Irma Vargas no sabe qué hubiera sido de ella, sus seis hermanos y su madre, si su padre al morir no hubiera dejado un edificio de apartamentos que, aunque modestamente, le dio para vivir a toda la familia.
“Lo apartamentos no dejaban mucho dinero, pero eso le ayudaba a mi mamá”, dijo Vargas, una empresaria que se dedica a rentar sus propios edificios.
Vivir de las rentas, sin embargo, podría ser cosa del pasado si se aprueba la Proposición 21, una iniciativa que pretende imponer un tope en el porcentaje que los arrendatarios pueden poner a las rentas de los nuevos inquilinos.
“Eso no le afecta a los que tienen 50 o más apartamentos, pero como yo, que tengo dos casitas y me quieren regular la renta, pues eso no está bien”, dijo Rubén Guerra, presidente de la Asociación de Empresarios Latinos, una organización que integra a unos 70 mil miembros en todo el país.
Los promotores de esta medida dicen que se necesita un control más rígido en las rentas para permitir que los inquilinos de medianos ingresos vivan a una distancia razonable del lugar donde trabajan. Y al mismo tiempo, busca evitar que los inquilinos de bajos ingresos se queden sin un lugar dónde vivir.
No obstante, aunque en apariencia parece haber una buena intención detrás, hay muchos aspectos de esta iniciativa que tienen a muchos con la ceja levantada.
Uno de los puntos más criticables es que esta medida no ataca de raíz el problema de la escasez de vivienda en el estado, y por el contrario, hará más difícil conseguir viviendas asequibles.
Y es que esta propuesta, al regular las rentas, hará a la industria del alquiler menos redituable, lo que desmotivará la construcción de edificios de apartamentos puesto que los inversionistas no verán un beneficio si el margen de ganancia no es atractivo.
También, bajo esta iniciativa, los propietarios de casas o apartamentos solo podrán aumentar la renta una sola vez en 15 por ciento, o en un lapso de tres años.
Para empresarias como Irma Vargas, la renta de apartamentos dejaría de ser redituable y provocaría que muchos empresarios dejaran Los Angeles para irse a invertir a otros lugares donde no haya ese tope en las rentas.
“Muchos arrendatarios trabajan para tener dinero para su futuro, para su retiro; con este tope ya no hay un incentivo para invertir”, dijo.
La proposición tampoco ofrece una protección a las personas de la tercera edad, a veteranos o a personas discapacitadas, tres de los grupos más vulnerables.
Asimismo, no considera la construcción de nuevas viviendas, no detiene los desalojos y tampoco ofrece una solución para el grave problema de los 150 mil desamparados que hay en California.
La mejor solución la puso en la mesa la legislatura, cuando aprobó una ley que debió haber entrado en vigor este enero, pero que debido a la pandemia no se ha puesto en marcha.
Esta regulación pone un tope de 5 por ciento a los aumentos en la renta, más la inflación en apartamentos de 15 años para atrás.
Es lo que California necesita. Nada más.
