay impulso. Estos contratos están siendo objeto de escrutinio. Hay un debate público. Hay preguntas que se hacen los residentes, que se hacen los contribuyentes, y ese movimiento no hará más que ganar impulso. Así que creo que esa es más o menos la etapa en la que nos encontramos”, dijo.
Otras tácticas policiales
A pesar de la disponibilidad y el uso de esta tecnología, las operaciones de ICE siguen siendo “en gran medida una operación del siglo XX”, afirmó Graber.
Graber señaló que, aparte de las redadas aleatorias, ICE está arrestando a personas en sus audiencias ante el tribunal de inmigración, deteniendo a trabajadores afuera de Home Depot y reteniendo a quienes acuden a sus citas de control con ICE.
“En realidad no necesitan un panóptico para hacer eso, ¿verdad? Y además de eso, más de la mitad de todas las detenciones de ICE en el país ocurren porque la persona les fue entregada directamente por otra agencia de seguridad pública”, explicó.
Durante los últimos 20 años, el hecho de que el ICE reciba automáticamente las huellas dactilares de cada persona detenida en cualquier parte del país ha sido una pieza fundamental de la vigilancia del ICE, dijo Graber.
“Esto le da un poder enorme a la policía local en materia de control migratorio, porque saben que todo lo que tienen que hacer para que alguien pueda ser deportado es detenerlo. Independientemente de si se presentan cargos o no, las huellas dactilares de esa persona van a parar a ICE”, explicó.
Señaló que las leyes de santuario, que limitan la forma en que la policía y los alguaciles pueden colaborar con el ICE o participar en la aplicación de las leyes de inmigración, tienen un enorme impacto en los resultados de dicha aplicación.
“Es un tema bipartidista. No es un tema liberal ni conservador. Ninguno de nosotros quiere que el gobierno tenga tanto poder sobre lo que debería ser una sociedad libre en este país”, agregó Soltani.
Briana Méndez-Padilla es becaria de California Local News reportando para Impulso.
Brian Hofer ha liderado la lucha por la reforma de la vigilancia a nivel municipal en más de 100 jurisdicciones de todo el país, Jonathan Paz es educador y organizador comunitario, y ha ayudado a capacitar a miles de residentes para que documenten de manera segura la actividad del ICE y Abdi Soltani ha perseguido prioridades a largo plazo para fortalecer la presencia de la ACLU en el Valle Central de California y hacer oír más la voz de la ACLU en materia de políticas estatales en el Capitolio de California. (izq. a der.)
WeEvolveIT