- En el contexto de las elecciones primarias, se ejercen acciones para desmantelar el creciente poder electoral de la comunidad negra quienes han ganado más poder de representación a nivel nacional, estatal y local desde 1965.
- Prevén que los ataques seguirán contra los latinos y las mujeres.
Los Ángeles, Cal.- En el trascurso de las elecciones intermedias, activistas de defensa del voto negro denuncian que estados del Sur del Estados Unidos enfrentan la disolución de su sufragio que ha sido ganado a lo largo de la historia con sangre.
“La lucha por los derechos civiles y poderes políticos negros ha sido caracterizada por sangre, lucha y llanto, por ejemplo con la Guerra Civil que daba derechos a los negros y el progreso, pero que ha chocado por la resistencia de la supremacía blanca”, dijo Amir Badat, abogado especializado en derechos electorales y estratega político de la organización Fair Fight Action.
Durante la video conferencia organizada por American Community Media (ACoM) efectuada el pasado 15 de mayo Badat dijo que en la década de los 70’s, a través de la Acta de Derechos de los Votantes (1965), elevó la sección 2 que hablaba de la expansión de los votantes negros.
Explicó que desde la aprobación de la Ley de Derecho al Voto se ha visto cuadriplicado la expansión de la participación electoral del voto negro de pasar a menos de 10 puntos a más de 50, cumpliéndose la oportunidad del voto igualitario para las comunidades de minorías a través de las protecciones.
Sin embargo, considera que los ataques contra los votantes se han llevado desde muchos puntos de vista culminando con el caso Lousiana v. Callais.
El pasado 29 de abril, el Tribunal Supremo anuló el mapa electoral de Luisiana, que incluía dos distritos con mayoría negra, demoliendo el artículo 2 de la Ley de Derechos Electorales que prohíbe los procedimientos electorales que diluyen la representación de las minorías.
El Supremo dictaminó que la manipulación partidista de los distritos electorales y la protección de los titulares pueden justificar el trazo de mapas electorales que mermen el poder político de los votantes de minorías.
Badat señala que el dictamen es claro en la supresión de los votantes y elimina el voto. “Hemos visto todos los ataques y todos los intentos de distribuir los distritos electorales para cambiar el Congreso”, apuntó tras decir que todo está en riesgo para ser redistribuidos.
“Esto tienen consecuencias reales políticas y en las vidas diarias de las personas, en los distritos escolares, los presupuestos de las escuelas, la curricular que los niños van aprender en sus escuelas”, dijo el miembro de la Fight Action fundada en 2018 por Stacey Abrams para hacer frente a la supresión del voto en Georgia y en todo Estados Unidos.
“Quiero que las personas entiendan las consecuencias del fallo de la ley”, opinó. “Quieren hacer cambios en la Corte Suprema y en las cámaras legislativas, en varios Estados del Sur, que tendrán impacto en toda la sociedad”.
Sostuvo que el impacto sería en todo el país porque la sección 2 protege los distritos que sirven a comunidades hispanas, asiáticas y nativas indígenas.
Lo que recomienda el abogado es que la gente salga a votar aunque reconoce que los nuevos mapas electorales, si se aprueban, serán votos injustos y que diluyen el voto negro.
La Corte Suprema ha limitado las protecciones federales de los derechos civiles y una de las consecuencias del caso Callais según expertos es que desembocará en una ola de demandas legales y batallas políticas.
Antes de Callais, las protecciones antidiscriminatorias de la Ley de Derechos Electorales servían en parte como una restricción para los estados que buscaban una ventaja partidista sin límites al trazar los mapas electorales.
Pero después del fallo, se ha desatado una ola de intentos por volver a trazar los distritos electorales para eliminar los distritos de raza negra, un ejemplo es Luisiana, Alabama, Misisipi y Florida que aprobó un nuevo mapa.
“Me preocupa Tennessee, que están eliminando el único Distrito Congresional que es mayoritariamente negro”, dijo Mitchell Brown, asesor jurídico principal y coordinador de derechos electorales de Southern Leadership.
Explicó que fue redibujado para eliminar un asiento democrático y que le preocupa que no se preste atención a la sentencia de Callais que atenta contra la sección 2.
Para el asesor el fallo “es anticonstitucional” y eso le preocupa.
Al igual que Badat considera que la sección 2 ha sido una gran herramienta de defensa por los derechos de las personas estadounidenses nativas y desafían los daños que hacen los mapas electorales. “Lo que va pasar es que se va a diluir el voto, se va a negar el voto”, afirmó.
Suspensión de la elección de las primarias en Luisiana
Entre las implicaciones del fallo de Lousiana v. Callais fue que el 30 abril el gobernador de Luisiana, Jeff Landry suspendió las elecciones.
Davante Lewis, elegido en 2022 para ocupar el cargo de comisionado de Servicios Públicos de Luisiana por el tercer distrito de Luisiana, que incluye Baton Rouge y Nueva Orleans dijo que el fallo es muy peligroso porque los republicanos redibujarían los distritos electorales y moverían las elecciones para noviembre.
Lewis dijo que hace dos meses empezó la votación temprana de las primarias con 42 mil personas que ya habían votado por correo y Landry suspendió las elecciones usando el poder ejecutivo.
Explicó que si hay un huracán o un desastre natural el gobierno estatal puede suspender las elecciones pero que nunca se había usado el poder ejecutivo, incluso cuando se han presentado desastres naturales como los huracanes del 2008.
“Esto sería mucha confusión y casos”, dijo. “La gente se pregunta, ‘¿mi voto temprano cuenta?’”.
Según Lewis, el voto de la comunidad negra es bastante temprano y habían registro de voto del 26% de ellos hace una semana. “Anoche (el 14 de mayo) era 37%”, afirmó.
Mencionó que la suspensión de elecciones no tiene antecedente y es peligrosa, por eso dijo van a seguir luchando en distintos ámbitos incluidas las demandas.
Grandes movilizaciones de gente que se ha estado organizando
Jerome Dees, director de políticas del Southern Poverty Law Center, con sede en Alabama dijo que hay mucha confusión ahora pero que se tienen que hacer énfasis en que la gente salga a votar.
Mencionó que en Alabama se necesitaron 115 años para que viera su primer Congresista negro (Benjamin Sterling Turner) en la época de la Reconstrucción en 1871.
Anneshia Hardy, estratega de narrativa cultural y directora ejecutiva de Alabama Values dice que la segunda enmienda se trata del poder y representación de la comunidad negra. Y que lo sucede en Alabama es lo que sucede con la democracia.
Dees indicó que el 27% de la población estadounidense son negros.
“En general el impacto es causar confusión en algunas elecciones y lo que sucede en Alabama con nuestros grupos de votantes es que han estado trabajando para abatir la confusión y desinformación”.
Hardy dijo que hay audiencias a las 4 de la mañana para desalentar a las personas a que participen y que las personas han estado ahí.
“Tenemos grupos y herramientas para ayudar a nuestra comunidad y tomar acción”, comentó. “Esta lucha no solo se trata de Alabama, lo que sucede aquí tiene implicacionesen en la lucha del voto y el acta de derechos del voto, instamos a la gente que no se desaliente y que sigan luchando”.
“En Alabama estamos llevando a cabo esto mucho antes de que estuviera en la atención nacional”, dijo. “Esto es organización de muchos años”.
Hard sostuvo que han molestado a la comunidad negra y que han desatado toda la ira de sus ancestros y la de ellos. “Esta gente no sabe lo que han hecho”, afirmó. “Nunca es temprano para prepararnos para el Censo del 2030”.
Para Deer todas las comunidades de color están afectadas con la sentencia de Lousiana v. Callais, manifestando que no solo se trata de un ataque unicamente hacia la comunidad negra del Sur sino que pronto serían atacados también los latinos y la autonomía de la mujer.
Davante Lewis, elegido en 2022 para ocupar el cargo de comisionado de Servicios Públicos de Luisiana por el tercer distrito de Luisiana, Jerome Dees, director de políticas del Southern Poverty Law Center, con sede en Alabama y Anneshia Hardy, estratega de narrativa cultural y directora ejecutiva de Alabama Values. (izq. a der.)
