En teoría, la Proposición 23 busca mejorar las condiciones de los pacientes de diálisis. En la práctica, las personas que reciben transfusiones y los médicos a cargo de estas clínicas, creen que esta iniciativa no tiene nada que ver con el tema de la salud.
El hecho de que sea la segunda vez que se proponga una medida similar en las elecciones generales debe despertar sospechas, dijo el doctor Édgar Vera, nefrólogo y director médico de las clínicas de diálisis DaVita en las ciudades de Hesperia y Victorville.
“¿Por qué cada vez que hay elecciones se propone algo que tiene que ver con los pacientes de diálisis?”, se cuestionó el médico, que está a cargo de supervisar cuatro clínicas de diálisis.
La razón tiene que ver con intereses externos a estos centros, dijo el especialista.
Esos intereses están relacionados con el Service Employees International Union-United Healthcare Workers West, sindicato que representa a más de 95 mil trabajadores del cuidado de la salud en California.
Esta organización ha tratado por años –sin éxito– de afiliar a los empleados de las 600 clínicas de diálisis que existen en el estado, y que atienden a los 80 mil pacientes que dependen de estos tratamientos para sobrevivir.
Ángel de los Santos, uno de estos pacientes, está convencido de que lo que menos le importa a los promotores de esta medida es la salud de las personas como él, que tienen que asistir a los centros de diálisis tres veces por semana.
“Nos entristece que el dolor tan grande que tenemos sea usado para fines políticos”, dijo. “Y que incluso podamos perder el servicio que necesitamos para sobrevivir”.
La medida, que estará en la boleta de las elecciones del 3 de noviembre, pretende que las clínicas de diálisis del estado cuenten con un médico con licencia durante todos los tratamientos de diálisis.
Actualmente, por regulación federal, se requiere que un director médico supervise cada clínica de diálisis, pero no es necesario que estén físicamente presentes cuando están abiertas.
El doctor Vera dijo que estos centros están estrictamente regulados por las autoridades estatales y federales. Además, cada paciente en California está bajo el cuidado de su propio médico nefrólogo, o especialista en los riñones, y los tratamientos de diálisis son administrados y supervisados por enfermeras registradas y técnicos de diálisis especialmente capacitados.
Las personas que padecen de fallas renales dependen de una máquina de diálisis para filtrar las toxinas y eliminar el exceso de fluidos de la sangre cuando sus riñones ya no pueden hacer ese trabajo. El tratamiento toma hasta cuatro horas al menos tres veces a la semana. Perder uno solo de estos tratamientos incrementa en 30 por ciento el riesgo de muerte del paciente.
Asignar un médico a cada clínica, además de innecesario, es costoso puesto que un solo doctor sería insuficiente para cada centro considerando que estos lugares operan seis días a la semana alrededor de trece horas diarias.
La aprobación de la medida supondría el cierre de muchas clínicas de diálisis debido a que se enfrentarían a costos de operación más altos. Un estudio del Berkeley Research Group determinó que las regulaciones burocráticas que implica la Proposición 23 incrementarían los costos del cuidado de salud para los californianos en 320 millones de dólares cada año.
“Muchas clínicas no podrían seguir operando porque están en áreas de bajos recursos”, dijo el doctor Vera. “Y eso pondría en riesgo a los pacientes más vulnerables que dependen de estos tratamientos para sobrevivir”.
