- Ya más de 20 estados demandaron a la administración Trump.
- Expertos en inmigración sugieren estar informados porque cada caso es diferente y consultar un abogado de inmigración u organizaciones que apoyan a los inmigrantes en el tema de dicha norma.
Los Ángeles, Cal.- A unos días de entrar en vigor la nueva norma de «carga pública» expertos piden a las personas a no sentir temor poque aunque se prevé que el impacto está dirigido a la comunidad inmigrante, que va a elegir entre su salud y cambiar su estado migratorio, a no todos les afecta.
“Es importante que no tengan pánico y que cada familia evalué qué sostener como prioridad”, dijo Adriana Cadena, Directora Ejecutiva de la Protecting Immigrant Families Coalition, al explicar que muchas veces las personas no tienen forma de adquirir un cambio de estatus migratorio y que no deberían dejar sus programas de protección social por miedo.
La nueva norma de «carga pública» entra en efecto este próximo viernes 18 de septiembre y es una política que va aplicar la ley de inmigración y ahorrar 13 mil millones de dólares por los programas de protección social que el gobierno federal pretende dejen los indocumentados.
Daniel Torres responsable de Equidad de la Agencia de Salud y Servicios Humanos de California (CALHHS por sus siglas en inglés) dijo durante la video conferencia de American Community Media (ACoM) el pasado 9 de septiembre que la política actual es para crear temor entre la comunidad y para ahorrar dinero como consecuencia del impacto disuasorio a programas de protección social.
“Ellos quieren y están impactando tantas leyes de inmigración para que resulten en eso…para ahorrar costos”, dijo al sostener que en el 2019 (la administración Trump) no fue tan obvia pero que ahora sí.
“La nueva regla otorga mucha discreción”, indicó Torres luego de advertir que no existe un requisito de transparencia y no se sabrá porque se le niegue a alguien una tarjeta de residencia.
Para Cadena la ley de migración a partir de 1999 ha cambiado y la tarjeta verde depende del gobierno en donde parte del proceso para obtenerla funciona como una parte discriminatoria hacia las personas de color y en donde no hay una guía clara de lo que es considerado «carga pública».
De hecho dijo que la «carga pública» de Trump fue un objetivo para penalizar las redes de seguridad esenciales buscando a las personas que usaban MediCal.
Y explicó que más de una cuarta parte de las personas estadounidenses menores de 16 años dependen de MediCal para su seguridad de salud. “El 92% de las personas que trabajan con Medicare, son trabajadores activos y esto impacta”, afirmó.
Mencionó que la corte federal en el 2021 cambio la regla de carga pública, y luego en el 2022 se reinstaló la guía del 1996, reformulando como una regulación federal con el gobierno de Trump y evaluando el cuidado de salud a largo plazo.
Según Cadena la regla del 2022, que todavía está en efecto, tiene dos cosas que son criticas:
-Prohíbe explícitamente que los niños de las familias, si usan beneficios, sean considerados en la evaluación de «carga pública».
– Y que programas críticos como Salud Nutricional y Salud se aplique como «carga pública» contra los que estén aplicando para los beneficios.
Pero dijo que esta administración de nuevo ha usado la evaluación bajo una nueva regla y hace que la regulación del 2022- incluya las protecciones antes mencionadas- abriendo la puerta para que en el proceso de la obtención de la tarjeta verde se base en cuestiones políticas y en la persona que este haciendo la evaluación.
“Los programas como Medical y de seguridad es la nueva política a pesar de los programas de jubilación y otros beneficios universales, entonces cualquier persona en una familia que tengan esos beneficios pueden, al igual que otros programas para niños, ser considerado que el candidato a la tarjeta verde sea de bajos ingresos y “activar” la evaluación de «carga pública»”, dijo. “Y es un efecto en las familias de inmigrantes para tener estos beneficios”.
Considera que la política de «carga pública» hace que las personas que se postulan para una tarjeta verde elijan entre su salud y su cambiar su estatus.
Refirió que durante la pandemia en el 2019 dicha norma negó los beneficios que se necesitaban a las familias y que ahora, en estos momentos, es mucho más peligrosa en el momento en que se viola la ley y se afecta a las comunidad más vulnerables.
“La política de Trump está en contra de la voluntad del pueblo americano porque un buen porcentaje de personas realmente están a favor de los inmigrantes”, mencionó.
Luego mencionó que lo que se puede hacer es incluir ir a más de 50 personas del Congreso para que se opongan a la norma y la bloquen. En este sentido comentó hay 15 senadores que están apoyando en contra de su implementación.
“Para los candidatos electos esto debe ser prioritario”, sostuvo al considerar que espera que los líderes estatales también la bloquen como ya ha pasado en el pasado.
Esta semana más de 20 estados han presentado una demanda contra la administración Trump por su política de restringir la tarjera de residencia permanente a los inmigrantes que reciban ayudas públicas, según reportes del NY Times.
“Las familias inmigrante son esenciales para la fortaleza y para el carácter de nuestras comunidades, entonces debemos tomar acción inmediata para protegerlas de estas políticas perjudiciales”, dijo Cadena.
Ariel Brown, abogada experta en inmigración sobre carga pública, TPS, Parole, entre otros temas sostuvo que es muy difícil darle consejos a las personas sobre «carga pública» debido a que es muy subjetiva a prejuicios y sus criterios están muy abiertos.
Hizo énfasis en que la regla va a crear y está creando mucha confusión por su diseño y que va a tener efecto entre la comunidad inmigrante que está usando los programas.
A pesar de que considera que va a crear miedo entre la comunidad inmigrante resaltó que la norma no se aplica a los asilados, refugiados, o quienes tienen visas o renovación de las tarjetas verdes (Green Card), ni para quienes buscan su ciudadanía de inmigración, porque no van a ser evaluados por la medida. “Tal vez no estén sujetos a «carga pública» y no se aplica a todos los inmigrantes”, sostuvo.
Por su parte, Sarah Dar quien es vicepresidenta de Políticas y Defensa de Derechos de The Children’s Partnership habló del impacto en las familias de estatus mixto indicando que el 24% de los niños viven con un padre nacido fuera del país. “Un millón de niños tienen un padre indocumentado y son niños ciudadanos americanos”, afirmó.
Dijo que según datos de una encuesta el 58% de los niños con padres indocumentados tienen ansiedad y un 48% de los niños han faltado a la escuela y tienen dificultades.
De acuerdo a una investigación de la Universidad de Stanford el ausentismo estudiantil aumentó un 22% en el Valle Central rural de California tras las redadas de principios de 2025. Como resultado, los estudiantes de los distritos escolares de Bakersfield City Elementary, Fresno Unified, Kerman Unified, Southern Kern Unified y Tehachapi Unified perdieron en conjunto aproximadamente 81.000 días de clases.
Ella al igual que los expertos Cadena y Torres considera que crear miedo es el trasfondo de la política de la norma de «carga pública» por lo que sugiere buscar información a través de un directorio de organizaciones sin fines de lucro que los ayudan a resolver sus dudas sobre si puede o no impactarlos por la norma.
Cheryl Branch, Directora Ejecutiva de Los Angeles Metropolitan Churches reconoció que la norma es un castigo para las familias que intentan sobrevivir, como los 2 millones de personas que viven en su vecindario del Sur de Los Ángeles.
Branch ayuda a las familias sin estatus migratorio a conectarlos con abogados de inmigración entre ellos los de la diáspora africana, mexicanos y de América del Sur para que juntos puedan enfrentar los desafíos migratorios en marcha.
Daniel Torres responsable de Equidad de la Agencia de Salud y Servicios Humanos de California (CALHHS por sus siglas en inglés), Sarah Dar quien es vicepresidenta de Políticas y Defensa de Derechos de The Children’s Partnership y Cheryl Branch, Directora Ejecutiva de Los Angeles Metropolitan Churches. (izq. a der.)
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