- Devastación en la economía del país si hay deportaciones masivas, lo que no sería bueno para el país dado que los votantes votaron por la economía, expertos
- La mayoría de las deportaciones estima el Instituto de Política Migratoria (MPI) serían de personas que tienen asuntos que tienen que ver con la ley
Los Ángeles, Cal.- El plan del presidente electo Donald Trump para deportación masiva de inmigrantes es para intimidar porque deportar a millones es casi imposible, no ayudaría al país y no hay capacidad para poder llevarlo a cabo; pero tendría un impacto en el miedo para las personas que pretenden llegar y para esconderse de las que ya están dentro.
Lo anterior fue manifestado por Greg Chen de Relaciones Gubernamentales de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA por sus siglas en inglés) y quien estuvo junto con otros expertos hablando de las posibles consecuencias con la puesta en marcha del plan Trump en migración, en la video conferencia organizada por Ethnic Media Services el pasado viernes 15 de noviembre.
Por su parte Jeremy Robbins, Director Ejecutivo del Consejo Americano de Inmigración dijo que las deportaciones no son fáciles de hacer y que algunas personas al devolverlas no son aceptados por sus países.
“Se necesitaría del Departamento de Seguridad Nacional y no tienen la capacidad, no están donde están las personas y es caro. Necesita mucha gente que ahora mismo no cuenta. La capacidad es de 50 mil y se habla de 13 millones de detenciones. Se necesita construir instalaciones y los tribunales están atrasados con un millón de casos. Esto costaría 315 mil millones”.
Dijo que si se intenta deportar a un millón de personas estiman que el costo sería de 88 mil millones de dólares.
En tanto Julia Gelatt, Directora Asociada del Programa de Política de Inmigración en EE.UU de la organización Migration Policy Institute (MPI) dijo que al amenazar con la deportación por año a 1 millón de personas se necesitan recursos, instalaciones de detención, autobuses y aviones.
Y aunque Trump puede usar el proceso de remoción rápida, dijo que es difícil poder llevar a cabo eso. El pasado lunes 18 de noviembre el presidente electo Donald Trump confirmó que declararía una emergencia nacional para usar recursos militares para cumplir su promesa de deportaciones masivas.
Gelatt considera que la mayor parte de las deportaciones será de la gente que tienen asuntos con la ley, ya sea por manejar sin licencia o cometer un crimen. Y que las fuerzas policiales cooperaran con la Migra y ICE, en mayor medida en estados rojos (republicanos) que se alinean a políticas con el gobierno federal y en menor grado en estados azules (demócratas) donde las políticas no son cooperativas.
Chen abundó que el factor de intimidación y agregar miedo a las comunidades sería constante y que hay preocupaciones legítimas de los abogados por el actuar de las fuerzas policiales y de la guardia nacional que no están entrenados en leyes de migración y que resultarían en violaciones de requerimientos legales.
Además de que la vigilancia de las fuerzas de la ley se implementarían con lo que se necesitarían mas recursos.
“Biden implementó de manera masiva la migra y la patrulla fronteriza; y son agresivos, pero no tienen muchas personas y es limitado”, consideró.
El experto comentó que la agricultura y los negocios serían devastados y no sería bueno para el país, debido a que el tema de la economía es lo más importante para los votantes.
Lo mismo opina Robbins que el impacto sería terrible en la economía estimando que el 4% de la fuerza laboral tendría una repercusión en 4.2 mil billones de dólares, lo que puede conducir a una gran recesión.
Al contrario comentó que en 2013 se intentó firmar una ley de migración como un camino hacia la ciudadanía, descubriendo que 900 billones de dólares mejoraría la economía en 20 años porque la gente pagaría altos impuestos.
Las deportaciones masivas en redadas en hogares y lugares de trabajo tendría efecto en la comunidad también en lo emocional y psicológico, dijo por su parte Liz Taufa, abogada y estratega política del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes (ILRC).
“El gobierno no tienen los recursos, pero el miedo y la intimidación funcionó en la campaña y tendría no solo impacto en lo económico sino en distintos sectores como la familia, la iglesia, trabajos y las escuelas, porque los niños va a ir a las escuelas y habrá escasez de trabajadores en donde una gran mayoría de maestros están acogidos en programas como TPS y Daca. Afectará a las comunidades rurales y las suburbanas mucho mas fuerte”, comentó Taufa.
Respecto a la migración legal, dijo que durante los últimos años se han visto cambios en cuanto a los que buscan asilo en la frontera y que se necesita cita para pedir asilo y si no tienen una no pueden entrar y la gente se queda en México.
Gelatt dice que la gente que trata de entrar tienen dificultades para calificar y que bajo Trump las excepciones se remueven y será difícil el procedimiento de asilo por citas porque se van a terminar.
“Lo que hemos visto es que las personas paguen a coyotes para entrar al país en vez de esperar. Y para las personas del mundo es el peor momento para buscar asilo y mucho menos gente va intentar el viaje solo por la retórica”.
“Lo que va decir Trump es que son una amenaza al país y que son criminales y terroristas”, agregó Chen para quien la Corte Suprema bloquearía a las personas de los países que vienen, por su aspecto y lengua, lo que tienen una preocupación en raza, etnicidad, que violaría la ley.
Taufa dice que lo distinto de Biden que daba prioridad enumeradas para aplicar las leyes para deportación ahora con Trump cualquiera puede ser un blanco.
Las consecuencias serían dramáticas para los que buscan visas familiares y de empleo. “Durante las pasada administración había demoras en procesar un caso de 3 a 6 meses, cuando se pedía a un familiar, y más tiempo para los empleados”, dijo Chen.
Para Gelatt, tenemos un país envejeciendo y los nuevos empleados que se incorporan serán insuficientes para crecer la fuerza laboral.
“Necesitamos fuerza migrante”, afirmó al explicar que los empleadores dependen de los inmigrantes y que tal vez cierren sus operaciones o las achiquen porque los trabajadores americanos no completaran la fuerza laboral.
“Tenemos muchas personas con protecciones legales, y son movidos estos programas puede destruir a los empleadores americanos, si es que los empleados pierden sus autorizaciones de inmigración, y eso es terrible”, abundó Gelatt.
Chen dice que más allá de que emplear a personas indocumentadas es una actividad ilegal, los empleadores tienen que protegerlos porque si no se crearía un caos no solo en las comunidades sino en los negocios.
Robbins, añadió que el déficit de carencia si se implementan las políticas migratorias incrementaría la inflación y tendría impacto en el trabajo creando una tormenta tremenda para los consumidores americanos.
Antes el experto dijo que se pueden aprobar leyes para poner límites a programas migratorios debido al control de los republicanos en las dos cámaras (senado y representantes) para hacer mas difícil una petición del empleador. “No dicen que la van a cerrar, pero será mas difícil”, advirtió.
Gelatt también confirmó los desafíos legales que enfrentarían los que tienen visas de trabajo, ya que Trump inició cambios en su pasada administración que no pasaron por los procedimientos, pero que ahora dijo han aprendido que los cambios se tienen que hacer por medio de un proceso regulatorio.
En estados donde se lleva a cabo políticas antimigrantes como Florida y Iowa dijo que el gobierno de Trump no luchará contra leyes hostiles para los indocumentados y en contra parte en estados amigables, les retirarían los fondos federales y éstos tendrían que poner dinero para ayudar a los inmigrantes.
Los expertos prevén también demoras en la renovación de las residencias y que la gente no aplique para la ciudadanía por tener miedo.
La administración Biden tienen dos meses para finalizar regulaciones que ya están caminando para hacer mas difícil que un juez haga una deportación a una persona que no tenga un abogado para su defensa, dijo Chen. Pero esas regulaciones caminan contra reloj.
Greg Chen de Relaciones Gubernamentales de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA por sus siglas en inglés) (izq.) y Jeremy Robbins, Director Ejecutivo del Consejo Americano de Inmigración (der.).
Julia Gelatt, Directora Asociada del Programa de Política de Inmigración en EE.UU de la organización Migration Policy Institute (MPI por sus siglas en inglés) (izq.) y Liz Taufa, abogada y estratega política del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes (ILRC por sus siglas en inglés). (der.)
