Los Ángeles, Cal.- La congresista Judy Chuy advierte que el gobierno federal le pone más dificultades a los inmigrantes para obtener su residencia permanente o Green Card, al considerar aplicar para el 15 de octubre la nueva regla de Carga Publica anunciada el pasado 12 de agosto.
Chuy congresista por California habló el pasado 5 de Septiembre durante una teleconferencia organizada por Ethic Media Services de los esfuerzos que están haciendo en el Congreso para bloquear el cambio de la regla de Carga Pública que dejaría sin sueños a miles de familias inmigrantes que luchan día a día.
La congresista dijo que la regla impacta al 19% de la comunidad de color quienes muchas veces necesitan de los programas de gobierno para ayudar a sus familias en asistencia medica.
Explicó que muchas mujeres inmigrantes embarazadas necesitan de programas de salud y que sin ellas sería una tragedia para sus ellas y sus familias al igual de las personas que llegan a los hospitales por una emergencia médica.
De la pronta implementación de la nueva regla que propuso el gobierno federal, dijo “simplemente su implementación es cruel”.
Y comentó que es una política que impacta directamente a la comunidad más desfavorable de color por lo que el Cacus Latino y el Afroamericano están trabajando para pararla.
Para Connie Choi del Centro Nacional de Derechos del Inmigrante, la comunidad esta enfrentando miles de arrestos por todos lados y miles de ellas sufrirán las consecuencias del cambio de la regla Carga Pública porque identificaría a la gente que está recibiendo soporte para vivir y para los que entran con visa, así como considerarían los impuestos, es decir, el estado financiero de las personas para un futuro arreglo migratorio.
“Es otra frustración para las familias”, dijo Choi al señalar que organizaciones están trabajando para parar la implementación de la nueva regla.
Para la congresista de California no solo la tarjeta de residencia esta en peligro sino también se dificulta para las familias el acceso a programas como Medical o asistencia monetaria u otros programas de ayuda de gobierno.
Un ejemplo de lo mal que la pasarían las familias inmigrantes con la nueva propuesta del gobierno federal es la que mencionaron algunos de los ponentes a explicar que una mujer nigeriana embarazada necesita del accesibilidad de beneficios que le ayuden a su salud y la de su bebé con suplementos nutricionales.
Amanda Lugg, del Comité de Servicios Africanos dijo que a lo largo del país hay un grupo legal de abogados que están actuando en la defensa legal a favor de los inmigrantes, pero lo que sugiere es que si hay dudas de usar o no los servicios gubernamentales es mejor consultar con los abogados de inmigración.
La regulación de “carga pública” fue propuesta el otoño pasado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Estimaciones independientes indicaron que amenazaría a unos 26 millones de personas en todo el país, directa o indirectamente.
Además de apuntar a inmigrantes de color, con discapacidades y que tienen ingresos inferiores a $ 62,000, esa propuesta habría puesto en riesgo las solicitudes de admisión a los Estados Unidos o las solicitudes de una “tarjeta verde” si un inmigrante usa ciertos beneficios públicos.
La propuesta atrajo más de 266,000 comentarios públicos, abrumadoramente en oposición. Además, se opusieron a la nueva regla los principales grupos de defensa y proveedores de atención médica, defensores de la nutrición, defensores de la vivienda, CEOs corporativos y defensores de oportunidades económicas, niños y familias trabajadoras.
