EDITORIAL DE IMPULSO
Por ahora más de 150,000 personas tienen que vivir en las calles de California, en su mayoría porque no pueden cubrir los exorbitantes costos de renta, y esto sin contar a decenas de miles que durante la pandemia han tenido que acogerse a la moratoria a desalojos, porque millones perdieron totalmente o parcialmente el empleo.
En medio de la crisis de vivienda que vino a agudizar el coronavirus, una propuesta de ley que será llevada a las boletas electorales pareciera tener la intención de ayudar a las personas de escasos recursos, pero en realidad puede enviar a muchas familias a engrosar las filas de quienes viven en la calle.
La Proposición 21 obligaría a aumentar el 15 por ciento a la renta durante los primeros tres años. Esto de ninguna manera ayuda en esta época de incertidumbres a los californianos de bajos ingresos.
Engañosamente, la 21 no especifica que se trata de un solo aumento de 15 por ciento para tres años y que durante ese periodo no habrá otro aumento. Más bien se trata de 15 por ciento al renovarse el contrato cada año.
Un ejemplo: la renta promedio en el condado de Los Ángeles es de unos $2,700 dólares. Con el aumento del 15 por ciento anual en los siguientes tres años, una familia pasaría de pagar una renta de $2,700 en el 2020, a pagar $3,105 en el 2021, luego $3,570 en el 2022 y, agárrese, $4,106. ¿De qué manera una propuesta como esa ayudaría a las familias?
La renta promedio de San Francisco es de $3,700 dólares, la de San Diego anda en los $2,100 dólares. ¿Cuánto va a aumentar en cada una de esas, las tres principales ciudades de California, que son metrópolis donde millones de latinos tienen que esforzarse por conseguir ingresos para pagar la renta sin bajar la guardia de protegerse de la pandemia?
Imagine usted cómo tendríamos que enfrentar una carestía como esa las personas mayores, los veteranos o discapacitados, no digamos millones de familias trabajadoras a las que este año les ha sido muy difícil seguir adelante.
Porque la Proposición 21 no aborda el problema real de la crisis de vivienda y no brinda protección para las personas mayores, los veteranos o los discapacitados.
Esa proposición no contiene en su texto ninguna protección para personas mayores, los veteranos y discapacitados, y no tiene un plan para construir viviendas asequibles, detener los desalojos o lidiar con la falta de vivienda.
Ahora que se acercan las elecciones, los que apoyan la propuesta tratan de exaltar que el control de rentas pasaría a los gobiernos locales, pero evitan hace cuentas y mencionar, en primera cómo la 21 dispararía el costo de la renta, y que la solución no es que controlen los gobiernos locales, sino que esos gobiernos construyan las viviendas accesibles que se necesitan.
Pasar el control a los gobiernos locales ya fue un intento que se llamó Proposición 10 hace apenas dos años y fue rechazada por el 59 por ciento de los votos.
Ahora los mismos promotores de la 10, le hacen algunos maquillajes y la presentan como Proposición 21.
Esta vez lo más seguro es que también se dirija a la derrota, porque la gente que necesita vivienda accesible y que no le aumenten el precio cada año, sabe que lo que se necesita es construir decenas de miles de viviendas para familias trabajadoras, veteranos y discapacitados.
Nota: Este material es Editorial de Impulso.
