Los Ángeles, Cal.- El condado de Los Ángeles ha llegado a un acuerdo con la Unión Americana de Libertades Civiles para mejorar significativamente las condiciones del sistema penitenciario.
El acuerdo presentado el viernes 16 de junio ante el juez Dean D. Pregerson en el caso Rutherford contra Luna reconoce la mejora de las condiciones en el Centro de Recepción de Reclusos (IRC) como resultado de las medidas correctivas adoptadas por el Condado en los últimos meses para mejorar los tiempos de espera, el hacinamiento y las condiciones insalubres. Este trabajo aborda las causas profundas de los problemas planteados en la moción de desacato de la ACLU y resuelve dicha moción sin que se declare el desacato ni se impongan sanciones por desacato al Condado.
En virtud del acuerdo, que requiere la aprobación del juez para ser definitivo, el Condado acepta una serie de límites sobre el tiempo que los detenidos pueden permanecer en diversas zonas para garantizar un trato más humano.
Este acuerdo reconoce las medidas correctoras adoptadas por el condado y le permite aprovechar el impulso y la concentración logrados en los últimos meses para continuar:
-Disminuir la población carcelaria a la vez que se equilibran las preocupaciones por la seguridad pública;
-Ampliar la capacidad de atención basada en la comunidad para aquellos que pueden ser liberados con seguridad o desviados de la custodia;
-Aumentar la dotación de personal para proporcionar una atención más sólida a los que deben permanecer bajo custodia;
-Adaptar el uso de las instalaciones penitenciarias para atender mejor las necesidades de salud mental de la población reclusa.
-Ajustar la forma en que operamos para apoyar nuestros objetivos de cumplimiento y hacer un mejor seguimiento de nuestro progreso.
El Condado ha:
Añadido un nuevo sargento de cumplimiento 24/7 en el IRC;
Ampliado el número de equipos de limpieza y controles sanitarios en el IRC;
Aumentado el número de personal de Servicios de Salud Correccional designado para proporcionar servicios de salud mental en el IRC, incluyendo la incorporación de personal psiquiátrico adicional estacionado en el IRC;
Contratación de 182 empleados de los Servicios de Salud Correccional (CHS) para puestos en todas las cárceles a partir del 15 de junio de 2023;
Asignación de 215 ayudantes recién licenciados para cubrir las vacantes existentes en las operaciones de custodia;
Anunció primas de asignación de hasta el 20% para más de 1.900 empleados de los Servicios de Salud Penitenciaria que trabajan en las cárceles para ayudar a retener y contratar personal en puestos clínicos, de gestión de casos, técnicos y administrativos clave; y
Implantación de un nuevo Sistema Compartido de Gestión de Admisión (o “SIM”, por sus siglas en inglés) que utiliza tecnología de escáner de pulseras y la integración de los sistemas del Departamento del Sheriff para realizar un seguimiento, supervisar e implementar el movimiento oportuno de las personas a través del proceso de admisión para reducir los tiempos de espera; y
Formación del personal sobre los requisitos legales para las condiciones y tiempos de espera del IRC.
El Condado también se ha comprometido activamente con las agencias estatales para acelerar el traslado de las personas ordenadas a sus instalaciones. Esto ha reducido la población carcelaria total, que ha bajado de 14.209 a 13.176 (aproximadamente un 7%) desde el 27 de febrero hasta el 9 de junio de 2023. También nos hemos comprometido a ampliar la red de camas comunitarias para aquellos que puedan ser tratados con seguridad en los centros de salud mental de la comunidad.
Más de 2.900 personas condenadas a prisión estatal han sido trasladadas y la población pendiente de traslado a prisión estatal se ha reducido de 1.543 a 607.
500 personas declaradas incompetentes para ser juzgadas por delitos graves han sido trasladadas a hospitales estatales para recibir tratamiento, y la población pendiente de traslado a hospitales estatales se ha reducido de 422 a 356 personas.
El Condado ha autorizado al Departamento de Servicios Sanitarios (DHS) a celebrar un contrato con el Departamento de Hospitales Estatales de California por un importe aproximado de 629 millones de dólares en fondos estatales para aumentar el número de camas ODR para acusados de delitos graves declarados incompetentes para ser juzgados (FIST) de 794 a 1.344 a lo largo de cinco años.
El 4 de abril, la Junta de Supervisores (BOS) autorizó 500 nuevas camas comunitarias de salud mental a través de la ODR y el Departamento de Salud Mental para personas detenidas y que sufren trastornos mentales graves (P3/P4) que no pueden ser puestas en libertad de forma segura. El Condado está ultimando la financiación para el primer año de esta ampliación.
La orden judicial preliminar en el caso de reforma de la fianza Urquidi restablece temporalmente el programa de fianzas de emergencia y puede reducir aún más la población preventiva en las cárceles.
El Condado ha creado una Oficina de Cumplimiento del DOJ para impulsar el cumplimiento de las disposiciones restantes del acuerdo del Departamento de Justicia de EE.UU. para mejorar las condiciones en el sistema penitenciario del Condado para las personas con problemas de salud mental. Margaret L. Carter, Jefa de la Oficina de Cumplimiento del Departamento de Justicia del Condado, ha sido facultada para establecer prioridades, agilizar las aprobaciones y mantener el enfoque en múltiples departamentos para lograr este objetivo.
Este trabajo multifacético está siendo llevado a cabo por una amplia gama de departamentos y divisiones del Condado de Los Ángeles -incluyendo Servicios de Salud Correccional, el Departamento de Justicia, Atención y Oportunidades, Salud Mental, la Oficina de Desviación y Reingreso, y el Departamento del Sheriff- y depende de muchos otros, incluyendo a nuestros socios de justicia en los tribunales y varias agencias estatales, para lograr los amplios cambios sistémicos que serán necesarios.
