- Tras una audiencia preliminar de seis días, una jueza del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles dictaminó que Price deberá responder por los 12 cargos de corrupción pública.
LOS ÁNGELES — El caso de corrupción pública grave contra el concejal de Los Ángeles, Curren Price, procederá a juicio, según dictaminó hoy una jueza del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles.
“Este es un paso importante para que el concejal de Los Ángeles, Curren Price, rinda cuentas por años de presunta corrupción”, declaró el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan J. Hochman. “Nuestra División de Integridad Pública ha estado preparada para ir a juicio desde que se presentaron los cargos inicialmente. Las reglas son claras: los funcionarios electos no pueden enriquecerse a expensas de sus electores, no pueden mentir en los formularios de declaración de intereses y no pueden votar sobre asuntos en los que tengan un conflicto de intereses. Durante la audiencia preliminar, demostramos que el concejal Price incurrió en estos actos repetidos de engaño, fraude y conflicto de intereses durante años, refutando sus argumentos infundados de culpar a otros, incluidos su personal y sus abogados, en lugar de asumir la responsabilidad de sus acciones”.
Price ha sido concejal del Distrito 9 de la ciudad desde 2013. Al igual que todos los demás concejales, tiene prohibido tener intereses financieros asociados con cualquier proyecto que se presente ante el Concejo Municipal.
Curren De Mille Price Jr. (fecha de nacimiento: 16/12/1950) fue acusado en 2023 de cinco cargos graves de malversación de fondos públicos, dos cargos graves de conflicto de intereses y tres cargos graves de perjurio. En agosto de 2025, se presentó una denuncia enmendada que alegaba dos cargos graves adicionales de conflicto de intereses después de que la Fiscalía descubriera pruebas de que la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Los Ángeles y LA Metro supuestamente pagaron a la esposa de Price más de 800.000 dólares al mismo tiempo que Price votaba para otorgar a estas agencias contratos multimillonarios.
Hoy, la jueza del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, Shelly Torrealba, dictaminó que Price deberá responder por los 12 cargos.
La lectura de cargos está programada para el 13 de marzo en la Sala 106 del Centro de Justicia Penal Foltz.
Price supuestamente votó sobre proyectos en los que su actual esposa, Delbra Pettice Richardson, fue subcontratada por un promotor o contratada directamente por la ciudad. Se alega que la empresa de Richardson recibió pagos por un total de más de 950.000 dólares entre 2019 y 2021 de promotores inmobiliarios, la Autoridad de Vivienda y LA Metro antes de que Price votara a favor de la aprobación de los proyectos. Mientras Richardson trabajaba para estas entidades, Price presentó y votó a favor de una moción para otorgar 30 millones de dólares a LA Metro y votó a favor de una solicitud de subvención federal de 35 millones de dólares y una solicitud de subvención estatal de 252 millones de dólares para la Autoridad de Vivienda. El personal de Price había señalado los conflictos de intereses antes de las votaciones.
Los cargos de perjurio se derivan de que Price no declaró estos conflictos en el Formulario 700 de la Comisión de Prácticas Políticas Justas de California.
Price también está acusado de malversar aproximadamente 33.800 dólares de fondos municipales entre 2013 y 2017 para pagar los beneficios médicos de Richardson, a quien falsamente presentó como su esposa, mientras aún estaba legalmente casado con Lynn Suzette Price.
La demanda enmendada alega además que Price se aprovechó de su cargo en el gobierno municipal para otorgar contratos de arrendamiento municipales y más de 2 millones de dólares en subvenciones federales para la COVID-19 a la organización sin fines de lucro Home at Last, que era inquilina de Urban Healthcare Project, donde Price se desempeñaba como director ejecutivo en el momento de las votaciones. Estos fondos estaban destinados a programas para personas sin hogar.
Lea más sobre el caso:
El caso BA515782 está siendo procesado por la fiscal adjunta Casey Higgins de la División de Integridad Pública y continúa bajo investigación por la Oficina de Investigación de la Fiscalía.
De ser declarado culpable, Price se enfrenta a una pena máxima de 11 años y cuatro meses de prisión, incluyendo hasta nueve años y cuatro meses en una prisión estatal y hasta dos años en una cárcel del condado.
Los cargos presentados en este caso son alegaciones. El acusado se presume inocente a menos que se demuestre su culpabilidad en un tribunal de justicia.
