No hace falta leer una auditoría de cien páginas para saber cuándo el dinero ha desaparecido. Es notable: en un turno de una clínica que se redujo, una clínica que cerró temprano, un programa que prometió ayuda y nunca la cumplió. La Proposición 41 está hecha para exigir rendición de cuentas, y merece un voto SÍ este noviembre.
Antes de que Sacramento pueda crear un nuevo impuesto especial para financiar un programa, el Auditor Estatal independiente debe primero revisar las finanzas de ese programa y evaluar qué tan probable es que funcione, antes de que se le pida a alguien que empiece a pagarlo. Una vez que el dinero empieza a moverse, el Auditor no desaparece. Sigue dando seguimiento al gasto, alerta sobre despilfarro y fraude, y publica sus hallazgos en lugares donde cualquier votante realmente pueda verlos, incluyendo la Guía Oficial de Información para Votantes del Estado. Nada de esto aumenta un impuesto ni cierra un programa. Simplemente asegura que un programa se gane el dinero antes de recibirlo, y que lo siga ganando después.
Eso no debería ser una idea controversial.
Sin embargo, el gasto de California ha crecido 79 por ciento desde 2019, y Los Ángeles no ha visto los resultados. Auditorías independientes ya han descubierto miles de millones de dólares en fraude y mal manejo, dinero que debió haber llegado a familias, clínicas y vecindarios, y que en cambio desapareció sin ninguna explicación de a dónde fue. Muchos de nuestros lectores trabajan largas horas en restaurantes, en la industria de la costura, en la construcción y en pequeños negocios que ellos mismos construyeron, y pagan impuestos cada año aun cuando no califican para los mismos beneficios que esos impuestos financian. Otros envían remesas construidas con años de ahorro cuidadoso, o pertenecen a comités de pueblo que exigen un reporte completo de cada peso gastado en un proyecto de agua o la reparación de una iglesia. Ninguno de ellos aceptaría que el dinero se manejara así. Sacramento tampoco debería poder hacerlo.
Cualquier ingreso fiscal recaudado más allá de lo que un programa realmente necesita, conforme al límite de gasto aprobado por los votantes del estado, tiene que devolverse a los contribuyentes que lo pagaron, en lugar de silenciosamente ser guardado en el fondo general. Un programa que le cobra de más al público no se debería quedar con la diferencia.
¿Quién está detrás de esto? Contadores públicos certificados. Asociaciones de pequeños negocios. Las Cámaras de Comercio Hispanas de California. Estos grupos apoyan la Prop 41 por la misma razón que la mayoría de nuestros lectores lo harían: la contabilidad honesta no es una postura política, es un mínimo indispensable, y no debería depender de quién esté gastando el dinero o quién lo esté pidiendo.
La Proposición 41 no va a arreglar todo lo que está mal en la forma en que California gasta el dinero. No va a deshacer el fraude que ya ocurrió ni a reconstruir la confianza que ya se perdió. Lo que sí va a hacer es asegurar que los votantes sepan qué hizo un programa con su dinero antes de que se les pida financiar el siguiente. Ese es un estándar mínimo, y uno que Sacramento debería cumplir siempre. Hacemos un llamado a votar SÍ por la Proposición 41 este noviembre.
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