Por Sunita Sohrabji/ACoM
El Fiscal General de California, Rob Bonta, encabezó una coalición de 22 estados que presentó una demanda el 14 de septiembre con el objetivo de bloquear la nueva norma de la administración Trump sobre la carga pública.
La administración tiene previsto comenzar a implementar la nueva norma el 18 de septiembre, la cual amplía drásticamente la facultad de los funcionarios de inmigración para utilizar la participación en programas de asistencia pública sujetos a pruebas de recursos económicos como razones para negar la residencia permanente legal. Incluso antes de que entre en vigor la nueva norma, miles de californianos, especialmente aquellos pertenecientes a familias de estatus migratorio mixto, han renunciado a beneficios para los cuales reúnen los requisitos.
“Ninguna familia debería tener que elegir entre acceder a atención médica y asistencia alimentaria hoy, o proteger su camino hacia la residencia permanente mañana”, declaró Bonta en un comunicado de prensa al anunciar la demanda. “La administración Trump pretende reescribir más de 100 años de legislación con su nueva y amplia definición de quién se considera una ‘carga pública'”.
“Al hacerlo, otorga a los funcionarios de inmigración la discrecionalidad y el poder de castigar a las familias por acceder legalmente a determinados programas de asistencia pública durante periodos cortos de necesidad. La crueldad de esta administración sigue sin conocer límites”, afirmó Bonta.
‘Arbitraria y caprichosa’
Los condados de Santa Clara y San Francisco también se han sumado a la demanda. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, y el fiscal general de Illinois, Kwame Raoul, se unieron a Bonta para liderar la coalición multiestatal. La demanda se presentó ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. Los demandantes califican la nueva norma sobre carga pública como “arbitraria y caprichosa”.
En una conferencia de prensa organizada por American Community Media el 9 de septiembre, funcionarios estatales, organizaciones comunitarias y activistas por los derechos de los inmigrantes analizaron las repercusiones para los californianos ante la implementación de la norma de carga pública. “La evaluación de carga pública será mucho más subjetiva”, afirmó Ariel Brown, abogada del Immigrant Legal Resource Center. “Genera confusión y un efecto disuasorio”.
La norma no se aplica a todas las personas que buscan cambiar su estatus migratorio al de residencia permanente, señaló Brown. Los refugiados, las personas con asilo concedido y ciertos inmigrantes por motivos humanitarios figuran entre los exentos de la causal de inadmisibilidad por la carga pública. Por lo general, los residentes permanentes legales que solicitan la ciudadanía tampoco están sujetos a esta evaluación; asimismo, las personas que solicitan la renovación de su tarjeta de residencia (green card) no están sujetas a las disposiciones sobre la carga pública.
Familias de estatus migratorio mixto
Sin embargo, para las familias que tienen una solicitud de residencia permanente pendiente o prevista, las consecuencias pueden ser significativas, señaló Brown. Ella animó a los posibles solicitantes a presentar sus trámites antes del 17 de septiembre, ya que la norma no se aplicará con carácter retroactivo.
Es poco probable que se vean afectadas las personas indocumentadas que actualmente no cuentan con una vía para obtener la residencia permanente legal, afirmó Sarah Dar, vicepresidenta de Políticas y Defensa de Derechos de la organización The Children’s Partnership. Todos los ponentes recalcaron que los inmigrantes indocumentados no reúnen los requisitos para recibir beneficios públicos federales.
Se estima que más de un millón de niños en California tienen al menos un progenitor indocumentado, y que más de uno de cada cuatro niños de familias inmigrantes son ciudadanos estadounidenses con un solo progenitor que no posee dicha ciudadanía, señaló Dar.
La nueva normativa permite a las autoridades migratorias evaluar si algún miembro del hogar ha accedido a beneficios públicos, tales como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), el Programa de Seguro Médico Infantil (CHIP), Medicaid, el programa de asistencia para la vivienda “Sección 8” y otras redes de protección social.
“Así que, para muchos padres y familias, la gran preocupación es: ‘Tengo un hijo ciudadano estadounidense o un hijo que reúne los requisitos para recibir un servicio sujeto a pruebas de recursos económicos, y me preocupa que el hecho de que ellos utilicen ese beneficio afecte mi caso migratorio'”, comentó Dar.
Ausencia escolar
Según un informe de abril de 2026 publicado por la Universidad de Stanford, más de dos de cada tres padres encuestados en California (67%) expresaron su preocupación de que las actividades de control migratorio pudieran afectar la participación de sus familias en servicios de cuidado infantil. Los datos fueron similares entre los padres inmigrantes (71%) y los no inmigrantes (64%).
Aproximadamente uno de cada diez padres encuestados en California (9%) indicó que su hijo había faltado al menos un día a los servicios de cuidado infantil durante el mes anterior debido a preocupaciones sobre las medidas de control migratorio en su comunidad, según el informe.
Brown señaló que el hecho de que un niño reciba beneficios no puede determinar por sí solo la inelegibilidad para obtener la residencia permanente bajo la norma de la carga pública. Pero puede utilizarse como uno de varios factores dentro de una evaluación más integral.
Una versión anterior de la norma de la carga pública prohibía a los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional tomar en cuenta los beneficios utilizados por niños u otros familiares que no estuvieran solicitando un cambio de estatus migratorio. Esa protección ha desaparecido, afirmó Adriana Cadena, directora ejecutiva de la Protecting Immigrant Families Coalition.
‘Prejuicios de los agentes de inmigración’
“Esta segunda administración de Trump ha vuelto a utilizar la norma de la carga pública como arma para desestabilizar a las familias inmigrantes y empujarlas junto a sus hijos nacidos en Estados Unidos a una situación de privación”, afirmó Cadena. “Esto abre la puerta a que el proceso de obtención de la tarjeta de residencia se base en políticas partidistas e incluso en prejuicios personales de los agentes del DHS”.
“La verdadera amenaza que observamos es un intento de disuadir a las familias inmigrantes de acceder a beneficios. Esta nueva política de carga pública pretende obligar a las familias a elegir entre solicitar la tarjeta de residencia, ya sea ahora o en el futuro, y cubrir necesidades básicas esenciales, como la atención médica, la alimentación y el pago del alquiler. Y sabemos que las consecuencias son graves”, declaró Cadena.
California interviene
El estado de California está interviniendo, señaló Daniel Torres, director de equidad y asesor jurídico especial del Departamento de Salud y Servicios Humanos de California. Indicó que el estado planea difundir información a través de intermediarios de confianza, tales como organizaciones comunitarias, líderes religiosos, escuelas y personal del programa Mujeres, Bebés y Niños. California también busca vincular a las familias con servicios legales financiados por el estado.
“El mayor desafío es que el efecto disuasorio afecta a familias enteras, incluidos los ciudadanos estadounidenses que viven en hogares de estatus migratorio mixto”, afirmó. Torres mencionó el caso de una madre que recibe quimioterapia pero teme inscribirse en Medi-Cal, por miedo a repercutir en la elegibilidad de su familia para obtener la residencia permanente legal.
“La ambigüedad y la discrecionalidad de esta norma significan que cuando alguien obtiene una decisión desfavorable, puede no quedar claro qué factor motivó la negación. Podrían pasar años antes de que comprendamos realmente cómo se está aplicando esta regla”, dijo Torres.
Comunidad religiosa
La comunidad religiosa también está interviniendo para cubrir las necesidades de aquellas personas que han renunciado a recibir beneficios por temor a ser consideradas una carga pública, señaló Cheryl Branch, directora ejecutiva de Los Angeles Metropolitan Churches. “Ayudamos con el transporte para tratamientos de diálisis, el pago de copagos de medicamentos y la provisión de tensiómetros. También ofrecemos bancos de alimentos, programas de cocina y preparación de comidas en casa. La alimentación es una prioridad fundamental”.
La diáspora afroamericana a menudo queda fuera de las conversaciones sobre la norma de carga pública, aunque se ve igualmente afectada, afirmó Branch, destacando que aproximadamente el 22% de la población atendida por las iglesias de su red pertenece a comunidades de la diáspora. Entre ellas se incluyen inmigrantes de Nigeria, Belice, Etiopía, Jamaica, Haití, Sudamérica y Kenia.
“Para nosotros, el tema de la carga pública es una cuestión que afecta a la comunidad, no solo un asunto migratorio”, declaró Branch.
Varios de los ponentes animaron a las personas a consultar con abogados antes de renunciar a los beneficios. En el sitio web del Departamento de Servicios Sociales de California se encuentra disponible una lista de organizaciones sin fines de lucro capacitadas para brindar asistencia a las personas.
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