Hoy, el Tribunal Supremo de EE.UU. ha fallado por 5 a 4 en el caso Allen contra Milligan. El Tribunal confirmó la decisión de un tribunal inferior de anular un mapa del Congreso de Alabama porque discriminaba a los votantes negros en violación de la Sección 2 de la Ley del Derecho al Voto.
Michael Waldman, presidente y director general del Centro Brennan para la Justicia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York y autor de The Supermajority: How the Supreme Court Divided the Country (La supermayoría: cómo el Tribunal Supremo dividió al país), reaccionó así:
“La sentencia de hoy que reivindica los derechos de los votantes de Alabama es una gran victoria para los derechos civiles y una grata sorpresa. La Ley del Derecho al Voto es una de las leyes de derechos civiles más eficaces del país. Esta decisión garantizará que los votantes de color puedan seguir utilizando la Sección 2 para asegurar su igualdad de oportunidades para participar en las elecciones, en Alabama y en todo el país.
“En este caso, el Tribunal Supremo parece haber escuchado el clamor del público por sus fallos radicales. Todos deberíamos exigir decisiones de este tribunal que defiendan la democracia y hagan avanzar la justicia racial.”
Kareem Crayton, director senior del Programa de Democracia del Centro Brennan, tuvo esta reacción:
“La decisión de hoy afirma el apoyo del Congreso y los principios judiciales que dieron origen a la Sección 2 de la Ley de Derecho al Voto. Las comunidades de color en este país cada vez más diverso necesitan garantías en la ley de que su derecho a estar justamente representados en el gobierno puede venir de los tribunales si las legislaturas no cumplen la ley. A pesar de los esfuerzos del Tribunal de limitar el uso de litigios para hacer frente a los distritos discriminatorios, esta opinión refleja una aplicación plena de los precedentes – que afirma la opinión de un tribunal de distrito unánime.”
“No nos equivoquemos: la sentencia de hoy no nos sigue dejando con una herramienta de aplicación debilitada. Hace diez años, este tribunal puso fin a la parte más eficaz de la legislación, la preclearance, y en 2021, hizo muy difícil utilizar la Sección 2 para impugnar las normas de votación racialmente discriminatorias”.
“El Congreso puede y debe intervenir para proteger el acceso justo al voto y la representación para todos. Nuestros legisladores deben aprobar la John R. Lewis Voting Rights Advancement Act y la Freedom to Vote Act”.
