Por Briana Mendez-Padilla
De acuerdo a su viuda y dos hijos, José Guadalupe Ramos-Solano era un buen padre, un buen trabajador y una buena persona. Era un residente de Los Ángeles que emigró a los Estados Unidos de Guanajuato hace 28 años, con raíces establecidas en este país.
Así es como su familia quiere que lo recuerden, no como el “criminal” que el comunicado de prensa del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés), en el que se informa de su fallecimiento el pasado 25 de marzo, intenta dar a entender.
Ramos-Solano fue detenido por ICE en febrero de este año, y trasladado al centro de detención de Adelanto. Según el comunicado de la agencia federal, personal de seguridad de Adelanto encontró a Ramos-Solano inconsciente en su litera, “llamaron de inmediato al personal médico presente en el lugar, quien inició medidas para salvar la vida, incluida la RCP (Reanimación cardiopulmonar)”, y después fue trasladado al hospital donde lo declararon muerto.
Con la muerte de Ramos-Solano suma 14 fallecimientos de connacionales ya sea bajo la custodia de las autoridades de inmigración o durante operaciones de control migratorio. Tan solo en Adelanto, cuatro personas de origen mexicano han fallecido debido a complicaciones de salud, dijo la Directora General de Protección Consular y Planeación Estratégica, Vanessa Calva Ruiz, durante una conferencia de prensa en el Consulado General de México en Los Ángeles.
“La recurrencia y la frecuencia de estas muertes son absolutamente inaceptables”, afirmó Calva Ruiz. “Consideramos que estas muertes revelan fallas existentes, deficiencias operativas y una posible negligencia contraria a los propios protocolos y reglamentos de los Estados Unidos, así como a las normas internacionales de derechos humanos”.
La conferencia realizada el pasado lunes 30 de marzo también contó con la presencia del Cónsul General de México en Los Ángeles Carlos González Gutiérrez y el Cónsul de México en San Bernardino Salvador Percastre Mendizabal.
Todos los portavoces hicieron eco de las declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sobre el compromiso del gobierno nacional mexicano de establecer acciones concretas y urgentes para evitar más muertes.
“Nuestra principal obligación como representantes del pueblo es exigir claridad, transparencia y rendición de cuentas en cada caso”, afirmó el cónsul González Gutiérrez.
Añadió que también deben hacer todo lo posible por cubrir el vacío dejado por la falta de comunicación con los seres queridos de los fallecidos.
“Prácticamente no hay flujo de información entre las autoridades federales de inmigración y estos centros de detención, y las familias de los detenidos”, subrayó González Gutiérrez.
El comunicado de ICE apenas fue publicado ayer, cinco días después de su muerte. Según Calva Ruiz, autoridades de ICE notificaron al Consulado Mexicano en San Bernardino la semana pasada sobre la muerte de un nacional mexicano.
Pero ICE no se ha comunicado con la familia. La esposa de Ramos-Solano, Antonia Tovar, dijo que supo de la muerte de su esposo por el consulado. Agregó que ella había hablado con él por teléfono unas horas antes ese día, y sonaba bien.
La causa de muerte de Ramos-Solano aún no ha sido determinada, así que las oficinas consulares de Los Ángeles y San Bernardino continuarán dando seguimiento al caso. Por su parte, Jesús Eduardo Arias, el abogado de la familia de Ramos-Solano, quien también trabaja con otras familias en casos similares, dijo que se está realizando una investigación forense independiente.
“Lo que le pasó a mi padre fue muy inhumano. Creo que mi familia y yo merecemos saber la verdad sobre lo que le ocurrió”, dijo la hija de Ramos-Solano, Gloria Ramos.
Calva Ruiz comentó su preocupación por el funcionamiento de los centros de detención. Dijo que algunas de las condiciones observadas en diferentes centros incluyen atención médica insuficiente, infraestructura inadecuada, y falta de vigilancia y mecanismos de prevención adecuadas. Estas condiciones ponen en riesgo la dignidad y vida de personas detenidas, subrayó.
Durante 2025 y 2026, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) ha enviado múltiples notas diplomáticas al Gobierno de Estados Unidos sobre el bienestar de los ciudadanos mexicanos y las condiciones que rodean sus arrestos y su estancia en los centros de detención, dijo Calva Ruiz.
Añadió que el gobierno mexicano también tiene previsto presentar un escrito en apoyo de una demanda federal interpuesta el 26 de enero en nombre de los detenidos actuales.
“Cada muerte representa una vida humana perdida, una familia devastada y una comunidad afectada”, afirmó Calva Ruiz. “El caso del señor José Guadalupe no es un caso aislado, sino más bien el reflejo de una tendencia alarmante e inaceptable”.
Briana Mendez-Padilla es becaria de California Local News reportando para Impulso.
