Lo que debe saber: En las últimas semanas, la administración Trump ha intensificado sus ataques contra los funcionarios electorales y el proceso electoral, llegando incluso a amenazar con procesos penales a quienes cumplan con las leyes federales y estatales. Ante estos ataques a nuestra democracia, el gobernador Newsom envió una carta a los jueces presidentes de los cuatro tribunales de distrito federales en California, señalando recursos para evaluar las solicitudes de órdenes de registro relacionadas con material electoral, con el fin de garantizar que se preserve la integridad de las elecciones en California.
SACRAMENTO — A medida que la administración Trump intensifica sus amenazas de interferir en las elecciones del martes, el gobernador Gavin Newsom envió hoy una carta a los jueces presidentes de los cuatro tribunales de distrito federales en California. En dicha misiva, el gobernador destaca recursos jurídicos expertos y apartidistas —a disposición de los jueces federales en todo el estado— para evaluar las solicitudes de órdenes de registro que busquen obtener material electoral, ayudando así a asegurar que se mantenga la integridad de los comicios en California.
Lea la carta del gobernador:
Les escribo para alertarles sobre el riesgo que supone para la integridad electoral el hecho de que los jueces emitan órdenes de registro para incautar boletas, registros electorales o tecnología de votación certificada mientras el proceso electoral está en curso y antes de que los resultados hayan sido certificados. No escribo en relación con ninguna solicitud de orden judicial que esté actualmente pendiente ante sus tribunales, ya que no tengo conocimiento de que exista ningún asunto de este tipo en este momento.
En las últimas semanas, el fiscal general adjunto interino, Trent McCotter —el segundo funcionario de mayor rango en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos—, envió cartas a funcionarios electorales estatales y locales advirtiéndoles sobre los posibles riesgos legales que enfrentarían si no acataban las exigencias del gobierno federal. Bilal Essayli, primer fiscal adjunto de los Estados Unidos para el Distrito Central de California, ha amenazado explícitamente, a través de publicaciones en redes sociales, con iniciar procesos penales contra aquellos funcionarios electorales que procesen boletas emitidas por personas que, según afirma Estados Unidos, podrían no ser ciudadanos.
Estas amenazas de procesamiento penal contra funcionarios electorales —por el simple hecho de realizar su trabajo y cumplir con las leyes electorales federales y estatales— han ido acompañadas de citaciones de un gran jurado federal dirigidas a trabajadores electorales del condado de Los Ángeles. Informes recientes sugieren que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha redoblado sus esfuerzos para llevar a cabo investigaciones penales contra funcionarios electorales estatales y locales que no acataron las exigencias del gobierno federal. Esto ocurre a pesar de que el juez David O. Carter, quien preside el caso *Estados Unidos contra California*, advirtió que «sería prudente que cesaran de inmediato las amenazas contra los empleados electos a nivel estatal y de condado».
Las estrictas leyes de California sobre la cadena de custodia, la documentación y la conservación de las papeletas y el material electoral garantizan que cualquier prueba de una presunta irregularidad relacionada con dichos elementos sea preservada y supervisada adecuadamente por un tribunal. Por lo tanto, no existe ninguna razón legítima, desde el punto de vista de las fuerzas del orden, para incautar papeletas, material electoral o los equipos necesarios para su procesamiento y escrutinio. De hecho, la única razón para hacerlo sería interferir en el proceso legal de un estado para el recuento de votos y la certificación de los resultados electorales.
Dada la persistencia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en promover esta teoría infundada de responsabilidad penal, me preocupa profundamente que los agentes federales soliciten órdenes de registro para incautar papeletas y material electoral antes de que se certifiquen los resultados de las elecciones. Las tácticas y la retórica empleadas por los funcionarios federales sugieren claramente que, tras haber sufrido repetidas derrotas en los procedimientos civiles federales hasta la fecha, optarán rápidamente por recurrir al ámbito penal. El uso del Departamento de Justicia de los Estados Unidos como arma —un hecho bien documentado— al servicio de los intereses partidistas y personales del actual presidente, respalda la legítima preocupación de que se produzcan nuevos intentos de privar a los votantes de sus derechos y socavar la integridad electoral; esto incluye, incluso, el posible intento de impedir la certificación de unos resultados que, según encuestas recientes, provocarían un cambio en el control de al menos una de las cámaras del Congreso. Por consiguiente, adjunto un recurso para la evaluación de órdenes de registro relacionadas con material electoral —titulado «Preguntas para evaluar una orden de registro de material electoral» (septiembre de 2026), elaborado por el Centro Edley sobre Derecho y Democracia de la Universidad de California, Berkeley—, el cual podría resultar de interés y utilidad para todos los jueces magistrados y jueces de distrito que deban examinar solicitudes de órdenes de registro desde este momento hasta la certificación de los resultados electorales de California, prevista para el 11 de diciembre de 2026.
Lo que está en juego para la democracia y el estado de derecho es demasiado importante como para abordar tales solicitudes sin un escrutinio riguroso y sin ser plenamente conscientes de las repercusiones que su aprobación podría tener en la capacidad de los funcionarios electorales de California para cumplir con su deber de contabilizar los votos emitidos legalmente y certificar unos resultados que reflejen la voluntad popular.
La carta se puede leer completa aquí.
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