- Una ordenanza que prohibiría el uso de máscaras para agentes de la ley pasó por el primer votó ayer martes durante la junta de supervisoras del condado.
- Creada por la supervisora Janice Hahn en coautoría con la supervisora Lindsey Horvath, la ordenanza ahora debe pasar a un segundo voto programado para el nueve de diciembre y si es aprobada, tomaría efecto en enero 2026.
Por Briana Mendez-Padilla*
La ordenanza propuesta tiene como objetivo prohibir a los agentes de la ley que operen en el condado de Los Ángeles — incluyendo agentes de ICE — llevar cualquier tipo de máscara o disfraz personal mientras interactúan con el público en las zonas no incorporadas. También les obligaría llevar una identificación visible e indicar la agencia a la que pertenecen.
Creada en respuesta al aumento de las redadas del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) en todo el condado desde junio de este año, el texto de la ordenanza sostiene que cuando los agentes del gobierno ocultan su identidad, crean confusión, incitan al miedo y disminuyen la confianza del público.
“Meten a la gente en camionetas sin distintivos a punta de pistola y luego se preguntan por qué se resisten al arresto”, dijo Hahn durante una conferencia de prensa antes de la junta. “Así es como se comporta la policía secreta autoritaria, no las fuerzas del orden legítimas de nuestra democracia”.
Durante la conferencia de prensa, Horvath explicó que la ordenanza establece límites firmes y, al mismo tiempo, protege las operaciones legítimas, ya que habrá excepciones de sentido común para los oficiales que usan cubrebocas, aparatos respiratorios, cascos de motocicleta cuando conduzcan una motocicleta, equipos SWAT y operaciones encubiertas activas.
“Estamos trazando una línea clara en el condado de Los Ángeles: las fuerzas del orden deben ser transparentes, responsables e identificables”, dijo Horvath. “Nuestros residentes nunca deben quedarse con la duda de quién viene por ellos”.
Quetzal Ceja, que trabaja con el Comité de Apoyo a los Jornaleros y la Coalición Boicot a Home Depot, conoce de primera mano el terror que provoca que se te acerquen agentes enmascarados no identificados.
Le contó a Impulso que en dos ocasiones, la distribución de paquetes de ayuda para jornaleros se vio interrumpida por estos agentes enmascarados, que no solo intentaron intimidar a ella y a su equipo, sino que también capturaron brutalmente a algunas de las personas a las que la coalición estaba ayudando.
Ceja reconoció que aunque iniciativas legislativas como la ordenanza del condado abordan algunas de estas injusticias, aún más importante y efectivo es la organización y la acción comunitaria.
“No hay nada que vaya a venir a salvarnos. Tenemos que depender de nosotros mismos, tenemos que organizarnos en nuestras comunidades, tenemos que ayudarnos unos a otros”, dijo Ceja. “Creo que es la propia comunidad la que ha dado un paso al frente y ha seguido defendiéndose mutuamente, porque solo la comunidad puede defender a la comunidad”.
Además de Ceja, varias organizaciones comunitarias asistieron a la junta directiva para mostrar su apoyo, entre ellas la Alianza para una Comunidad Mejor, la Patrulla de Paz del Área del Puerto, el Centro de Migrantes Filipinos, la Red del Sur de Asia y CHIRLA.
“Especialmente para nuestros seres queridos y vecinos inmigrantes, este es un paso muy importante para garantizar no solo la transparencia, sino también la rendición de cuentas, y asegurarse de que agencias federales como ICE se comprometan a realizar su trabajo de manera responsable”, afirmó Chichi Navarro, embajador de políticas de TransLatin@ Coalition, quien también asistió a la reunión del martes.
Hahn reconoció que es probable que la ordenanza se enfrente a la oposición del gobierno federal, ya que han demandado al estado de California por pasar una ley similar.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) pidió al gobernador Gavin Newsom que vetara la “Ley contra la policía secreta”, alegando que obligar a los agentes a mostrar su rostro completo los pone a ellos y a sus familias en riesgo de ser identificados y acosados.
Hahn dijo durante la conferencia de prensa que el condado esperará a ver el resultado de la demanda estatal antes de seguir adelante con la ejecución de la ordenanza del condado.
“Se trata de los derechos constitucionales de nuestros residentes. Si esto significa una pelea con el gobierno federal en los tribunales, creo que es una pelea que vale la pena librar. No podemos ceder ahora y permitir que esto sea aceptable en Estados Unidos”, dijo Hahn.
*Briana Mendez-Padilla es becaria de California Local News reportando para Impulso.
