*Las dos compañías más importantes que administran los centros de detención y correccionales están listas para obtener ganancias gracias a las políticas inmigratorias agresivas.
Por Centro Brena
El precio de las acciones de las dos compañías más grandes del país propietarias y administradoras de prisiones y centros de detención de inmigrantes que cotizan en bolsa subió vertiginosamente de inmediato después del triunfo de Donald Trump como presidente.
Las acciones de GEO Group y CoreCivic volvieron a subir el día después de que el presidente electo anunció como su “zar fronterizo” a Tom Homan, quien dirigió las operaciones de control inmigratorio durante la primera administración de Trump. En su discurso durante la Convención Nacional Republicana de este verano, Homan dijo: “Tengo un mensaje para los millones de extranjeros ilegales que Joe Biden ha dejado sueltos en nuestro país. Mejor que ahora entren en pánico”.
Esta no es la primera vez que las acciones de compañías de prisiones se disparan a precios astronómicos tras la noticia de que Trump se hace cargo de la Oficina Oval. Cuando fue elegido en 2016, la industria de las prisiones privadas —que varios analistas habían descrito como un sector golpeado— se recuperó de inmediato. A las dos semanas, CNBC señaló que un analista había escrito en una nota académica: “La victoria de Trump les cambió la historia a estas corporaciones”.
Que este sea un fenómeno repetido no debería sorprendernos. Haciéndose eco de la retórica de su primera campaña, Trump dedicó gran parte de su campaña durante los últimos años prometiendo que iba a llevar a cabo “la operación de deportaciones más grande de la historia de nuestro país”. Evidentemente, el énfasis de la próxima administración sobre el control inmigratorio les dio la confianza que los inversores necesitaban para apostar por las acciones de estas compañías, que se benefician de los contratos con el gobierno para administrar las prisiones y los centros de detención.
Hay dos corporaciones clave en esta industria que están particularmente bien posicionadas para prosperar durante un segundo mandato de Trump. GEO Group, el mayor contratista del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), anunció que el 43 por ciento de sus ingresos en 2023 provino de sus negocios con ICE. CoreCivic, el segundo contratista más grande, reveló en su informe anual de 2023 que el 30 por ciento de sus ingresos provino de sus contratos con ICE.
Estas compañías parecen saber muy bien que les esperan mayores ganancias en el futuro. Tal como el presidente ejecutivo de GEO Group, George Zoley, indicó el 7 de noviembre durante una teleconferencia sobre los resultados de la compañía, “GEO Group fue creado para este momento único en… la historia de nuestro país y para las oportunidades que nos brindará”.
Un beneficio menos obvio, pero aún importante es que las subsidiarias de transporte de GEO Group y CoreCivic probablemente también obtengan más contratos con el gobierno federal, si se avanza con los planes de deportación a gran escala. Por lo general, la deportación no es una operación inmediata: la gran cantidad de gente que pase por la enorme infraestructura inmigratoria de los Estados Unidos va a necesitar transportarse de un centro a otro y hacia las audiencias judiciales. El CEO de GEO Group reconoció el potencial de sus servicios de transporte durante la teleconferencia sobre resultados de noviembre cuando indicó: “Creemos que tenemos las capacidades de expandir la provisión de estos servicios para asistir a ICE a la hora de trasladar a cientos de miles de personas más, si fuera necesario”.
Otros aspectos de la agenda inmigratoria propuesta por la administración de Trump también podrían generarles más ganancias a las compañías de prisiones privadas. Cuando se trata de “la ley y el orden”, la plataforma de la campaña de Trump declara que su administración va a “aumentar las sanciones contra las agresiones a las fuerzas del orden público, colocar a los delincuentes violentos y de carrera tras las rejas y realizar un fuerte despliegue de fiscales federales y oficiales de la Guardia Nacional en las comunidades más afectadas por el delito”. En la actualidad, la ley no le permite el Departamento de Justicia (DOJ) contratar directamente a empresas con fines de lucro para que alojen a las personas mientras esperan su juicio o cuando se las condena de algún delito. Pero lo más probable es que esto vaya a cambiar.
Los últimos presidentes han seguido la costumbre de deshacer las políticas de sus predecesores en cuanto a los contratos entre el DOJ y las compañías de prisiones con fines de lucro. En agosto de 2016, bajo el presidente Barack Obama, la entonces vicefiscal general Sally Yates envió un memo a la Oficina Federal de Prisiones para ordenarle que no renovara los contratos con las compañías de prisiones con fines de lucro. A los seis meses, el fiscal general del entonces presidente Trump rescindió el memo de la administración de Obama y le ordenó a la Oficina Federal de Prisiones que reanudara los contratos con las compañías de prisiones con fines de lucro. Luego, en enero de 2021, durante los primeros días del presidente Biden en la Casa Blanca, Biden firmó una orden ejecutiva mediante la cual le ordenaba al fiscal general que no renovara los contratos del DOJ con los centros de detención operados por empresas privadas. La orden de Biden amplió la política de la era Obama cuando la aplicó no solo a la Oficina Federal de Prisiones sino también al Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos, ambas agencias a cargo del Departamento de Justicia.
Es previsible que haya un nuevo contraataque, ya que es casi seguro que el presidente electo Trump anulará la orden ejecutiva existente que logró rescindir con éxito todos los contratos con empresas privadas que tenía la Oficina de Prisiones y muchas de las que tenía el Servicio de Alguaciles.
Además de simplemente alojar y transportar a las personas indocumentadas, las corporaciones de prisiones privadas también se preparan para beneficiarse de las operaciones de supervisión de personas indocumentadas que viven en la comunidad. Por ejemplo, BI Incorporated, subsidiaria de GEO Group, actualmente tiene un contrato con ICE para brindarle servicios de gestión de casos y supervisión que son parte del Programa de Comparecencia y Supervisión Intensiva (ISAP) del gobierno federal. Por lo general, esto implica proporcionar servicios de citas telefónicas, monitoreo por GPS y vigilancia mediante la aplicación SmartLINK (que utiliza el reconocimiento facial y otras tecnologías).
Durante la teleconferencia sobre los resultados de GEO Group, el CEO dijo: “Prevemos que la nueva administración Trump tome un enfoque mucho más expansivo a la hora de monitorear a los varios millones de personas que actualmente se encuentran en el registro de los no detenidos”. En la misma llamada, el presidente ejecutivo explicó que, en lo que se refiere al Programa de Comparecencia y Supervisión Intensiva (ISAP), pueden “expandir sus servicios desde los actuales 182,500 participantes hasta varios cientos de miles o incluso millones de participantes”.
Al parecer, CoreCivic no tiene ningún contrato para brindar este tipo de servicios en este momento, pero eso podría cambiar en los próximos cuatro años, ya que el contrato actual de GEO se vence en mayo de 2025.
El reciente boom de las acciones de la industria de las prisiones privadas pone de manifiesto la cruda realidad que describí en mi libro Inside Private Prisons: la detención masiva de personas indocumentadas está inextricablemente relacionada con el crecimiento de las compañías que se benefician de las prisiones y la detención de personas.
Cabe aclarar que estas corporaciones no son los responsables directos por las políticas inmigratorias del país. Desde la perspectiva empresarial, los servicios que ofrece la industria de las prisiones privadas satisfacen la desesperada necesidad del gobierno de encontrarle alojamiento a la cantidad cada vez mayor de personas que el gobierno busca detener. Es cada vez más frecuente que el gobierno federal contrate a corporaciones privadas para desempeñar esta función, ya que, al año 2023, más del 90 por ciento de los inmigrantes detenidos se encuentran alojados en centros que son propiedad o son administrados por compañías privadas con fines de lucro.
Pero, tal como han señalado durante las últimas décadas muchas personas y grupos que abogan por los derechos individuales y elaboran políticas, el modelo de negocio de estas compañías de prisiones con fines de lucro posibilita los incrementos grandísimos en la cantidad de detenidos, porque le ofrece al gobierno una capacidad inmensa. Por lo tanto, mientras nos acercamos al borde del precipicio de una explosión de detenciones masivas, es fundamental reconocer que, si estas corporaciones no existieran, sería difícil para el gobierno federal ejecutar sus planes.
Traducción de Ana Lis Salotti.
