El Censo de 2020 no está comenzando bien, con preparaciones decisivas ya demoradas o quedándose por el camino, en gran parte como resultado de la financiación inadecuada del Congreso.
Algunas de las organizaciones de derechos civiles más antiguas del país, mientras que temen lo peor, dicen que aún hay tiempo para que el Congreso y la Administración de Trump cambien el rumbo — pero la ventana se está “cerrando rápido”, según Vanita Gupta, presidenta ejecutiva de la Conferencia de Liderazgo sobre los Derechos Civiles y Humanos.
“Estamos cada vez más preocupados que la Administración y el Congreso no hayan priorizado apoyo para un censo justo y preciso, y que las decisiones imprudentes en los próximos meses erosionarán aún más la posibilidad [de éxito]”, dijo Gupta en una llamada de prensa nacional para los medios étnicos.
“Realmente hay demasiado en juego para ignorar la creciente amenaza a un censo satisfactorio”, dice. “Ser subestimado en el censo priva a las comunidades ya vulnerables de una representación justa y de recursos públicos y privados … La salud, el bienestar y el poder político de todas las comunidades diversas en América se basan en un recuento justo y preciso”.
Las consecuencias de un censo fallido se propagaría por el país afectando todo desde niveles de financiación para la educación y la salud pública hasta la redistribución de distritos y la aplicación de la Ley de derecho de voto. Los datos del censo se usan para asignar recursos para todo tipo de servicios en el país, desde hospitales hasta transportación.
“Un buen censo es una inversión sensata en todo lo que apreciamos de este país – una democracia representativa, oficiales elegidos y gobernantes que rinden cuentas al pueblo, e inversión comercial e industrial para impulsar el crecimiento económico, el buen empleo, e la innovación”, dice Terri Ann Lowenthal, antigua directora de plantilla del Subcomité de la Cámara de Censo y Población, y que ahora es consejera del Fondo de Educación de la Conferencia de Liderazgo.
Lowenthal dice que el Censo de 2020 se enfrenta a una “confluencia de factores sin precedentes” lo que equivale a “una tormenta perfecta”. John Thompson, antiguo director de la Oficina del Censo, dimitió en mayo de este año, y la agencia “se encuentra en un vacío de liderazgo en el momento en que se encuentra con decisiones fundamentales” sobre sus métodos y el uso de recursos”, según Gupta.
Además del nombramiento de un “candidato capacitado e imparcial para dirigir la Oficina del Censo”, Gupta dice que la agencia tiene una necesidad urgente de una financiación más adecuada.
Lowenthal dice que la financiación para el Censo de 2020 ha sido hasta ahora “insuficiente, incierta y frecuentemente ha llegado tarde”. Después del Censo de 2010, el Congreso estableció por primera vez un límite a los costos del censo. Se encomendó a la Oficina del Censo no gastar más en el Censo de 2020 de lo que gastó en el Censo de 2010; acto siguiente, dice Lowenthal, el Congreso “privó al censo en los proyectos de ley de financiación anuales durante gran parte de esta década”. Los legisladores después decidieron que el Censo de 2020, en efecto, recibirá menos financiación que el Censo de 2010.
El Congreso no asignó suficientes fondos en 2017, según Lowenthal, y ahora la Administración de Trump ha pedido mucho menos financiación en 2018 de lo que necesita la Oficina del Censo, dice. Tal como están las cosas ahora, habrá menos de la mitad de los encuestadores del censo temporales en el Censo de 2020 de los que hubo en 2010.
“La ventana de oportunidad para enderezar este barco se está cerrando rápidamente”, dice Lowenthal. Pero, dice, “el Congreso puede mostrar liderazgo ajustando hacia arriba los recortes en el presupuesto comenzando en el otoño durante los próximos tres años”.
La falta de financiación adecuada ya ha tenido consecuencias reales, dice Arturo Vargas, director ejecutivo del Fondo Educativo de la National Association of Latino Elected and Appointed Officials (NALEO).
La Oficina del Censo no completó un censo de prueba en español que se planeaba para Puerto Rico, y tampoco está probando ni implementando métodos para contar gente con más precisión en zonas remotas y rurales.
La agencia tampoco probará ciertas estrategias para divulgación y mensajería a nivel local para animar a la gente a que llenen sus formularios del censo, dice Vargas.
Las actividades de divulgación han llegado a ser decisivas entre algunas comunidades marginadas. “Sabemos que cada vez más existe un clima de miedo dentro de las comunidades de inmigrantes y hogares de inmigrantes”, dice, debido al ambiente político actual y un repunte en la retórica anti-inmigrante durante la Administración de Trump.
“Hemos visto a familias de inmigrantes elegir no participar en programas en los que tendrían cualquier tipo de contacto con el gobierno, incluyendo programas de salud y programas de almuerzos escolares”, dice Vargas. “Como resultado creemos que será aún más difícil animar a estas poblaciones de inmigrantes a participar” en el censo.
De hecho, son los grupos como “las personas de color, las familias de bajos ingresos, las personas discapacitadas e individuos de dominio limitado del inglés” que serían los más afectados por un censo que carezca de financiación suficiente, según John C. Yang, el director ejecutivo de Asian Americans Advancing Justice. “Cualquier brecha en estudios y cualquier brecha en el descubrimiento de deficiencias” en la metodología, dice, tendría el mayor impacto en estas comunidades.
