EAST LOS ANGELES, California — La presidenta de la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles y supervisora del Primer Distrito, Hilda L. Solis, emitió hoy la siguiente declaración en respuesta a informes sobre agentes federales de inmigración operando en el estacionamiento de la estación del Sheriff de East Los Angeles.
“Los informes sobre agentes federales de inmigración operando en el estacionamiento de la estación del Sheriff de East Los Angeles, junto al Centro Cívico de East Los Angeles, generan serias preocupaciones; especialmente porque la política del Condado prohíbe que sus instalaciones sean utilizadas como base de operaciones para acciones de control migratorio. Como coautora de la moción de la Junta de Supervisores para establecer ‘Zonas Libres de ICE’ (ICE Free Zones), contribuí a implementar estas protecciones. Agradezco que los departamentos del Condado hayan colocado letreros para reforzar esta política, y he solicitado a la Asesoría Jurídica del Condado (County Counsel) que garantice su plena implementación y cumplimiento.
En todo el Condado de Los Ángeles, las familias viven con temor, ya que las redadas migratorias agresivas, la discriminación racial (perfil racial) y los arrestos ilegales amenazan los derechos civiles y la dignidad humana básica. Muchas de las personas afectadas son ciudadanos estadounidenses.
También me preocupa profundamente que esta intensificación de las operaciones tenga como objetivo intimidar a los votantes elegibles y suprimir la participación electoral. Insto a los habitantes de Los Ángeles a mantenerse alerta, documentar los encuentros —siempre que sea seguro hacerlo— y reportar cualquier actividad sospechosa de control migratorio a las redes locales de respuesta rápida, incluida la Red de Respuesta Rápida de Los Ángeles (Los Angeles Rapid Response Network), llamando al (888) 624-4752.
Desde que comenzaron las redadas, he trabajado para conectar a las familias inmigrantes con servicios legales, asistencia de emergencia y otros recursos fundamentales. Nuestros esfuerzos incluyen la creación del Fondo de Resiliencia para Pequeñas Empresas (Small Business Resiliency Fund) y la inversión de millones de dólares en servicios legales para inmigrantes, asistencia de emergencia para el pago de alquiler y apoyo alimentario. Asimismo, hemos impugnado detenciones inconstitucionales ante los tribunales, apoyado litigios contra el despliegue de la Guardia Nacional y nos hemos sumado a esfuerzos legales para defender los derechos constitucionales y el Estatus de Protección Temporal (TPS).
Seguiré insistiendo en la aplicación estricta de las protecciones del Condado y utilizaré todas las herramientas a mi alcance para defender los derechos de los residentes y hacer frente a las acciones federales ilegales”.
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