- La Corte Suprema de Estados Unidos sorprendió a muchos observadores cuando el juez conservador Brett Kavanaugh se unió al juez John Roberts y al ala progresista del tribunal para fallar por 5-4 que el mapa del Congreso de Alabama violaba la Sección 2 de la Ley del Derecho al Voto. Ahora habrá nuevo mapa en el Congreso de ese estado.
- “La sección 2 es la principal disposición operativa para hacer cumplir los derechos del voto en este país”: MALDEF
Los Ángeles, Cal.- Cuando recibió la noticia Evan Milligan -el demandante- de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos falló a favor de su caso en el que imputaba que el Congreso de Alabama violaba la Sección 2 de la Ley del Derecho al Voto, al diluir los votos de los negros en su estado, no lo podía creer, porque todo indicaba lo contrario.
Evan Milligan, principal demandante en el caso Allen contra Milligan y Director Ejecutivo de la organización Alabama Forward dijo durante una video conferencia organizada por Ethnic Media Services el pasado 16 de junio que se encontraba en Berlín, Alemania, cuando recibió la noticia de uno de los abogados que llevan el caso.
El pasado 8 de mayo, la Corte Suprema de Estados Unidos sorprendió a muchos observadores cuando el juez conservador Brett Kavanaugh se unió al juez John Roberts y al ala progresista del tribunal para fallar por 5-4 que el mapa del Congreso de Alabama violaba la Sección 2 de la Ley del Derecho al Voto.
El fallo también rechazó una petición de suavizar la Sección 2 de la VRA, que prohíbe las prácticas electorales (en este caso, la redistribución de distritos) que den lugar a una denegación o restricción del derecho al voto por motivos de raza.
Milligan indicó que el abogado le dijo, “ganamos” y él no lo creía. “Yo estaba incrédulo al comienzo y luego me conecte al caso y particularmente a mi familia con respecto a su nombre y legado”.
Para Milligan el resultado significa que están diciendo al estado de Alabama y a otros estados del país que el comportamiento deben ser neutral. “Tal vez no nos den más rendiciones de cuenta, pero al haberlo hecho en los tribunales, eso nos da ímpetu, particularmente para las personas que estamos preocupados por el país y que tenemos perdidas tras perdidas, con una moral bastante baja, dijo refiriéndose a otros casos en el que se enfrentan a la disminución de sus derechos como votantes como el del condado de Shelby (Alabama) contra Holder que tienen 10 años.
El 25 de junio del 2013, el Tribunal Supremo anuló una disposición clave de la histórica ley del Derecho al Voto que se aprobó en 1965 para garantizar que los gobiernos estatales y locales no aprobaran leyes o políticas que negaran a los ciudadanos estadounidenses la igualdad del derecho al voto por motivos de raza.
“En abril de 2010, el condado de Shelby (Alabama) presentó una demanda en la que solicitaba a un tribunal federal de Washington DC que declarara inconstitucional el artículo 5 de la Ley del Derecho al Voto”, señala un artículo del Centro de Justicia Brena.
El caso Milligan se llevó al Tribunal de Distrito y luego al Tribunal Supremo, el cual desafía el plan de redistribución de los distritos electorales aprobado a finales del 2021 en Alabama, después de que se salieran los datos del Censo 2020.
La impugnación fue que el Mapa del Congreso violaba la sección 2 de la Ley de Derecho al Voto por diluir el poder del voto de los votantes de color, ya sea empaquetándolos en gran número en solo unos pocos, o incluso solo un distrito, dijo Stuart Naifeh, Director del Proyecto de Redistribución de Distritos del NAACP Legal Defense & Educational Fund, Inc. (LDF).
Explicó que aveces también los mapas dividen a las comunidades de color en varios distritos, de modo que su influencia en un distrito específico se reduce al mínimo. “Y Alabama hizo ambas cosas” agrupando a un gran número de votantes negros en una sola mayoría.
Es un distrito negro, el cual está actualmente representado por el Congresista Terry Sele y luego agrietando el resto en particular el mapa de Alabama llamado el Cinturón Negro y el resto fue dividido en 3 distritos del Congreso, explicó.
“Así que una comunidad tiene que ir a 3 representantes diferentes para ser escuchados”.
Naifeh dijo que eso fue lo que el Tribunal de Distrito encontró, violando la sección 2 de la Ley de Derecho al Voto.
Milligan dijo “mucha gente dijo que nuestro caso no iba a ganar, era difícil de ganar, muchas cosas son difíciles de ganar, pero no significa que no deberíamos probar hacerlo”, sostuvo.
Dijo que las organizaciones de Alabama tienen que seguir empujando el movimiento por la libertad, la democracia y por el derecho al voto de tal manera que tienen que ser capaces de trabajar cohesionadamente junto con sus socios regionales y nacionales para seguir presionando tanto en Alabama como más allá.
Miller argumentó que muchos conservadores creen que la forma de interpretar la Constitución se basa en lo que literalmente dice, cuando era su contexto cuando fue escrita.
Así que se aplicó lo mismo para su caso para decir “¿Cómo puede usted, como un Estado de Alabama, sugerir, imponer una política de neutralidad racial con la elaboración de mapas políticos cuando en virtud de la Decimocuarta Enmienda no es neutral contra la raza?”.
La decisión sobre Allen contra Milligan fue considerada una excelente noticia por los defensores del derecho de voto, especialmente después de años de malas noticias de los tribunales en este ámbito. El caso puede repercutir en otro similar y pendiente en Luisiana y en al menos otras 30 demandas de redistribución de distritos en 10 estados, sostienen expertos.
Thomas A. Sáenz, Presidente y Consejero General del Fondo México-Americano para la Defensa Legal y la Educación (MALDEF por sus siglas en inglés) dijo que fue una tremenda victoria y muestra la habilidad de las personas de color que puedan retar los mapas de distritos que se han usado a través del país.
“Es una victoria inesperada porque el peligro es que la mayoría conservadora iba a cambiar una ley que ha sido y ha estado en efecto, y la sección 2 del acto de los derechos de los votantes”, opinó.
Sáenz estima que el caso hubiera sido imposible de ganar sin evidencia de intensión discriminatoria. “La verdad es que nunca consigues este tipo de evidencia tan contundente, en esta época, porque los legisladores y los que dibujan las líneas (electorales) tienen mucho cuidado cuando lo hacen”, indicó.
Y dijo que la única conclusión es que había intento de limitar el poder político o de los derechos de los votantes de minorías.
El activista sostuvo que hay muchos otros casos constitucionales pero en cuanto a la redistribución de votos (distritos)- la Sección 2 de la Ley del Derecho al Voto-, es un proceso sumamente difícil y muy costoso porque la prueba es la totalidad de las circunstancias que incluye pruebas de ambos lados y mucho testimonio, incluido que la Sección 2 debe ser suplementada por un programa.
“Hay nuevos retos, incluyendo en Texas. La doctrina del privilegio legislativo que es una regla para todos los legisladores que toman decisiones, eso se puede usar como evidencia, todas las decisiones que los legisladore toman a puerta cerrada que influyen en la decisiones que tomen, es privilegio y se aplica en el contexto de redistribución de distritos, aunque ellos están dibujando sus propios distritos cuando están siendo relegidos”, comentó.
Añadió que aún en el Congreso, donde los legisladores esperan llegar un día, es cuando se tiene ese tipo de conflicto por lo que dijo tienen sentido tener más transparencia, “pero lamentablemente ese privilegio bloquea esa transparencia”.
“Por eso tal vez debemos bloquear ese privilegio en el contexto de redistribución de distritos”, enfatizo.
Sáenz señaló que el estado de Texas hasta ahora ha prevenido exitosamente el acceso a la evidencia testimonial y otra evidencia por esta doctrina. Y eso es una amenaza que no fue prevista.
Es general dijo que Allen vs. Milligan es una gran victoria que hace posible que reten ese tipo de casos, pero que también hay problemas como en Texas que pueda aplicar la regla y mantener fuera la evidencia, en la Corte, para violaciones en la Redistribución de Distritos, como ha sucedido.
El experto comentó que la sección 2 se ha usado históricamente durante décadas para impugnar la redistribución de distritos pero también para impugnar los sistemas electorales en general y para impugnar algunas de las barreras de acceso a la boleta electoral como la disposición de identificación de votantes o restricciones a la capacidad de votar.
“Así que La sección 2 es la principal disposición operativa para hacer cumplir los derechos del voto en este país”, señaló al decir que hubiera sido algo extraordinario cambiar las reglas en este tiempo.
El experto dijo que se debe continuar con los cambios de ciertas maneras y considera que “este caso pude ser más extraordinario porque están interpretando leyes con los Congresistas y el Congreso no ha dicho que quiere cambiar las reglas que los tribunales han determinado hace 40 años.”
Milligan dijo que el caso sigue en juicio a finales de julio, dada la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos, para pedir que el Estado de Alabama produzca el mapa congresista.
Jacqueline De León, abogada del Native American Rights Fund (NARF) es miembro del Pueblo de Trineo Arriba, una tribu de Nuevo México y participó también en la video conferencia.
De León dirige un grupo de Práctica del Derecho al Voto del Fondo para los Derechos de los Nativos Americanos, conocido como mi Narf que es la organización más grande y antigua del país, dedicada a promover los derechos de los nativos americanos.
La abogada dijo que después del veredicto de Milligan, todos se sienten aliviados.
“Esta fue una aplicación básica de los hechos a la ley y la ley estableció claramente una violación”, sostuvo, al decir que mucho tuvo que ver el innegable registro construido del caso.
Añadiendo que las comunidades nativas americanas también siguen viendo sus votos diluidos a través de gerrymandaring raciales en lugares como Dakota del Norte, Dakota del Sur y Nuevo México.
Gerrymandering se usa en la política para la manipulación de las circunscripciones electorales de un territorio, uniéndolas, dividiéndolas o asociándolas, con el objetivo de producir un efecto determinado sobre los resultados electorales.
“Por ejemplo, si una población tiene un 40% de nativos, y si esos partidos podían esperar razonablemente ganar 2 de los 5 escaños del Comité del condado, el método de las elecciones generales significaba que los candidatos nativos nunca eran elegidos, y que los 5 escaños acababan yendo a parar a gente de pueblos fronterizos blancos, adyacentes a las reservas de nativos americanos que violarían la Ley de Derecho al Voto”
De León refirió otro caso en el que un consejo escolar utilizó sistemas de votación a gran escala para negar la representación de los nativos en Chamberlain, Dakota del Sur.
“De hecho Dakota del Sur sigue siendo un semillero de discriminación racial y dilución del voto”, sostuvo tras hablar de un caso particular en el que un propietario de un hotel de ese estado puso un cartel en el que prohibía a los nativos americanos alojarse ahí.
El dueño del hotel fue demandado por el Departamento de Justicia y ha habido una responsabilidad para él. “Pero eso no significa que la discriminación racial no continue”, comentó De León.
La abogada dijo que estaban con la respiración contenida para saber el fallo del caso Milligan, porque están impugnando el mapa legislativo de Estado de Dakota del Norte en virtud de la Sección 2.
El juez federal de ese estado dijo que reflexionó sobre el caso indicando que actualmente las tribus están siendo excluidas y ha dado lugar a que funcionarios electos no respondan, repercutiendo en la vida cotidiana de los nativos americanos de Dakota del Norte, que en su mayoría están empobrecidos y carecen de infraestructuras básicas.
Con el fallo a favor de Milligan dijo esperar que la falta de representación (para las minorías) empiece a solucionarse.
Evan Milligan, principal demandante en el caso Allen contra Milligan y Director Ejecutivo de la organización Alabama Forward, Thomas A. Sáenz, Presidente y Consejero General del Fondo México-Americano para la Defensa Legal y la Educación (MALDEF) y Stuart Naifeh, Director del Proyecto de Redistribución de Distritos del NAACP Legal Defense & Educational Fund, Inc. (LDF) (izq. a der.).
