- La reacción de Elizabeth Goitein* tras las declaraciones de JD Vance
“La administración de Trump parece estar preparándose para disputar una orden judicial, según el tuit de esta mañana del vicepresidente James David Vance: “Los jueces no pueden controlar las facultades legítimas del poder ejecutivo”. Se ha delineado el campo de batalla por nuestra democracia.
Como sabe cualquiera que haya tenido una clase de educación cívica introductoria, si un presidente no está de acuerdo con una orden judicial, el recurso a seguir es la apelación. Hay una razón por la que a Trump y compañía no le gusta esta opción: saben que sus acciones son ilegales y que muchas serán anuladas, incluso por los mismos magistrados de la Corte Suprema nombrados por Trump.
Por eso, en su lugar, dicen que los tribunales no pueden controlar las “facultades legítimas” del poder ejecutivo. Pero, claro, esta afirmación desestima una pregunta fundamental: ¿Quién decide si las facultades atribuidas del presidente son “legítimas” (es decir, legales)? ¿El mismo presidente o los tribunales?
La respuesta a esa pregunta está 100 % resuelta y lo ha estado por los últimos 222 años, cuando la Corte Suprema reconoció en una decisión histórica que “Está enfáticamente dentro de la competencia y el deber del poder judicial establecer lo que dice la ley”.
Una característica esencial de la Constitución de los EE. UU. es la separación de poderes. El Congreso elabora leyes; el presidente las ejecuta y realiza otros deberes constitucionales; y los tribunales deciden, en casos específicos, si se han violado o excedido las leyes o la Constitución.
La separación de poderes es la base de la democracia y la libertad individual. Hay una palabra para nombrar a un sistema político en el que los líderes deciden qué leyes aplicar y si sus propias acciones son legales o no: una dictadura. Eso NO es lo que el pueblo de este país votó.
Esto no tiene nada que ver con el partidismo o si nos gustan o no las políticas de Trump. Después de todo, si la opinión del presidente sobre las leyes podría pasar por alto a los tribunales, hay muchísimos dictámenes de la Corte Suprema de los últimos diez años que a los presidentes demócratas les habría encantado ignorar.
Según la visión de Vance de que “el presidente decide sus propias facultades”, Biden, por ejemplo, podría haber perdonado toda la deuda de préstamos estudiantiles e ignorado a la Corte Suprema cuando dictó que su plan excedía lo permitido por la ley.
A la larga, la Corte Suprema decidirá si las acciones de la administración reflejan “facultades legítimas del poder ejecutivo”. Si el equipo de Trump ignora a los tribunales, ya no quedarán más dudas: están intentando revertir la revolución que derrocó al rey George e hizo nacer a nuestra democracia”.
Elizabeth Goiten* es directora del programa de Libertad y Seguridad Nacional del Brennan Center.
