Con un voto de 69-4, el Senado aprobó el proyecto de ley de la Asamblea (AB) 323 el martes. Propone otorgar a los medios de comunicación étnicos, las publicaciones medianas y los periódicos diarios un año adicional para buscar modelos de distribución alternativos y sostenibles que no involucren conductores contratados. Eso les permitiría cumplir con la controvertida ley laboral AB 5 del estado.
La AB 323, conocida como la “Ley para salvar el periodismo local”, que ahora está a la espera de la firma del gobernador, entraría en vigor el 1 de enero de 2023 si se firma.
La asambleísta Blanca Rubio (D- Baldwin Park) es la autora del proyecto de ley.
“AB 323 proporciona un puente para que nuestros periódicos locales continúen informando a los lectores y sus comunidades. Hoy el proyecto de ley se aprobó con un apoyo abrumador y se dirigirá al gobernador Newsom ”, dijo Rubio a través de su cuenta de Twitter el 31 de agosto.
La AB 323 también requerirá que las agencias estatales contraten con medios de comunicación comunitarios y étnicos para promover sus campañas de concientización pública a fin de llegar a las comunidades desatendidas en todo el estado.
La AB 5 se promulgó para hacer cumplir un fallo de la Corte Suprema de California de 2018 comúnmente llamado “Ley Dynamex”. Originalmente, la legislación se centró principalmente en lo que algunos legisladores consideraban “abusos” por parte de grandes empresas como Uber, Lyft y otras empresas de reparto de viajes compartidos y basadas en aplicaciones. Dicen que esas corporaciones dependen de una fuerza laboral de contratistas, pero no les brindan a esos trabajadores ningún beneficio laboral ni otras protecciones laborales exigidas por la ley de California.
En la cámara de la Asamblea antes de la votación en el piso, la asambleísta Lorena González (D-San Diego), quien fue la autora de AB 5 y votó “no” en AB 323, dio un testimonio apasionado.
“No puedo condonar ni apoyar un modelo de negocio insostenible que opera a expensas de los trabajadores con salarios bajos”, dijo González a sus colegas.
Pero los críticos dicen que la intención de AB 5 se perdió en su lenguaje y aplicación, alegando que lanzó una red demasiado amplia y que terminó perjudicando a algunos contratistas, incluidos artistas, dentistas, escritores, vendedores, músicos, traductores y otros. Esas son personas que generalmente prefieren la independencia y flexibilidad de ser autónomos o propietarios únicos, argumentan.
Desde que se aprobó la AB 5 hace aproximadamente un año, los legisladores han creado varias exclusiones para eximir a algunas de las categorías profesionales afectadas, lo que les permite continuar trabajando como contratistas independientes según la ley. Pero muchos siguen afectados.
En octubre de 2019, el gobernador Newsom firmó AB 170, una ley que otorgó a los periódicos en California una extensión de un año (hasta fines de 2020) para reclasificar a los conductores contratados que entregan sus periódicos como empleados W-2, o proponer una nueva forma de distribuir sus periódicos a los suscriptores.
AB 323 extiende esa fecha de expiración que actualmente exime a los transportistas de periódicos de las restricciones de AB 5 hasta fines de 2021. Hasta entonces, esas publicaciones no tendrán que cumplir con los criterios de tres partes, comúnmente conocido como la prueba “ABC”, que el estado utiliza para determinar si los trabajadores son empleados o contratistas independientes.
Al ofrecer un amortiguador para los transportistas, AB 323 también tiene como objetivo fortalecer y estabilizar las organizaciones de noticias de la comunidad de California al tiempo que protege su capacidad para proporcionar a todos los californianos información importante sobre noticias y eventos en sus comunidades.
“Estamos viviendo tiempos de disturbios y cambios sin precedentes, y la necesidad nunca ha sido mayor de medios especializados que faciliten una mejor participación cívica y una mejor comunicación intercultural”, dijo Regina Brown Wilson, directora ejecutiva de California Black Media. “El liderazgo de la asambleísta Rubio y el apoyo inquebrantable de los coautores y partidarios de AB 323 hacen posible que nuestros medios continúen con su misión de informar mejor a nuestras comunidades”.
El proyecto de ley alienta al Departamento de Servicios Generales (DGS) a ser responsable de garantizar que las agencias estatales incluyan a las organizaciones de noticias locales en sus campañas publicitarias y de concienciación pública. DGS es el gerente comercial de California y proporciona soluciones comerciales y de adquisiciones para agencias locales y estatales.
“La Primera Enmienda y nuestra prensa independiente son fundamentales para el intercambio abierto de diversas ideas y perspectivas. Mis colegas y yo traemos puntos de vista variados al Capitolio, pero como lo demuestra el abrumador apoyo bipartidista a AB 323, estamos unidos en nuestro apoyo a nuestros medios de comunicación locales y los ciudadanos a los que sirven ”, dijo Rubio en un comunicado escrito.
