Por Rachel Leviston-Waldman/Brena Center
Las últimas noticias indican que el Departamento de Estado les ha pedido a las embajadas y consulados de EE. UU. que dejen de programar entrevistas para visas estudiantiles hasta que se emitan instrucciones sobre cómo implementar los controles obligatorios de las redes sociales para todas las personas extranjeras solicitantes de visas estudiantiles. El monitoreo de los perfiles en las redes sociales de las personas inmigrantes o turistas por parte del gobierno de los EE. UU. no es nuevo. Por ejemplo, desde 2019 las solicitudes de visa a los EE. UU. han requerido que la persona solicitante indique sus nombres de usuario de las redes sociales. Aquí creamos una línea de tiempo completa de estos esfuerzos.
Desde hace mucho tiempo objetamos esta práctica. Más recientemente, el Brennan Center y el Knight First Amendment Institute expresaron nuestra preocupación en un comentario donde se le exigía al Departamento de Estado (DHS) que abandonara la propuesta de recolectar los nombres de usuario en las redes sociales de las más de 3 millones de personas que cada año solicitan beneficios migratorios.
No queda claro si esta nueva iniciativa amplía los esfuerzos anteriores de investigación en las redes sociales. Pero sugiere que el gobierno planea implementar las directrices anteriores, que exigen investigar a toda persona por “actitudes hostiles” hacia la “cultura” y los “principios fundamentales” de los EE. UU.
Estos son términos increíblemente ambiguos y amplios que alentarán el rechazo de las personas solicitantes que, de lo contrario, serían perfectamente elegibles, bajo pretextos, probablemente como la participación en una actividad protegida por la Constitución de los Estados Unidos.
Ese puede ser el objetivo. En casos de gran repercusión como los de Mahmoud Khalil y Rümeysa Öztürk —los dos, estudiantes internacionales—, el gobierno indicó que la expresión de sus posturas políticas eran un motivo clave (si no el único) de sus deportaciones.
Tal como señaló un juez federal en una decisión que ordenó la liberación de Öztürk hasta que se resuelva el procesamiento pendiente, la estudiante presentó una alegación viable conforme a la Primera Enmienda, porque la única evidencia que dio el gobierno para justificar su arresto/detención fue una columna de opinión que la estudiante había escrito sobre Israel.
Los tribunales también han permitido que sigan adelante algunas demandas judiciales en contra de la política más amplia del gobierno de realizar deportaciones ideológicas, según lo establecido por la Primera Enmienda.
Ya sea que el gobierno esté apuntando o no intencionalmente contra posturas que no son de su agrado, el monitoreo de redes sociales menoscaba la libertad de expresión. El caso pendiente que llevamos adelante junto al Knight First Amendment Institute documenta estos efectos en directores de cine que quieren solicitar visas en los EE. UU.
Por otro lado, el gobierno federal nunca ha demostrado que el monitoreo de redes sociales sea un método efectivo, a pesar de haberlo puesto a prueba varias veces. Por ejemplo, un análisis realizado en 2021 por funcionarios de inteligencia reveló que los nombres de usuario en las redes sociales no agregaron “ningún valor” al proceso de investigación inmigratoria.
De hecho, la oficina de la Casa Blanca que aprueba los reglamentos federales ya rechazó una propuesta de recolectar los nombres de usuario de las redes sociales en los formularios migratorios y recalcó que el gobierno no demostró la “utilidad práctica” de recolectar estos datos, tal como lo exige la ley.
Cabe destacar que los esfuerzos de la administración de investigar a los estudiantes internacionales no van dirigidos únicamente contra las personas con ciertas posturas sobre el conflicto entre Israel y Palestina. Por ejemplo, el secretario Rubio anunció ayer que iba a trabajar para “revocar agresivamente” las visas de estudiantes de China.
Las directrices del Departamento de Estado sobre el monitoreo de redes sociales también deben considerarse dentro del contexto de sus intentos de castigar a las universidades por sus diferencias políticas, por ejemplo, cuando intentó prohibir que Harvard admita a estudiantes internacionales.
Si bien desde hace mucho estamos preocupados por el fuerte uso de las redes sociales de parte del gobierno federal para investigar y monitorear, este nuevo acontecimiento —y el contexto de donde surge— no hace más que profundizar esa preocupación. Le urgimos al Departamento de Estado que abandone esta iniciativa.
