SACRAMENTO – La senadora estatal de California María Elena Durazo (D-Los Ángeles) presentó hoy el proyecto de ley del Senado 1132, que permitiría a los funcionarios de salud del condado investigar las condiciones sanitarias y de salud en los centros de detención privados que operan en el estado de California. Esto incluye los centros de detención con ánimo de lucro utilizados para retener a los inmigrantes en detención civil, muchos de ellos con un historial de normas sanitarias y de seguridad inadecuadas.
“Los centros de detención con ánimo de lucro tienen un historial terrible en nuestro estado en lo que respecta a la salud, la seguridad y los derechos humanos”, afirmó la senadora Durazo. “Lo que ocurre en estos centros no sólo afecta a los que están dentro, sino también a las comunidades circundantes. Es importante que haya transparencia y responsabilidad cuando se trata de la salud pública y la seguridad.”
La medida garantizaría que los funcionarios de salud del condado tengan la misma capacidad para investigar las condiciones sanitarias y de salud de los centros de detención privados como lo hacen para las cárceles del condado y otras instituciones públicas. El proyecto de ley permitiría a los funcionarios de sanidad de los condados ejercer esta facultad cuando fuera necesario, y no exigiría que se realizara una inspección anual.
En la actualidad, California cuenta con seis centros de detención civil privados que pueden albergar a más de 7.200 personas en un momento dado. Estas instalaciones están obligadas a cumplir la legislación de California y las órdenes de salud pública. A pesar de estos requisitos, las empresas con ánimo de lucro que gestionan estos centros incumplen sistemáticamente las normas básicas para proteger a las personas detenidas o empleadas en ellos.
“Cada año, miles de personas son recluidas en centros de detención privados de nuestro estado, donde el objetivo es obtener beneficios, a menudo a costa de la salud, la seguridad y la dignidad. California debería hacer todo lo posible para garantizar que las empresas que gestionan estos centros cumplan unas normas mínimas”, ha declarado Jackie González, directora de políticas de Immigrant Defense Advocates, patrocinadora del proyecto de ley SB 1132.
“Los inmigrantes recluidos en centros de detención privados tienen los mismos derechos humanos a la salud y la seguridad que cualquier persona en California, lo que incluye la supervisión de la salud pública y la rendición de cuentas. Este proyecto de ley ofrece a California la oportunidad de garantizar que estas protecciones están en su lugar, y que sigue siendo un líder en este importante tema”, dijo Edwin Carmona-Cruz, Co-Director Ejecutivo de la Colaboración de California para la Justicia de Inmigrantes Patrocinador de SB 1132.
“La detención de inmigrantes no sólo priva a las personas de su libertad y separa a las familias, sino que estas instalaciones tienen un largo historial de condiciones inseguras e insalubres. Debemos proteger la salud, la seguridad y el bienestar de todas las personas detenidas garantizando que estos centros gestionados por empresas privadas con ánimo de lucro cumplan las normas locales de salud y seguridad”. CIPC apoya plenamente este proyecto de ley que permitiría a los funcionarios de salud del condado exigir a los centros de detención privados los mismos estándares que a otros centros públicos y cárceles del condado”, dijo Masih Fouladi, Director Ejecutivo de California Immigrant Policy Center, patrocinador del SB 1132.
