Hace casi treinta años, Juana Gutiérrez, residente de East Los Ángeles y madre de nueve niños, retó a un gigante del petróleo y ganó. Reconocida positivamente en su momento en los medios nacionales e internacionales, se la veía a Gutiérrez como en la vanguardia de un movimiento medioambiental “incipiente”, uno arraigado profundamente en las comunidades de color de California cada vez más numerosas.
Hoy en día ese movimiento incipiente ha alcanzado su plenitud en lo que rápidamente se está convirtiendo en la nueva corriente principal del activismo medioambiental del estado.
“Las cosas han cambiado, obviamente, no solo en los últimos pocos años, sino durante unos cuantos años”, dice Bruce Saito, jefe de California Conservation Corps. Como veterano de la comunidad medioambiental del estado, dice que, gracias al legado de Gutiérrez (que murió en 2004) y otros activistas, hoy más que nunca los líderes medioambientales de California están haciendo más hincapié en las necesidades del pueblo y las comunidades, en particular las regiones desatendidas.
Desde hace mucho, los votantes de color de California han sido los simpatizantes más apasionados de la legislación medioambiental. Sondeo tras sondeo se ha demostrado que el sentimiento pro-medioambiental entre las comunidades de color del estado supera al de los blancos. Y sin embargo, la narrativa predominante del activismo medioambiental ha seguido permaneciendo mayoritariamente un asunto blanco, con gente de color más que nada relegada a papeles secundarios.
Un artículo reciente se atrevió incluso a culpar “la blancura abrumadora” del ecologismo de la corriente principal de América por la falta de conexión con las comunidades de color, poniendo así en peligro los esfuerzos nacionales para atacar los efectos del cambio climático, particularmente en medio de la presidencia de Trump.
Pero Saito y otros defensores que trabajan en el campo dicen que en California, por lo menos, esa narrativa está comenzando a cambiar.
“Durante los últimos 100 años, las políticas [medioambientales] de California las ha dirigido un conjunto de partes interesadas…avanzando asuntos medioambientales por el bien del medioambiente”, dice Alfredo González, director de campaña del proyecto de ley Prop. 68, una medida propuesta para la emisión de bonos aprobada por los votantes en California el 5 de junio. “El liderazgo de hoy en día está transformando la narrativa para que sea tanto de la gente como de la naturaleza”.
González dice que la Prop. 68 es un buen ejemplo. Los co-autores de la Prop. 68 son Sen. Kevin de León (D-Los Ángeles) y Eduardo Garcia (D-Coachella), miembro de la Asamblea, y generará $4.1 billones para mejoras en la infraestructura de las aguas de California y los parques locales y del estado.
Pero centrándonos en el tema, dice González, la medida dirige específicamente hasta el 40 por ciento de los fondos a las comunidades más necesitadas que afrontan algunas de las peores dificultades económicas y medioambientales del estado. (Estas incluyen los más de un millón de residentes de California expuestos a agua contaminada, y siete ciudades de California identificadas entre las diez ciudades más contaminadas del país — ciudades del Sur de California y en el Valle Central donde la mayoría de los residentes son de color y de bajos ingresos.)
Es “día y noche”, dice Gonzalez, al comparar el lenguaje de la Prop. 68 con la legislación del pasado en la que las comunidades vulnerables permanecían al margen, si se mencionaban en lo más mínimo.
Una gran parte de los fondos de la Prop. 68 — $725 millones — irán hacia la expansión del acceso a espacio verde en zonas del estado pobres de parques, que se definen como comunidades con menos de tres acres de zonas verdes utilizables para parques por 100,000 residentes. Los estudios han demostrado que un mayor acceso al espacio verde puede tener un impacto beneficioso en la salud de los residentes y en la salud de la cuenca local, mitigando amenazas como aire y agua tóxicos, y a la vez reduciendo la posibilidad de inundaciones.
Más allá de estos beneficios, los simpatizantes de la Prop. 68 dicen que conectando a los residentes con la naturaleza donde dichas conexiones siguen limitadas puede ayudar a engendrar una nueva generación de activistas climáticos.
Interfaz urbana-rural
Ese es un punto clave para Belinda Faustinos, jefe de la organización sin ánimo de lucro, Nature for All. Faustinos ayudó a encabezar los esfuerzos que llevaron a la designación de monumento nacional a las montañas de San Gabriel de Los Ángeles en 2014. (Es una de unas cuantas designaciones de la administración anterior que el presidente Trump amenazó con revocar en 2017.)
Faustinos dice que la nueva dirección de la política medioambiental de California abre oportunidades para llevar recursos de conservación que hacían falta a las comunidades de zonas urbanas ignoradas en el pasado.
“Me acuerdo muy claramente de cuando comencé mi trabajo…reuniéndome con alguien de [la Agencia de recursos del estado], y literalmente me dijeron, ‘Pues, sabemos que debemos enviar dinero al Sur de California, pero sabemos que es un páramo'”.
Es una actitud que Faustinos dice que continúa encontrando entre los defensores y legisladores que ven a Los Ángeles como un terreno yermo sin vegetación.
Pero dice que esfuerzos en comunidades como el Sur de Los Ángeles, donde Faustinos presionó por financiar un proyecto que creó espacio verde en medio de una carretera principal, pueden ayudar a crear grupos de electores en base a asuntos de conservación una vez que las necesidades locales se aborden.
“Es una perspectiva muy diferente, el comprender y valorar su importancia en algunas de estas comunidades urbanas”, dice Faustinos. “Tenemos que valorar eso igual”.
Damon Nagami, director del Proyecto de ecosistemas del Sur de California del Natural Resources Defense Council, está de acuerdo. “Si estamos intentando conseguir que la próxima generación de medioambientalistas se comprometa a proteger la naturaleza, entonces tenemos que conocerlos donde estén”, dice.
‘No hay ganas de hacer las cosas a la antigua’
Nagami destaca que, en los primeros años del movimiento, organizaciones como la suya se centraban en “crear leyes medioambientales de fundamento. Todas esas eran cosas que se necesitaban en las etapas formativas del movimiento”. “Pero”, agrega, “hoy por hoy, estamos viendo más un enfoque en las comunidades y los impactos en las comunidades”.
Es un giro dramático desde la visión original de las mayores organizaciones medioambientales de la corriente principal– las “verdes grandes” — que durante muchos años dominaban las decisiones de las políticas de California, y que muy a menudo solían poner las necesidades de la naturaleza por delante.
Michelle Passero es consejera principal de políticas en The Nature Conservancy, una de las mayores organizaciones de conservación sin ánimo de lucro en California y el mundo. Ella dice que el cambio hacia las comunidades es algo en que ella y sus compañeros se han centrado.
“Definitivamente es un área activa de conversación y pensamiento para nosotros”, dice. “Sin duda, nuestras conversaciones se centran en el destino de las inversiones y en dar apoyo a las inversiones en particular a las comunidades más necesitadas”.
Como ejemplos, señala varios proyectos, incluyendo obras a lo largo del Río Los Ángeles y en el Condado de Merced, donde trabaja con un equipo que incluye grupos locales de justicia medioambiental para desarrollar herramientas que podrían ayudar a mitigar la que es una de las peores calidades de aire del país.
“Para mí, es parte de una evolución”, apunta Passero. “¿Cómo podemos abarcar una gama más amplia de asuntos y preocupaciones medioambientales que afectan a todas las comunidades?”
Aún así, la pregunta sigue siendo: ¿Qué significa esta evolución para el futuro de esfuerzos de conservación en el estado?
González, el director de campaña de la Prop. 68, advierte de que con el cambio de prioridades, los líderes en Sacramento pueden estar menos propensos a apoyar legislación solamente centrada en la protección de hábitats o especies, particularmente al empeorar el cambio climático las condiciones para residentes en regiones desatendidos.
“No hay muchas ganas de hacer las cosas a la antigua”, dice, “y eso puede ser un problema para los grupos de la corriente principal”.
Saito está de acuerdo con Passero, señalando que las grandes protectoras y financiadores son “muy conscientes de esta evolución, y están intentando hacer lo mejor que pueden” para ajustarse a la nueva realidad. Pero también hace hincapié en que las dificultades permanecen, incluyendo la necesidad de continuar involucrándose con diversas comunidades a largo plazo.
Señala el ejemplo de Vernon, en East Los Ángeles, donde Juana Gutiérrez luchó y al final ganó su batalla hace 30 años. Hoy la ciudad es la sede de una de las mayores limpiezas medioambientales de California, un esfuerzo intermitente para eliminar la contaminación de plomo dejada por una planta de reciclaje de baterías de Exide Technologies.
Actualmente está pendiente un pleito sobre el esfuerzo de limpieza.
“Hay que incluir a la gente y asegurarse de que estén comprometidos a largo plazo, no solo durante una campaña”, dice Saito. “Exide ha vuelto a Vernon, y eso nos recuerda que la lucha no se ha acabado”.
*Se produjo esta historia como parte del Laboratory for Environmental Narrative Strategies (LENS) 2018 Watershed Fellowship for Ethnic Media de UCLA.
