Por Briana Mendez-Padilla
- A medida que se acercan las elecciones intermedias, algunas iniciativas legislativas buscan modificar los requisitos para votar con el fin de evitar el fraude electoral —un problema del que, según los expertos, no ha existido riesgo ni precedente en los últimos 60 años.
En esta temporada electoral, defensores del derecho al voto han observado un aumento de los esfuerzos por privar de sus derechos a los votantes de minorías étnicas.
Un ejemplo es la decisión de la Corte Suprema en el caso de Luisiana vs. Callais, en la que se dictaminó que el mapa electoral de Luisiana para el Congreso de 2024 constituía un gerrymandering racial inconstitucional. El mapa creaba un segundo distrito con mayoría afroamericana con la intención de remediar la dilución racial del voto.
La decisión de la Corte causó preocupación ya que va en contra de la sección 2 de la Ley de Derechos Electorales, que permitía (y en ocasiones exigía) la creación de distritos con mayoría de minorías. Esta ha sido una medida clave para que representantes afroamericanos y latinos hayan sido elegidos para el Congreso y otros cargos políticos.
Thomas Saenz, presidente del Fondo Mexicano-Estadounidense de Defensa Legal y Educación (MALDEF por sus siglas en ingles), explicó que, si bien es posible que esta decisión no afecte la capacidad de cada votante para emitir su voto, sí tendrá un impacto en las contiendas y los candidatos por los que podrán votar.
“Esto significa que, a menos que haya una gran oleada de aumento en la participación electoral de los votantes de color, algunos de nuestros congresistas afroamericanos de larga trayectoria podrían perder sus asientos en noviembre”, dijo Sáenz durante una videoconferencia el 26 de junio organizada por American Community Media (ACoM). “[La gente] aún puede votar, aunque ahora tal vez se encuentre en un distrito donde sea muy difícil que gane el candidato de su preferencia”.
Saenz enfatizó que el presidente no tiene autoridad alguna para regular las elecciones y que el Congreso tiene una autoridad limitada sobre las elecciones federales; son las leyes estatales y la administración local quienes presentan la mayor amenaza para los derechos electorales.
En Estados Unidos, las políticas de votación y electorales son distintas y las define cada estado. Son estas variaciones de un estado a otro las que pueden confundir a los votantes.
Un condado de California, Shasta, se ha convertido en un caso de estudio muy seguido en materia de administración electoral.
A diferencia de la mayor parte del estado, Shasta es un condado profundamente conservador, rural y de mayoría blanca, con una gran influencia religiosa, ubicado en el norte de California.
Annelise Pierce, directora y editora en jefe de Shasta Scout, una organización de medios de comunicación sin fines de lucro, comentó que desde hace mucho tiempo el condado ha sido un lugar donde han prosperado los movimientos secesionistas y donde ha habido mucho antagonismo hacia el gobierno de California.
Uno de estos intentos fue la decisión de rescindir el contrato del condado con Dominion Voting Machines y pasar al recuento manual de los votos de Shasta. Sin embargo, esta decision se topó con la oposición del estado, que promulgó una ley de emergencia que prohíbe el recuento manual de votos en una jurisdicción tan grande como la de Shasta, que cuenta con unos 116 000 votantes registrados.
Documentos de identidad del votante
Los requisitos de identificación pueden ser uno de los mayores obstáculos para los votantes, ya que varían de un estado a otro, señaló Da Hae Kim, gerente de Políticas y Defensa de VoteRiders.
Por ejemplo, mientras que algunos estados pueden aceptar una identificación estudiantil como prueba suficiente de identidad, otros sólo aceptan una identificación emitida por el estado.
“Las nuevas y más estrictas leyes de identificación de votantes crean barreras generalizadas para los votantes elegibles, muchos de los cuales han votado sin problemas durante años”, dijo Kim. “El panorama en constante cambio de las leyes de identificación de votantes genera confusión entre los votantes, quienes a menudo prefieren quedarse en casa antes que pasar vergüenza, ser rechazados o intimidados por posiblemente no tener el tipo de identificación correcto”.
Actualmente, 38 estados exigen algún tipo de identificación en las urnas, y cada año surgen nuevos proyectos de ley a un ritmo alarmante, señaló Kim.
Según una investigación de VoteRiders, casi 21 millones de ciudadanos estadounidenses en edad de votar no cuentan con una licencia de conducir vigente y otros casi 29 millones tienen una licencia vigente, pero esta no incluye su nombre y dirección actuales.
Estas leyes afectan especialmente a los ciudadanos de color, ya que tienen casi cuatro veces más probabilidades de carecer de una licencia de conducir o una tarjeta de identificación estatal vigente que los ciudadanos estadounidenses blancos, señaló Kim.
Agregó que, específicamente, los estadounidenses afroamericanos e hispanos tienen una probabilidad desproporcionadamente menor de contar con una licencia de conducir vigente.
El costo es el principal obstáculo para obtener una identificación, dijo Kim, y es por eso que VoteRiders brinda ayuda directa y gratuita a quienes necesitan una identificación para votar. La organización ayuda a las personas con los gastos relacionados para obtenerla, como las tasas correspondientes y el transporte hasta las oficinas.
Mientras estas leyes de identificación de votantes siguen adelante, Kim y su equipo también han observado que cada vez se proponen más leyes sobre la presentación de pruebas documentales de ciudadanía a nivel estatal y federal. Estas leyes exigirían a los votantes presentar algún tipo de prueba de ciudadanía, como un pasaporte o un certificado de nacimiento de Estados Unidos, para registrarse para votar.
En California, más de 3 millones de californianos en edad de votar que son ciudadanos tendrían dificultades para presentar una prueba documental de ciudadanía (DPOC por sus siglas en ingles), según las estadísticas de VoteRiders.
“Ya no existe un estándar único para votar en este país. Hubo un tiempo en que los estados eran relativamente similares, pero ahora vemos cada vez más diferencias entre estados como California, que quieren facilitar la participación tanto como sea posible, y estados como Texas, que quieren restringir la participación incluso para quienes son elegibles”, dijo Saenz.
‘Una solución en busca de un problema’
Muchas de estas medidas, especialmente las relacionadas con la identificación del votante, se presentan como creadas para prevenir el fraude electoral e impedir que los no-ciudadanos voten en las elecciones del país.
“Desde nuestra labor de defensa a nivel estatal y federal, sabemos que estas leyes son una solución en busca de un problema; el fraude electoral es prácticamente inexistente”, dijo Hae. “Nuestras leyes electorales actuales ya son seguras y ya garantizan que sólo voten los ciudadanos estadounidenses”.
Sáenz subrayó esa afirmación y agregó que no se ha demostrado ni comprobado que haya habido un voto amplio por parte de votantes no elegibles en los últimos 60 años, y que ni siquiera los defensores de estas medidas de seguridad electoral han podido presentar nada que respalde la necesidad de estas medidas.
“Cada estado tiene sus propias ideas, y eso aumenta la confusión”, dijo Sáenz. “Así que el efecto [de estas medidas], sin importar cuáles sean sus intenciones, es muy sencillo: la gente está siendo excluida de las urnas como consecuencia de estas leyes”.
En el condado de Shasta, Pierce comentó que muchas de las personas con las que su publicación ha hablado dijeron que nunca antes se habían sentido inseguras al votar, pero que sí lo están sintiendo por primera vez en estas elecciones.
“Cuando se introducen cambios en el sistema el público tarda mucho tiempo en comprender todos estos cambios y, ya sea de manera intencional o no, pueden quebrantar la confianza del público en el proceso”, dijo Pierce. “El público necesita entender cómo votar y debe sentirse seguro al acudir a las urnas; creo que la educación es absolutamente clave en este sentido”.
Briana Mendez-Padilla es becaria de California Local News reportando para Impulso.
Thomas Saenz, presidente del Fondo Mexicano-Estadounidense de Defensa Legal y Educación (MALDEF), la principal organización latina de defensa de los derechos civiles del país, Da Hae Kim es gerente de Políticas y Defensa de VoteRiders, donde trabaja para garantizar que los votantes cuenten con la identificación y la información necesarias para acceder a las urnas mediante coaliciones y actividades de defensa a nivel federal y estatal y Annelise Pierce es directora y editora en jefe de Shasta Scout, y le apasiona reconstruir la confianza en las noticias como servicio público. (izq. a der.)
