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LOS ANGELES – Los que apoyan la Proposición estatal que requiere mejoras en las plantillas de las clínicas de diálisis dicen que las pobres condiciones laborales crean un riesgo de seguridad para los miles de californianos que se están tratando por fallo renal en etapa terminal.
La SB 349, la Ley de Seguridad de Pacientes de Diálisis, encargaría inspecciones anuales de clínicas de diálisis. La ley actual requiere inspecciones cada seis años; en comparación, los geriátricos de California deben ser inspeccionados todos los años, y los hospitales cada dos años.
Si se promulga, los dueños de las clínicas de diálisis también tendrían que adherirse a nuevas proporciones de plantilla-paciente diseñadas para asegurar que los trabajadores tengan por lo menos 45 minutos para preparar las estaciones de diálisis entre cada paciente.
El tratamiento de diálisis tiene que ver con el drenaje y filtraje de sangre para la eliminación de toxinas. Luego se le devuelve la sangre al paciente. Las infecciones de sangre que resultan de un equipo contaminado son uno de los peligros cuando los trabajadores de las clínicas no tienen tiempo para limpiar bien sus estaciones.
Los defensores de la proposición dicen que las plantillas de las clínicas de diálisis es un tema importante en las comunidades de color, y citan las estadísticas que señalan que el fallo renal y las infecciones relacionadas con el diálisis son mayores entre los afroamericanos y los latinos.
Arriba: Daisy Dizon Reyes, enfermera registrada, habla con los medios en la rueda de prensa.
“A los pacientes se les pasa de prisa por el proceso de tratamiento”, dice Joan Allen, defensora de relaciones gubernamentales para la Service Employees International Union-United Healthcare Workers West (SEIU-UHW). “Algunos pacientes dejan la clínica aún sangrando, exponiéndose a una infección. Los cuidadores necesitan suficiente tiempo para limpiar y desinfectar la silla … La proposición se necesita porque sin suficiente tiempo de transición y suficiente plantilla, no se puede tratar a los pacientes de manera segura”.
Allen habló en un foro de medios acerca de la proposición el 4 de mayo. Los trabajadores de clínicas de diálisis están actualmente intentando organizarse para unirse a la SEIU-UHW porque las dos compañías que dominan la industria del tratamiento del estado, DaVita y Fresenius Medical Care, no han respondido a las preocupaciones de la plantilla, dice Megallan Handford, una enfermera de diálisis del Condado de Riverside.
Handford dice que ha tenido que trabajar con hasta 24 pacientes a la vez.
“Se trata de ganancias”, dice. “Las políticas y los procedimientos de la compañía nos condenan a fallar … Cuando sacas los temas, te ponen en el punto de mira y te despedirán. La industria no quiere que tengamos voz”.
Vince Gonzales, de Pomona y paciente de diálisis que asistió al foro, dice que, mientras recibía tratamiento en una clínica, vió a un paciente morir.
“Me pregunto, ‘¿Podré ser el siguiente?’”, dice. “El otro día, entré en un centro de diálisis que tenía 16 pacientes y una enfermera. Para mí, eso es una llamada de atención”.
Emanuel, el hijo de Gonzales, les contó a los periodistas que decidió ser enfermero de diálisis después de ver la dedicación que mostraban algunos enfermeros de diálisis con su padre, y deseó “retribuir” a otros pacientes.
Diversos pacientes en el foro también exigieron aumentar la plantilla. Brenda Grant de Oakland contó una experiencia.
“Después del tratamiento, la enfermera me dijo, ‘Brenda, necesitamos esta silla’”, dice. “Me sentía un poco débil pero tuve que pararme e irme”.
Cristina Castro, una paciente de Sacramento, dice que también ha tenido que transigir en cuanto a su tratamiento porque la plantilla estaba sobresaturada y tuvieron que meterle prisa para entrar y salir rápido.
“Apoyo la proposición porque las clínicas no tienen suficiente plantilla”, dice.
Una coalición de compañías de tratamiento de diálisis se opone a la proposición, que ha pasado por dos de los comités necesarios para estar calificada para un voto entero del senado estatal. Las compañías sostienen que el aumento de los costos asociado con la medida podría forzar cierres de clínicas en todo el estado y reducciones de disponibilidad de citas.
Algunas clínicas situadas en comunidades de color posiblemente tendrán que cerrar si se aprueba la proposición, salvo que el gobierno federal proporcione más fondos para el tratamiento de diálisis, según el Dr. Randall Maxey, proveedor de tratamientos renales en Los Ángeles y dueño de clínicas en Puerto Rico. Actualmente, 562 clínicas proporcionan diálisis para 63,000 pacientes de California.
“Esta legislación parece ser buena, pero como médico, sé que estamos fuertemente regulados”, dice. “Necesitamos un sistema mejor”.
Cass Gualvez, la directora organizadora de SEIU-UHW, dice que las pruebas no apoyan la preocupación de que la legislación daría pie a reducciones en las operaciones de las clínicas. Dice que otros ocho estados con estándares de mínimos de plantilla en clínicas no han tenido disminuciones en los centros de tratamiento.
“Las compañías de tratamiento de diálisis [de California] tuvieron $3 mil millones de ganancias en 2015”, dice Gualvez. “Así es que hay suficiente dinero para más plantilla”.
