Los Ángeles, Cal.-La comunidad inmigrante no solo es de las más vulnerables por la pandemia, también lo sigue siendo en el tema de migración, al enfrentarse al menos a 400 cambios en el sistema durante la administración Trump.
La analista del Instituto de Políticas de Migración, Sarah Piecer dijo durante una videoconferencia organizada por Ethnic Media Services el pasado 7 de agosto, que la administración Trump desde enero del 2017 ha emitido todo un catálogo de cambios en la política de migración.
Siendo algunos de los cambios más significativos el de Public Charge (Carga Publica) que está en la ley pero nunca se ha aplicado, antes, y que restringe a los individuos si se sospecha que obtienen beneficios públicos.
Entre los más afectados dijo serían las personas mayores, mujeres y a gente de Centroamérica, indicó.
Pieces considera que con este cambio hay discriminación hacia los inmigrantes latinoamericanos y lo hacen para que no sean favorecidos.
La experta habló que bajo el título 42 de l Código de los Estados Unidos se ha bloqueado la migración en la frontera, porque se prohíbe la entrada de extranjeros si existe un grave peligro de entrada de enfermedades al país, comento al explicar que esta en línea con las directrices de los CDC (Centro para el control y prevención de enfermedades) que busca evitar la propagación del Covi-19.
Además dijo que ha habido 3 cambios grandes durante los tiempos de la pandemia, con la orden del 22 de abril que bloquear la migración por medio de una proclamación en el sentido de que restringe la entrada de individuos, miándose su actual efecto en lo que está pasando en la frontera sur, que impide la entrada de todo individuo que pide asilo.
“La gran mayoría de asilos se ha expulsado del país”, comentó Piecer autora del informe del Instituto de Políticas de Migración (MPI por sus siglas inglés), quien sostuvo que se está desmantelando el derecho de asilo.
Indicó también que se ha visto atacado la peticiones de familias en cadena, que afecta a parientes, padres y hermanos de cónyuges de ciudadanos e hijos de residentes legales.
Sobre la proclama del 22 de junio sostuvo que los trabajadores temporales de visa H-1Bs, Ha-2Bs, H-4s que son especializados, se están restringiendo su flujo, excepto los trabajadores agrícolas.
“Esos trabajadores son de tecnología y pueden tener un impacto muy significativo porque son gente que puede ayudar a mejorar mucho la tecnología,” sostuvo Kalpana Peddibhotla, de la firma legal Mathews Peddibhotla quien habló de los trabajadores con visa H-1B y L-1 que ingresan a los EE.UU.
Kalpana dijo que son cambios difícil de revertir y que al contario están dañando la economía, porque los inmigrantes no dañan la economía sino al contrario la hacen crecer.
Refiriéndose al Departamento de Seguridad Nacional, dijo que éste reconoce que los trabajadores extranjeros promueven la innovación. “ Los inmigrantes tienen el doble de posibilidades de iniciar un negocio que un local”, sostuvo.
“Argumentan que 525 mil empleos serán protegidos con estas acciones, pero hasta al momento a 167 mil personas se les ha negado la entrada”, comentó, al reconocer que por cada 100 empleos con visas H9 se producen 180 nuevos trabajos. Igual pasa con las visas H-1B.
La abogada quien de ha desempañado como miembro de la junta y líder de defensa de la AILA (Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración) capítulo del Valle de Santa Clara dijo que las proclamas se han hecho de forma rápida y obedecen a una agenda política.
Muchas de las normas de inmigración ya estaban antes en el papel, pero no se habían implementado como las está haciendo esta administración, lo que habla de su gran conocimiento en el tema de inmigración comentó por su parte Pierce.
La experta también consideró que los demócratas no han hecho nada respecto a las proclamas que no podrán revertirse aún cuando se den cambios en una nueva administración.
Por eso, Kalpana sostuvo que hay denuncias que incluyen a organizaciones civiles y de manufactura y cámaras de comercio de Estados Unidos contra los cambios, porque al impedir la entrada de inmigrantes se destruyen empleos.
Y aunque los trabajadores del campo no se han visto afectados, aún no hay nada para ellos en el tema de inmigración, comentó.
Lo mismo pasa con los que reciben DACA que desde su implementación en la administración de Obama en el 2017, no reciben nada y por el contrario fueron atacados con el memorándum del pasado 28 de junio del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
“Es un memorándum caprichoso y arbitrario”, dijo Ignacia Rodríguez, defensora del Centro Nacional de Leyes de Inmigración, al referir lo señalado por el Tribunal Superior de Justicia de la Nación en su dictamen final.
Pero el daño ya está hecho y en la propuesta se pide que se rechace DACA si no lo han solicitado previamente, por lo que 300 mil jóvenes llegados en su infancia se están viendo perjudicados.
Otro golpe dijo Rodríguez son las peticiones y en el caso de DACA es que su autorización será por un año y no por dos, por lo que la próxima vez que pidan su extensión será de 495 dólares por cada año, un aumento del doble.
Son cambios en la mitad de un gran problema de salud (Covid-19) y de economía. La capacidad de pagar las tarifas relacionadas con DACA han sido durante mucho tiempo un obstáculo para muchos beneficiados, consideró.
Además, comentó que las personas que pidan permiso de DACA y empleo, deben pasar por una decisión discrecional, así como medidas de inmigración.
Por ejemplo dijo que les preocupa que los oficiales tengan más discrecionalidad con los que entran a Estados Unidos y que tengan problemas de salud.
“Esto hace la vida más difícil a los inmigrantes y es por eso que el Congreso debe intervenir”, señaló al explicar que están abogando para que en el próximo paquete de alivio económico incluyan a las familias de estatus mixto, así como lograr una extensión automática de los beneficios de trabajo para los protegidos por DACA y del estatus de protección temporal (TPS).
para hacer la vida de las personas estables en la medida de lo posible.
“Seguimos presionando a miembros del Congreso que no ven la gran urgencia”, piensan que cada año pueden renovar (la Acción Diferida), pero tienen de desembolsar 495 dólares para su protección contra la deportación cada año.
La experta dijo que la renovación la tienen que hacer antes de que termine su período actual y tienen que consultar a un abogado para consultar si tienen derechos a ese estado u a otra forma más permanente.
Para Kalpan se seguirán viendo medidas antimigrantes en la medida que estamos en la precampaña electoral. “El Congreso no puede hacer todo lo que tiene qué hacer porque se sigue gobernando con las ordenes presidenciales” apuntó.
Por su lado Piece dijo que lo más fácil podría ser un próximo presidente demócrata que cambie su actitud en cuanto a migración, pero que no se ha oído hablar mucho de parte de ellos de ese tema al que renecesitaría muchos recursos y voluntad política.
Sarah Piercer, del MPI, Kalpana Peddibhotla, de la firma legal Mathews Pddibhotla e Ignacia Rodríguez, defensora del Centro Nacional de Leyes de Inmigración. (Iqz. a der.)
