- Entra en vigor el próximo 18 de septiembre y no solo afecta a inmigrantes sin estatus migratorio sino a niños estadounidenses que no son inscritos a programas médicos y de alimentación a los que tienen derecho.
- Cae el número de solicitantes de SNAP a niveles de los 90’s.
Los Ángeles, Cal.- La reactivación de la norma “Carga Pública” entra en vigor este 18 de septiembre, pero ya se sienten los efectos en que muchas familias inmigrantes están abandonando los programas de asistencia para alimentación y atención médica por temor de verse afectados a la hora de solicitar la residencia permanente.
Xiao Wang cofundador y director ejecutivo de Boundles, organización que ayuda a familias inmigrantes y empleadores a navegar el sistema de inmigración de los Estados Unidos, dijo que la norma “carga pública” volverá adoptando la misma forma que la administración Trump intentó implementar en su primer mandato.
Wang, quien participó en una video conferencia de American Community Media (ACoM) el pasado 7 de agosto dijo que su entrada en vigor es el próximo 18 de septiembre y que sus criterios son más amplios de los que se han tenido desde 2022.
“Anteriormente, los funcionarios de inmigración aplicaban criterios específicos para denegar una solicitud de tarjeta de residencia (green card) si determinaban que el solicitante no demostraba suficiente estabilidad financiera o capacidad para valerse por sí mismo —es decir, para no convertirse en una carga pública—.
Ahora, cuentan con un amplio margen de discrecionalidad para denegar la residencia, no solo si la persona ha recibido beneficios sujetos a pruebas de recursos económicos —como Medicare asistencia alimentaria o ayuda para la vivienda—, sino también si existe la posibilidad de que dependan de estos beneficios en el futuro”.
Y dijo que aunque la norma todavía no está vigente, el temor que genera y su impacto en las familias y en la salud de los hogares en todo el país son ya significativos, al igual que en el número de solicitudes.
Explicó que la última vez que la administración intentó aplicar la medida, muchas familias retiraron a sus hijos de programas de alimentación y de salud por miedo.
La norma Carga Pública forma parte de la legislación federal de inmigración desde 1882 y bajo el concepto del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS por sus siglas en inglés) puede impedir que cualquier persona inmigrante se convierta en residente permanente si es probable que se convierta en una “carga pública”, explicó Wang.
Dijo que en el 2019 el criterio de “carga pública” fue ampliado para incluir Medicaid (MediCal), cupones de alimento y asistencia para la vivienda, pero se fue a un litigio para desestimarla y en 2022 se sustituyó la “carga pública” por ayudas en efectivo.
Y ahora a partir del 18 de septiembre la norma del 2022 será revocada para que entre la norma anterior- basada de cifras- a una de carácter discrecional, por lo que Wang explicó que los funcionarios de USCIS evaluaran cada caso en particular tomando en cuenta la edad, la salud, la situación familiar, los recursos económicos y sus activos, así como su formación y habilidades y cualquier otra prueba que permita demostrar autosuficiencia de la persona.
“Es probable que ocurra lo mismo que la última vez: las solicitudes se volverán más complicadas y extensas, y los tiempos de evaluación y tramitación se prolongarán”, estimó Wang al decir que las normas se están ampliando y se otorga más margen de discrecionalidad.
El experto considera que los más afectados son los que solicitan tarjeta de residencia adentro de los Estados Unidos y para los solicitantes en el extranjero; incluyendo a los cónyuges, padres e hijos.
“Se trata de familiares directos e inmediatos de ciudadanos estadounidenses y de titulares de la tarjeta de residencia”.
Los que quedarían exentos de la nueva norma serían los refugiados y asilados, los menores que han sufrido abuso, abandono y negligencia, las victimas de trata de personas y de ciertos delitos como los amparados por la visas T y U, así como las personas con VAWA (Ley de violencia contra la mujer).
“Asimismo, la regla de “carga pública” no se aplica a los procesos de naturalización o ciudadanía estadounidense; es decir, si usted ya posee la tarjeta de residencia y solicita la naturalización, los beneficios sociales que haya utilizado no se tomarán en cuenta para dicha decisión”, detalló.
Disminuye el número de niños sin seguro de salud
Joan Alker, directora ejecutiva del Center for Children and Families y profesora investigadora de la Escuela McCourt de Políticas Públicas de la Universidad de Georgetown habló del problema en la salud para las familias de estatus mixto.
Explicó que la mitad de los niños que han obtenido un seguro de salud lo han hecho a través de MediCal. Igualmente sería para el programa de seguro médico para niños (CHIP por sus siglas en inglés), un programa que recoció es importante para el país y su futuro.
Alker dijo que el número de niños que no tienen seguro de salud ha disminuido hasta la administración de Trump. “Antes de la pandemia había un millón menos y ahora son 3 millones”, afirmó al mencionar que las cifras no tenían nada que ver con “carga pública”.
“Lo que sabemos es que los padres tienen miedo por la agenda extremadamente agresiva que afecta a las familias”, añadió. “Y el departamento de salud por primera vez ha dicho que va a proporcionar información con ICE, y eso da miedo”.
La investigadora mencionó que se sabe que cuando las personas no tienen un seguro de salud es muy difícil acceder al médico, especialmente entre los niños de edad escolar.
“Vamos a esperar más datos en este otoño para saber como los niños están perdiendo sus beneficios”.
Los beneficios de MediCal son probados dijo Alker al estimar es más probable que se gradúen, que tengan mejores trabajos, que contribuyan más y que es mejor para todos que los niños tengan buena salud.
La profesora señala que es difícil poner a las familias a elegir entre la salud y la seguridad de los padres, además estima que el 90% de los niños son niños ciudadanos americanos y son elegibles para recibir MediCal.
Alker reconoció que lo que han visto es que niños latinos se han quedado sin cobertura de salud, siendo los estados más impactados Indiana, Arizona y Alaska.
Más personas pierden SNAP llegando a cifras que no se veían desde los 90’s
Para el Dr. Giridhar Mallya, médico especialista en salud pública y funcionario superior de políticas de la Fundación Robert Wood Johnson, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP por sus siglas en inglés) es una disposición gubernamental que ayuda a las personas a costear sus alimentos y constituye un salvavidas fundamental para unos 37 millones de personas en el país.
“SNAP atiende a quienes viven cerca o por debajo del nivel federal de pobreza; cerca de cuatro de cada diez participantes son niños, pero el programa también beneficia a personas mayores, personas con discapacidad y a muchísimos adultos que trabajan pero que, aun así, no pueden costear sus necesidades básicas”, dijo. “El beneficio mensual promedio de SNAP es de unos 350 dólares por hogar”.
Comentó que hay muchos estudios que indican que programa saca a la gente de la pobreza, apoya su salud e impulsa la economía. Y en cuanto a sus requisitos de elegibilidad solo los ciudadanos americanos son elegibles y los que tienen Green Card solo son elegibles tras un periodo de espera de 5 años, indicó.
Explicó que hasta hace poco inmigrantes con presencia legal también eran elegibles pero eso cambio y aclaró que los inmigrantes indocumentados no son elegibles para SNAP.
Mallya dijo que en la primera administración de Trump la regla de “carga pública” tuvo un gran impacto provocado que casi dos millones de personas perdieran el acceso a SNAP pero no solo de inmigrantes indocumentados sino también de personas con estatus legal de residencia.
“El ICE continúa realizando redadas en las comunidades y sacando a personas de sus hogares de manera arbitraria y, a menudo, violenta”, dijo. “Y la administración está compartiendo datos entre agencias —específicamente entre aquellas que administran Medicaid (Medi-Cal) y SNAP y las involucradas en la aplicación de las leyes de inmigración— que nunca debieron compartirse”.
Pero incluso antes que entre en virgo la norma sobre “carga pública”, el doctor dijo que SNAP enfrenta recortes de casi 200 mil millones de dls durante la próxima década debido a la conocida como “gran y hermosa ley” de julio del 2025.
“Ya estamos observando impactos devastadores en el programa SNAP. Según datos nacionales del Center on Budget and Policy Priorities (Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas), la participación en SNAP ha disminuido en 4,5 millones de personas tan solo en los últimos nueve meses, cifra que incluye a casi un millón y medio de niños”, dijo. “Se trata de descensos enormes, como no se veían desde la década de 1990”.
El doctor dijo que existen múltiples factores interrelacionados que están perjudicando a las familias en este momento y afectando su capacidad para poner comida en la mesa.
“Estos recortes drásticos y generalizados en el SNAP, sumados a la norma de ‘carga pública’ y a otras políticas antiinmigrantes, provocarán un aumento del hambre en la nación”, afirmó.
Para Wang es importante que las familias se apoyen con abogados de inmigración sobre el tema porque son muchos detalles y que sigan alentado a sus oficiales electos a una Reforma Migratoria.
Mientras tanto Alker dice que es importante que los padres traten la salud de sus hijos en la escuela, sus clínicas de salud de confianza o por medio de tele-salud si es que les da más confianza.
Xiao Wang cofundador y director ejecutivo de Boundles, organización que ayuda a familias inmigrantes y empleadores a navegar el sistema de inmigración de los Estados Unidos, Joan Alker, directora ejecutiva del Center for Children and Families y profesora investigadora de la Escuela McCourt de Políticas Públicas de la Universidad de Georgetown y el Dr. Giridhar Mallya, médico especialista en salud pública y funcionario superior de políticas de la Fundación Robert Wood Johnson. (de izq. a der.)
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