Lo que hay que saber: El estado anuncia un nuevo portal en línea destinado a denunciar cualquier conducta indebida de agentes federales.
OAKLAND – El gobernador Gavin Newsom y el fiscal general Rob Bonta han anunciado hoy un nuevo portal en línea para ayudar a los ciudadanos a compartir información con el Departamento de Justicia de California sobre posibles actividades ilegales de agentes y funcionarios federales en todo el estado. Los agentes federales tienen amplia autoridad para hacer cumplir las leyes federales, incluidas las leyes federales de inmigración, pero deben hacerlo de manera legal. El portal, que permite a los californianos enviar vídeos y fotos, ayudará al Departamento de Justicia de California a crear un registro de posibles conductas ilegales por parte de agentes federales e informará sobre las posibles acciones legales que el estado puede emprender para proteger los derechos de los californianos.
«No vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras alguien, incluidos los agentes federales, abuse de su autoridad en California. Este nuevo portal ofrece a los californianos una forma fácil y segura de expresarse, compartir lo que ven y ayudarnos a exigir responsabilidades. Nadie está por encima de la ley», dice el Gobernador Gavin Newsom en el comunicado de prensa.
«La Administración Trump está llevando a cabo una campaña de terror y miedo que ha provocado que algunas comunidades de California tengan miedo de seguir con su vida cotidiana. Desde vehículos sin distintivos de estilo militar hasta detenciones que se asemejan más a secuestros, los californianos están preocupados, con razón, de que los agentes federales puedan estar cruzando la línea y abusando de su autoridad. Las acciones del presidente en los últimos 10 meses solo respaldan esta conclusión», afirmó el fiscal general Bonta. «Quiero dejar claro que los agentes federales pueden hacer cumplir las leyes federales y nadie debe interferir en su trabajo. Pero también deben hacerlo de forma legal y respetando la Constitución. Si cree que un agente federal está actuando de forma ilegal, puede denunciarlo a mi oficina en oag.ca.gov/report-misconduct».
Tenga en cuenta que enviar información o presentar una denuncia en el portal no significa que el fiscal general vaya a tomar necesariamente alguna medida concreta al respecto. La ley prohíbe al fiscal general representar a particulares o proporcionarles asesoramiento jurídico, investigación jurídica o análisis jurídico, incluso en procedimientos de inmigración. Puede obtener una referencia a un servicio certificado de referencia de abogados llamando al Colegio de Abogados del Estado al 1-866-442-2529 o a través de su sitio web. Si no puede permitirse un abogado privado, puede considerar la posibilidad de ponerse en contacto con su oficina local de asistencia jurídica. Para obtener una referencia, visite este enlace y haga clic en la pestaña «Encontrar asistencia jurídica». Si cree que está presenciando un delito en curso, debe llamar al 911 o a su agencia policial local y denunciarlo; el Portal no constituye una denuncia formal de un delito ante una agencia policial y no dará lugar a una respuesta inmediata por parte de las fuerzas del orden.
Hacer responsable al gobierno federal
Desde el 20 de enero de 2025, California, a través del Departamento de Justicia de California, ha presentado 48 demandas contra las acciones ilegales de la Administración Trump: protegiendo la financiación, los programas y los servicios de California; salvaguardando los derechos constitucionales de los californianos; y evitando el desmantelamiento total del gobierno federal.
Entre otras decisiones, California ha conseguido sentencias definitivas que bloquean los esfuerzos de la Administración Trump por imponer ilegalmente requisitos de control de la inmigración a miles de millones de dólares en subvenciones anuales para transporte y seguridad nacional. El estado consiguió una compensación total y permanente para las escuelas de California en su demanda contra la retención por parte de la Administración Trump de más de 900 millones de dólares en fondos al comienzo del año escolar. Más recientemente, California ha conseguido una orden judicial permanente que prohíbe a la Administración Trump desplegar la Guardia Nacional de California en Portland.
El estado también ha obtenido medidas cautelares en la gran mayoría de los casos en los que se solicitaron y en los que un tribunal ha dictado una resolución. California ha bloqueado con éxito los ataques inconstitucionales del presidente Trump al voto; ha salvaguardado el derecho constitucional a la ciudadanía por nacimiento; ha detenido el intento de la Administración Trump de imponer nuevas y crueles restricciones al acceso a programas de beneficios públicos como Head Start basadas en el estatus migratorio; y ha impedido que se permita al ICE revisar los datos privados de los beneficiarios de Medicaid o que se intimide a los estados para que entreguen los datos de los beneficiarios del SNAP.
El estado también ha aumentado la financiación para proteger los derechos de las personas a un proceso justo en virtud de la legislación federal en los procedimientos de inmigración y deportación. Esto ayuda a proteger a los californianos y a sus seres queridos contra detenciones y deportaciones injustas.
California defiende a su pueblo
La agenda de inmigración del presidente Trump y Stephen Miller se basa en cuotas arbitrarias con un evidente desprecio por el debido proceso, la seguridad y los derechos de los estadounidenses. En California, sus tácticas han aterrorizado a las comunidades, traumatizado a estudiantes y trabajadores, perturbado a las empresas y puesto en peligro la seguridad pública de los ciudadanos estadounidenses.
El gobernador Newsom ha promulgado recientemente medidas adicionales que se basan en las leyes más estrictas del país para proteger a los californianos de las tácticas imprudentes empleadas por los funcionarios federales de inmigración sin escrúpulos a instancias de Stephen Miller.
Se notificará a las familias cuando las autoridades de inmigración acudan a los recintos escolares, y la información de los estudiantes y las aulas estarán protegidas frente al ICE y la CBP, que necesitarán una orden judicial o una orden del tribunal para acceder a ellas. Las salas de urgencias y otras áreas no públicas de los hospitales públicos están fuera del alcance de las autoridades de inmigración sin una orden judicial o una orden del tribunal, y la información sobre inmigración recopilada por un proveedor de atención médica está protegida como información médica. Las guarderías con licencia y los centros preescolares estatales no recopilarán información relacionada con la inmigración de los estudiantes y sus familias, y la información privada de las familias estará aún más protegida.
A principios de este año, el gobernador se reunió con empresarios y líderes religiosos de la zona de Los Ángeles para debatir el impacto económico y social que las medidas federales indiscriminadas en materia de inmigración han tenido en sus comunidades.
