*La Federación Hispana y el presidente del Caucus Hispano del Congreso Adriano Espaillat.
El Presidente del Caucus Hispano del Congreso (CHC), Rep. Adriano Espaillat (NY-13), Hispanic Federation, y sus aliados emitieron este lunes 3 de noviembre propuestas para restaurar la supervisión congresional de la policía migratoria y para reformar ICE para asegurar la rendición de cuentas y promover la seguridad pública.
En una conferencia de prensa conjunta, el Rep. Espaillat y el Presidente y CEO de Hispanic Federation, Frankie Miranda, explicaron sus planes para restaurar la supervisión sobre la policía migratoria, fortalecer las medidas de protección comunitarias, e implementar reformas de peso.
“En semanas recientes, hemos sido testigos de actos profundamente preocupantes. Redadas en lugares sensibles, el uso de gas lacrimógeno y sustancias tóxicas, el arresto y deportación de beneficiarios de TPS, residentes permanentes, recipientes de DACA y hasta ciudadanos americanos,” dijo el Rep. Adriano Espaillat, presidente del CHC. “Estoy orgulloso de trabajar con Hispanic Federation y nuestros aliadas para presentar la campaña de supervisión legislativa que restaurará los pesos y contrapesos a nuestra implementación de leyes migratorias. Adicionalmente, tengo un plan de 10 puntos de acción comunitaria que creo es muy práctico y una forma de responder a esta guerra abierta que vemos a diario.”
“Estamos haciendo un llamado al Congreso para proteger los derechos fundamentales asegurando que todo quien sea aprehendido por ICE tenga acceso a representación legal, traductores y cuidados médicos,” dijo Frankie Miranda, Presidente y CEO de Hispanic Federation. “Debemos reformar los protocolos de los agentes volviendo a imponer requerimientos de aprobación pre-arresto, hacer obligatorio el uso de cámaras corporales, y requerir identificación plenamente visible. La rendición de cuentas no puede existir en la penumbra. El Congreso debe implementar estas reformas para preservar la democracia, proteger nuestra seguridad colectiva, y sostener los principios de nuestra nación.”
El plan de 10 puntos
Este recurso de la Presidencia del CHC se proporciona a organizaciones sin ánimo de lucro, organizaciones de base y gobiernos locales, a la luz de las recientes violaciones de lugares sensibles, el uso de gas lacrimógeno y productos químicos tóxicos, la agresión al senador Padilla y el despliegue de la Guardia Nacional en ciudades de todo el país. Los informes sobre detenciones ilegales de beneficiarios del TPS y el DACA, así como de ciudadanos estadounidenses, subrayan la urgente necesidad de una respuesta inmediata y coordinada para detener la instrumentalización de las fuerzas del orden y salvaguardar los derechos civiles.
1. Infraestructura de respuesta rápida: Activar las redes de respuesta rápida estatales y locales para proporcionar apoyo inmediato legal y sobre el terreno durante las acciones de aplicación de la ley, garantizando la coordinación en tiempo real entre socios de confianza
y cargos electos. Establecer una red de derivación para servicios integrales críticos, como vivienda, transporte y gestión de casos, junto con asistencia jurídica para estabilizar a las familias y comunidades en crisis.
2. Zonas seguras, corredores y supervisión de la aplicación de la ley: Designar escuelas, pequeñas empresas y locales comunitarios como zonas seguras y establecer corredores de protección donde se prohíba la actividad policial en virtud de las directrices sobre lugares sensibles. Exigir investigaciones de supervisión, realizar un seguimiento e informar públicamente de todos los incidentes relacionados con abusos por parte de las fuerzas del orden federales.
3. Campaña de educación y sensibilización pública: Utilizar los recursos de la campaña «Aprender sin miedo» de CHC para lanzar una campaña multilingüe local en la que se describan los derechos de la comunidad, lo que se debe y no se debe hacer durante los encuentros con las fuerzas del orden, y la información de contacto de emergencia para obtener apoyo legal y de seguridad. Incluir medidas preventivas, como la planificación de emergencias para padres indocumentados de menores y evaluaciones legales para identificar alternativas de ayuda en materia de inmigración.
4. Centro consolidado de servicios jurídicos: Coordine las organizaciones de asistencia jurídica, los colegios de abogados y los abogados de inmigración en un sistema centralizado de derivación y admisión para gestionar las detenciones masivas, las arrestos ilegales y las violaciones de los derechos civiles. Invierta en el fortalecimiento de la capacidad programática y de infraestructura de este sector para satisfacer la creciente demanda.
5. Protocolo de cierre parcial para escuelas: Desarrollar un marco de «cierre parcial» que permita a las escuelas asegurar los campus, limitar la entrada y comunicarse discretamente con las familias, manteniendo la calma y la seguridad de los estudiantes.
6. Iniciativa de documentación y rendición de cuentas: Capacitar a voluntarios para documentar y denunciar de forma segura las actividades ilegales del ICE o de las fuerzas del orden. Crear una herramienta centralizada de denuncia para verificar los incidentes y preservar las pruebas para su revisión legal o por parte del Congreso.
7. Protocolos de seguridad para estudiantes de secundaria: Implementar planes de seguridad informados sobre el trauma para estudiantes de secundaria, incluyendo redes de apoyo dirigidas por compañeros y acceso inmediato a asesoramiento después de incidentes de aplicación de la ley.
8. Adaptaciones para el aprendizaje virtual: Alentar a los distritos escolares a autorizar opciones de aprendizaje virtual a corto plazo para los estudiantes que tienen demasiado miedo de asistir a la escuela debido a la actividad policial o la presencia de la Guardia Nacional, garantizando así una educación ininterrumpida.
9. Visitas a los tribunales de inmigración: Establecer visitas periódicas del Congreso y la comunidad a los tribunales de inmigración y los centros de detención para supervisar el trato, identificar las violaciones del debido proceso y garantizar la transparencia en
los procedimientos.
10. Marco de responsabilidad federal-estatal: Instar al Departamento de Justicia y al Departamento de Seguridad Nacional a que restablezcan y publiquen directrices vinculantes que limiten la aplicación de la ley cerca de lugares sensibles, prohíban el uso
de agentes químicos y protejan a todos los residentes, independientemente de su situación, de la discriminación.
Puede ver la conferencia de prensa completa AQUÍ.
